Hace un año, en junio de 2022, el sindicato CCOO presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo por las temperaturas extremas a las que trabajaba el profesorado y a las que estudiaba el alumnado madrileño. Algunos de sus delegados sindicales llegaron a poner el termómetro en las aulas, viendo cómo el mercurio oscilaba, en algunos casos, entre los 29 y los 36 grados centígrados. Sin embargo, el problema no se circunscribía solo a esta comunidad. Ni tampoco a un episodio aislado. La ola de calor de la última semana de abril, que según algunos meteorólogos sólo ocurre una vez cada 150 ó 200 años, hizo saltar todas las alarmas en los últimos días. Por eso la mayoría de autonomías cogieron el testigo y pusieron en marcha diferentes planes para paliar los efectos del calor dentro de las aulas. El problema, según sindicatos, asociaciones de padres y madres y ecologistas, es que no son suficientes. Son, dicen, soluciones "de urgencia" que quedan cojas. Sobre todo si no se tiene en cuenta que el verano, a partir de ahora, llegará antes y, además, se marchará más tarde.
Un estudio publicado en los últimos días ha revelado que el 85% del alumnado de nuestro país ha tenido que refrescarse o echar mano de ventiladores para poder soportar el calor en clase, algo que afecta de manera directa a su rendimiento, además de a su salud. El informe lo elaboró el movimiento Escuelas Renovadas, que cuenta con el apoyo de organizaciones como Ecodes, Aldeas Infantiles, Revuelta Escolar o Teachers for Future. Según sus datos, tan sólo el 16% del tiempo que los estudiantes y los profesores pasan en las escuelas se encuentran en condiciones adecuadas de confort. Piden, por ello, que en 2040 todas las escuelas de nuestro país puedan "garantizar unas condiciones que protejan la salud y el bienestar del alumnado y el profesorado". Según advierten, por ahora no se ha tomado el camino correcto.
Dos meses después de que saliera a la luz la denuncia de CCOO, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, anunció que su departamento estaba preparando un plan de "adaptación climatológica" para los colegios al que se iban a destinar más de 200 millones de euros que se acordarían con las autonomías una vez se hubieran aprobado los Presupuestos Generales del Estado para 2023. El objetivo no era sólo para el verano, sino también para el invierno. Sin embargo, desde el primer momento los sindicatos consideraron esta partida "insuficiente" y a día de hoy ni siquiera se sabe con exactitud si ese dinero ha llegado a los centros o no. "En su día, ya consideramos insuficientes los 200 millones que el Ministerio anunció para la adaptación climática de los centros educativos. Por el momento, desconocemos el uso que se ha hecho de la partida presupuestaria y creemos que, vista la realidad, las medidas tomadas hasta el momento se han revelado insuficientes", critica Maribel Loranca, responsable de Enseñanza de FeSP-UGT.
Preguntado por esta cuestión, el departamento de Alegría indica a infoLibre que "los fondos se están gestionando a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ya que pertenecen a dos programas para la rehabilitación de edificios públicos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con un presupuesto total de 1.080 millones de euros". "Tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos pueden solicitarlos para la adaptación climatológica de todo tipo de edificios públicos, entre los que figuran los centros educativos", añaden las mismas fuentes, que apuntan desconocer "exactamente" quién ha solicitado estas ayudas. infoLibre se puso en contacto también con el departamento de Raquel Sánchez, pero por el momento no ha obtenido respuesta.
En cualquier caso, y además de fondos, los sindicatos también exigen que sea Educación quien lidere y coordine las medidas que las escuelas públicas de todo el país deben llevar a cabo para paliar el problema, que será creciente. "Necesitamos protocolos. Igual que se hicieron con la pandemia se pueden hacer ahora. Es urgente un plan organizado que luego adapten las comunidades", dice Encarnación Pizarro, secretaria de salud laboral, medioambiente y formación para el empleo de la Federación de Enseñanza de CCOO.
Adaptación de los horarios y clases en los patios
Por ahora, critican, cada autonomía toma sus propias decisiones. Y muchas, además, no están siendo acertadas. Una de las últimas ha sido Madrid, que el pasado 24 de abril lanzó un plan especial frente a episodios de calor que recomendaba, por ejemplo, la adaptación de las clases en colegios e institutos y la impartición de algunas materias fuera del aula y a la sombra. Además, abría la posibilidad de hacer cambios en las actividades físicas, cambiando las horas de realización, evitando el ejercicio intenso y extremando las salidas al patio en las franjas más calurosas del día, revisando también las actividades complementarias y extraescolares para evitar que se hagan en lugares expuestos al sol.
En esta misma línea, Murcia, Andalucía y Baleares también contemplan permisos a sus centros públicos para adelantar el final de la jornada y para evitar la impartición de clases de Educación Física en el exterior en los momentos de excesivo calor. Por su parte, según informan fuentes de las consejerías de Educación de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura a infoLibre, estas autonomías también han adoptado planes que contemplan la adaptación del horario lectivo.
Pero esto no convence a los padres y madres. "Lo que están haciendo es no resolver el problema y trasladarlo a las familias", denuncia Yetta Aguado, portavoz de Revuelta Escolar, que pone en el foco los problemas de conciliación que podrían generar estos cambios en el horario lectivo. "Nos produce desazón porque al final esto son improvisaciones", dice. Medidas, además, que ni siquiera funcionan. "¿Cómo se van a dar clases en el patio? En la mayoría no hay sombras", añade. Y dispara ahí a la diana de lo que piden organizaciones ecologistas y de lo que prometió el Ministerio.
