Un fallo del TC sobre Cataluña que altera poco el escenario

Aparentemente, nada ha cambiado. Los gobiernos catalán y central y los partidos calcan sus declaraciones políticas. Como si no estuviera sobre la mesa una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la declaración de soberanía del Parlament de hace poco más de un año. Un fallo, adoptado por unanimidad, y que dice, básicamente, dos cosas: que es ilegal que Cataluña se declare como "sujeto político y jurídico soberano" y que son admisibles las referencias al "derecho a decidir" como una "aspiración política" susceptible de ser defendida en el marco de una reforma constitucional. 

Pero, ¿el dictamen del Alto Tribunal cambia en algo las cosas? ¿Altera el campo de juego? La respuesta no es unívoca, si se escucha qué dicen seis de los más reputados juristas. Unos, como Javier Pérez Royo, constitucionalista de la Universidad de Sevilla, consideran que la sentencia es una clara "apelación al diálogo", una invitación "inteligente" a la negociación, que debe aprovecharse. Otros, como Ángel Sánchez Navarro, de la Complutense de Madrid, cree que el TC "no abre más o menos puertas", porque ratifica "lo obvio". Para Joan Lluís Pérez Francesch, catedrático de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la resolución es una "provocación" que sólo sirve para "generar más independentistas" y distanciar más a Cataluña de España. Joan Josep Queralt, penalista de la Universitat de Barcelona, contiene ese pesimismo y cree que los magistrados realmente dan un "sopapo" a los partidos y los gobiernos, instándoles a no llevarles problemas políticos disfrazados de conflictos jurídicos, así que al menos "se ha rebajado el diapasón" en la escalada verbal. 

En el fondo, subyace un escepticismo compartido: los principales actores políticos –la Generalitat y el Gobierno central– no se moverán, la tensión aumentará y el pulso aguantará, al menos, hasta la convocatoria de la consulta secesionista el 9 de noviembre. Entonces, con toda seguridad, el TC tumbará el referéndum. A partir de ahí el escenario es más incierto. 

El tren soberanista no se ha parado. Ni Mariano Rajoy se dispone a hablar. Artur Mas calificó ayer miércoles, en la sesión de control al Govern en el Parlament, de "grave" e "innecesaria" la sentencia del TC, pero advirtió de que "el proceso continúa". "A cada escollo hallaremos una solución para esquivarlo y sobrepasarlo, y para actuar democráticamente y pacíficamente de acuerdo con los marcos de legalidad vigentes, que son muchos y muy amplios". "No nos rendiremos", dijo Oriol Junqueras, presidente de ERC. La declaración de soberanía sigue "vigente", apuntaló la republicana Anna Simó, vicepresidenta del Parlament. Pere Navarro, líder de los socialistas catalanes, llamó a Mas a "subirse al autobús del PSC" y trabajar juntos para lograr una reforma de la Constitución. "Más Tarradellas y más Suárez; más inteligencia y menos testosterona", pidió.

Carlos Floriano, vicesecretario de Organización del PP, pidió a CiU y todos los dirigentes políticos que recuperen "el sentido común" que se exige a todos los gobernantes y que abandonen el camino emprendido, que "sólo puede traer perjuicios" a los catalanes y los españoles. Según Óscar López, número tres del PSOE, “el tribunal ha dicho algo obvio y que ya todos le habíamos dicho a Mas: que el Parlamento de Cataluña no puede hacer una declaración de soberanía” y que “el Gobierno de Cataluña no puede convocar un referéndum de autodeterminación”. Pero del mismo modo que “no cabe” ese referéndum en nuestro marco constitucional, la sentencia dice que “sí cabe el diálogo”, remarcó el responsable federal de Organización. Mientras, el PNV subrayó que el TC reconoce "el derecho a decidir, como legítima aspiración política de Cataluña, y también de Euskadi". 

¿Debió entrar a resolver o no?

