La vivienda se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza en España. Lo asumen gran parte de los partidos políticos, que en sus últimos programas electorales no han dudado en reservar un espacio privilegiado para este asunto. Lo reconoce la Sociedad de Tasación, cuyo consejero delegado, Juan Fernández-Aceytuno, ha deslizado por activa y por pasiva que “estamos ante una crisis”. Y lo sufren los españoles, que cada vez tienen más difícil afrontar la compra o, incluso, el alquiler de una casa. Según el último barómetro electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas, correspondiente al mes de junio y hecho público este jueves, un 4% de los encuestados sitúan el acceso a la vivienda como uno de los principales problemas del país. La cifra es baja, sobre todo si se compara con el paro, los políticos o la corrupción y el fraude, los tres asuntos que más preocupan a los ciudadanos. Sin embargo, supone un ligero crecimiento respecto a los datos de hace cinco años. En 2014, solo un 1,6% de los encuestados situaban la vivienda como uno de los mayores problemas de España.
La última encuesta del CIS ha decidido aprovechar este incremento de la preocupación para incluir varias preguntas sobre esta cuestión. Y los datos son bastante reveladores. El 18,4% de los españoles vive en la actualidad de alquiler, frente al 80,1% que lo hace en una casa propia. Esta cifra refleja un aumento progresivo de la tendencia, pues hace una década el dato del alquiler se movía alrededor del 14%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La principal razón que les ha llevado a convertirse en inquilinos y no en propietarios ha sido, por supuesto, la falta de ingresos suficientes como para poder afrontar el pago de una casa, aunque los encuestados también señalaron como segunda razón principal el hecho de que es una “solución temporal” hasta que se aventuren en la adquisición de una vivienda. Porque la mayor parte de los sondeados –81,8%– no dudaron en señalar que su preferencia es tener una casa propia. Eso sí, más del 85% de los que están de alquiler no tienen pensado meterse en una compra en el próximo año.
Con estos problemas sobre la mesa, una amplísima mayoría de los españoles –90,2%– sostienen que el Gobierno debe hacer todo lo que esté en sus manos para proteger el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna. Es algo que está recogido en el artículo 47 de la Constitución Española: “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Sin embargo, tal y como puso de manifiesto Cáritas en su VIII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, “una vivienda digna se está convirtiendo en un derecho humano inaccesible”. Y para intentar garantizarlo, la mayoría de los encuestados apuesta por la construcción de más viviendas sociales y por la limitación del precio de los alquileres, que ha mantenido una escalada constante en los últimos años.
Freno al descontrol en las rentas
El sondeo elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas refleja que casi cuatro de cada diez españoles están a favor de pinchar por ley la burbuja de los alquileres. Así, el 37,7% de los encuestados considera que es necesario desarrollar en España una política de limitación de precios que ponga fin al incremento permanente de la factura de los arrendamientos. Esta ha sido una de las batallas en materia de vivienda que durante la pasada legislatura dio Podemos, que en su programa electoral para las generales del pasado mes de abril recogía la propuesta de “intervenir el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de precios y garantizar un alquiler estable y seguro para personas inquilinas y pequeñas propietarias”. Para ello, la formación liderada por Pablo Iglesias proponía establecer “mecanismos de control y regulación de los precios” mediante la “creación de índices de precios de referencia adaptados a las realidades locales”, dando libertad a los ayuntamientos para intervenir.
El objetivo de esta medida era evitar que las familias destinasen más de un 30% de sus ingresos al pago de las rentas –en Madrid se dedica casi la mitad del sueldo–. El pasado mes de octubre, el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió con Unidas Podemos a modificar la normativa del mercado inmobiliario para facultar a comunidades autónomas y ayuntamientos a “poner techo a las subidas abusivas del precio del alquiler” en las zonas “tensionadas”, es decir, en aquellos lugares donde el incremento es excesivo. Así, a cambio de que el partido morado respaldase los Presupuestos Generales del Estado, el Ejecutivo socialista aceptó el desarrollo de índices oficiales de precios de alquileres. Pero el Gobierno finalmente no incluyó este aspecto en el decreto ley sobre alquileres que presentó ante el Congreso de los Diputados el pasado mes de enero, lo que llevó a Unidas Podemos a tumbarlo en la Cámara Baja. Mientras tanto, cada vez más ciudades dan pasos para intentar pinchar la burbuja en los arrendamientos. La última de ellas fue Berlín, que ha anunciado que a partir de 2020 el precio de los alquileres se congelará durante cinco años.