"Hay que huir de las soluciones de urgencia. Lo que hay que buscar son medidas estructurales, sobre todo viendo que este problema se está acrecentando año a año", dice Cecilia Foronda, responsable de Energía y Personas de Ecodes. Como parte de la plataforma Escuelas Renovadas, lo que solicita es que los programas de rehabilitación de edificios públicos prioricen la mejora de los centros educativos de primaria y secundaria, reservando un 30% de los fondos a este fin. También, la renovación integral del 6% anual de la superficie construida y climatizada de las administraciones autonómicas y locales destinadas a centros educativos con criterios de sostenibilidad, estética e inclusión y la integración de energías limpias en el 100% de las renovaciones de los centros. "Todo esto hay que hacerlo, además, a través de proyectos participativos", añade.
Aguado menciona, también, la necesidad de "revegetación" de los entornos escolares. Revuelta Escolar, de hecho, es un movimiento que lucha por unos espacios con menos tráfico y menos contaminación, algo que, dice la portavoz de la plataforma, incide también directamente en la temperatura. "Necesitamos también suelos permeables y que el agua y la sombra esté presente. Pero todo esto tiene que ser parte de una intervención global ordenada y diseñada. No vale improvisar y poner un toldo", critica.
Los padres y madres están de acuerdo. María Capellan, presidenta de la Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa), lamenta que no tiene ningún sentido que la mayoría de edificios de la administración pública no tengan este problema y sí lo sufran los colegios. "Hasta ahora tampoco se había puesto en cuestión, porque antes de que llegara la crisis climática, que es cuando se construyeron la mayoría de centros, las clases terminaban justo cuando empezaba a apretar el calor, pero eso ahora ha cambiado", dice.
Según el informe de Escuelas Renovadas, el 87% del profesorado y del personal directivo de las escuelas afirma que trabaja en un edificio con una antigüedad superior a los 25 años, lo que implica que el aislamiento térmico es mejorable o muy mejorable.
Promesas de nuevos planes
En cualquier caso, hay algunas autonomías que, más allá de las soluciones "de urgencia", también han presentado otros planes. El problema es que no se haya hecho antes y no esté ni coordinado ni organizado, algo que provoca que estos planes no existan en toda España y que cada uno acometa las actuaciones que considera y como considera.
La Comunitat Valenciana, en este sentido, ha tomado la delantera. Según informa su Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, desde hace años considera la adaptación climatológica para los centros de nueva construcción y para aquellos en obras. Entre otras cosas, se intenta garantizar una adecuada orientación del edificio, optimizar las características de aislamiento o proteger las zonas de más sol. Además, también plantean la instalación de equipos generadores de frío y de calor y de equipos que garanticen los niveles adecuados de ventilación y calidad de aire interior. "Estas instrucciones se han aplicado a todos los efectos en el diseño de los 102 centros educativos de nueva construcción ejecutados desde 2015 hasta ahora y en todos los que están en obras y los que están planificados", explican las mismas fuentes. "La adaptación climatológica de nuestras infraestructuras educativas ha sido y es una prioridad absoluta. Nuestro objetivo es que todas sean eficientes desde el punto de vista energético", añaden.
El 85% de los alumnos españoles han tenido que usar ventiladores durante las clases debido al calor
Andalucía, por su parte, informa de que ha instalado refrigeración y placas solares en 430 centros ubicados "en zonas de severidad climática", una acción para la que ha invertido 140 millones. Madrid, indican desde la Consejería de Educación, afirma haber destinado 2,6 millones en 80 actuaciones y promete acometer, entre lo que queda de este año y 2024, otras 35. La previsión, detallan las mismas fuentes, es que se inviertan 38,2 millones.
El conseller de Educación de la Generalitat de Cataluña, Josep Gonzàlez-Cambray, anunció esta misma semana la instalación de aparatos de aire acondicionado en 100 centros, una medida similar a la adoptada en Baleares, donde el curso pasado 60 centros pidieron ayudas a la climatización con una inversión aproximada de 300.000 euros. Este año, indican fuentes de su Gobierno, se llevará a cabo un "plan de climatización".
El Ministerio de Educación, según informó la semana pasada Europa Press, no convocará una Conferencia Sectorial para abordar las medidas de los colegios porque, dicen, la competencia es autonómica.
Hace un año, en junio de 2022, el sindicato CCOO presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo por las temperaturas extremas a las que trabajaba el profesorado y a las que estudiaba el alumnado madrileño. Algunos de sus delegados sindicales llegaron a poner el termómetro en las aulas, viendo cómo el mercurio oscilaba, en algunos casos, entre los 29 y los 36 grados centígrados. Sin embargo, el problema no se circunscribía solo a esta comunidad. Ni tampoco a un episodio aislado. La ola de calor de la última semana de abril, que según algunos meteorólogos sólo ocurre una vez cada 150 ó 200 años, hizo saltar todas las alarmas en los últimos días. Por eso la mayoría de autonomías cogieron el testigo y pusieron en marcha diferentes planes para paliar los efectos del calor dentro de las aulas. El problema, según sindicatos, asociaciones de padres y madres y ecologistas, es que no son suficientes. Son, dicen, soluciones "de urgencia" que quedan cojas. Sobre todo si no se tiene en cuenta que el verano, a partir de ahora, llegará antes y, además, se marchará más tarde.