Viviendas sociales y parque público de alquiler
Otra de las medidas que se proponen a los encuestados en el barómetro del CIS es la construcción de más viviendas sociales para personas con pocos recursos, algo que respalda el 47,6% de los sondeados. Un mercado que lleva años estancado en nuestro país. Según datos del Ministerio de Fomento, en 2018 se culminaron en España 5.167 viviendas de protección oficial (VPO), frente a las 59.377 libres que se acabaron durante el mismo ejercicio. Estos datos, aunque supusieron una mejora del 5% frente a los de 2017, se encuentran a años luz de los números que se registraban en nuestro país una década antes. En 2008, por ejemplo, se concluyeron 68.587. Además, las cifras del Ministerio de Fomento especificaban que casi la mitad de las VPO calificadas definitivamente el pasado año se construyeron en la Comunidad de Madrid, a la que siguieron País Vasco, Cataluña y Navarra, donde la cifra se situó por encima del medio millar. El principal problema del estancamiento en la construcción se encuentra en la falta de presupuesto dedicado por las administraciones.
Junto al incremento del número de viviendas sociales para las personas con pocos recursos, algo más de un tercio de los españoles –34,5%– considera necesario crear un parque público suficiente de viviendas de alquiler. Esta era otra de las medidas que Podemos, por ejemplo, incluyó en su programa electoral para las pasadas elecciones generales: “Incrementaremos en 50.000 viviendas al año, durante toda la legislatura, el parque de vivienda en alquiler social”. El pasado mes de septiembre, el Ejecutivo de Pedro Sánchez instó a los gobiernos regionales a ponerse manos a la obra para impulsar y fomentar el parque de vivienda pública de alquiler, ya sea a través de la rehabilitación del ya existente, de la promoción de nuevas viviendas o de la adquisición por parte de las administraciones públicas con ese fin. Y, el pasado mes de abril, el Ministerio de Fomento anunció la puesta en marcha del denominado Plan 20.000, con el que la cartera dirigida por José Luis Ábalos se ha comprometido a sacar en los próximos años 20.000 viviendas en régimen de alquiler asequible. De momento, se ha dado el pistoletazo de salida a la construcción de las primeras 5.123.
El Gobierno prevé prohibir la privatización de la vivienda pública para alquiler en la futura ley
Préstamos baratos, socialización del suelo y clases medias
Por otro lado, el 45% de los encuestados reclama créditos baratos para la compra de viviendas. Una decisión que depende en exclusiva del sector financiero y que, por el momento, parece lejana. Hace justo una semana, el Banco de España advirtió que los nuevos préstamos hipotecarios se habían encarecido en los últimos meses. “El coste de la financiación bancaria ha continuado en niveles reducidos en la mayoría de los segmentos. No obstante, entre septiembre de 2018 y abril de este año, los tipos de interés medios aplicados a los nuevos préstamos para la compra de vivienda han aumentado en 30 puntos básicos”, señaló el supervisor bancario español, que aclaró que 20 de esos puntos básicos se correspondían con las subidas de tipos y los 10 restantes con comisiones. Un incremento que el Banco de España se encargó de atribuir a la decisión de que sean las entidades financieras las que afronten el impuesto hipotecario. Algo que rechazó tajantemente la ministra de Economía, Nadia Calviño, que calificó la conclusión de “arriesgada”.
El 42,3% de los españoles, además, pide que se fomente la construcción de “viviendas con precios asequibles para la clase media”. Una clase media que, según un informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y hecho público en abril, se encuentra totalmente exprimida por el incremento del coste de la vida. En este sentido, la OCDE ha llegado a recordar que la vivienda, por ejemplo, está representando “un tercio del ingreso disponible”, cuando en la década de los noventa se situaba en “un cuarto”. “Más de uno de cada cinco hogares gasta más de lo que gana”, recogía el estudio, titulado Bajo Presión: la clase media exprimida. Junto a este fomento en la construcción de viviendas con precios asequibles para la clase media, un 28,3% de los encuestados apuestan también por una socialización del suelo para evitar que encarezca el precio de las viviendas.
La vivienda se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza en España. Lo asumen gran parte de los partidos políticos, que en sus últimos programas electorales no han dudado en reservar un espacio privilegiado para este asunto. Lo reconoce la Sociedad de Tasación, cuyo consejero delegado, Juan Fernández-Aceytuno, ha deslizado por activa y por pasiva que “estamos ante una crisis”. Y lo sufren los españoles, que cada vez tienen más difícil afrontar la compra o, incluso, el alquiler de una casa. Según el último barómetro electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas, correspondiente al mes de junio y hecho público este jueves, un 4% de los encuestados sitúan el acceso a la vivienda como uno de los principales problemas del país. La cifra es baja, sobre todo si se compara con el paro, los políticos o la corrupción y el fraude, los tres asuntos que más preocupan a los ciudadanos. Sin embargo, supone un ligero crecimiento respecto a los datos de hace cinco años. En 2014, solo un 1,6% de los encuestados situaban la vivienda como uno de los mayores problemas de España.