Lo primero que hace el TC en su sentencia, de 36 folios, es despejar si le tocaba o no pronunciarse sobre la declaración de soberanía aprobada en el Parlament, puesto que no es ninguna norma, sino una resolución política. Los magistrados concluyen que, "sin perjuicio de su marcado político", la declaración "tiene carácter jurídico y, además, produce efectos de esta naturaleza". 

Joan Lluís Pérez Francesch, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB, considera que es una "imprudencia" que el TC se pronuncie sobre "acuerdos políticos", porque así entra en una "peligrosa senda de dirigismo político que no le corresponde". "No es un órgano político, sino jurisdiccional, así que está actuando de forma preventiva". Héctor López Bofill, profesor agregado de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), coincide con ese análisis y reprueba a los magistrados por "cambiar la jurisprudencia" para "fulminar" la declaración soberanista. Y Joan Josep Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universitat de Barcelona (UB), juzga igualmente que una resolución parlamentaria "no es objeto de análisis constitucional". 

Otros expertos sostienen lo contrario, que el TC sí debía resolver porque esta moción de 2013, "de quedar en pie, tiene efectos jurídicos, porque pareciera que la soberanía sí es divisible y compartida, cosa que no permite" la Carta Magna, en opinión de Antonio Torres del Moral, constitucionalista de la UNED. 

La sentencia, de la que ha sido ponente Adela Asua, vicepresidenta del tribunal y miembro del sector progresista, subraya a continuación que la cláusula primera de la declaración, que proclama el carácter de sujeto político y jurídico soberano del pueblo de Cataluña "debe ser considerada inconstitucional y nula", porque resulta contrario a los artículos 1. 2 y 2 de la Constitución, que prescriben que la soberanía reside "en el pueblo español" y remarcan la "indisoluble unidad de la nación española". 

Sánchez Navarro, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, compara la doctrina del Alto Tribunal con lo que sucede en una comunidad de propietarios para indicar que el concepto de "soberanía" es "jurídicamente preciso": "Si un vecino quiere cubrir su terraza y la comunidad dice que no, no podrá hacerlo, porque no depende sólo de él. Esto es lo mismo". 

¿Afirmaciones "esencialistas" o esperables?

Para Torres del Moral y Pérez Royo, esa parte del fallo era esperable. "Una vez que decide entrar a juzgar la declaración, estaba claro que ese punto primero no se podía admitir de ninguna manera. El TC separa lo que es autonomía de lo que es soberanía", argumenta el constitucionalista sevillano.

Pérez Francesch protesta: "¿Para qué se dice todo esto? ¿El TC se tiene que dedicar a hacer afirmaciones esencialistas sobre la nación española? Para un sector de la población en Cataluña, esto es una provocación, porque hiere la sensibilidad de la gente. Al Parlament lo ha elegido la gente, y es una muestra de la libertad de expresión de una institución pública. Ha habido muchas declaraciones públicas del Parlament de este tenor y no se ha dicho nada. Pero ahora, como hay un conflicto político, se deja en manos del TC para que marque paquete con los elementos simbólicos, para que dé recomendaciones moralizantes. El juego es la unidad nacional". López Bofill comparte esta postura crítica: la "negación de la soberanía" a Cataluña está enfocada para "cortar de cuajo toda posibilidad de la consulta". "Cierra por completo una de las puertas que había: la opción de entender que de una determinada consideración de soberanía se deriva la posibilidad del derecho a decidir de Cataluña". 

El fallo invoca en una decena de ocasiones la palabra "diálogo". Y lo hace para desestimar la impugnación del Gobierno sobre los principios segundo, tercero, séptimo y noveno de la declaración (además del preámbulo). El TC cree que cabe hacer una interpretación constitucional de las referencias al "derecho a decidir". No aparece proclamado como una manifestación del derecho a la autodeterminación "no reconocido en la Constitución", sino como una "aspiración política a la que sólo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional con respeto a los principios de legitimidad democrática, pluralismo y legalidad". Además, los magistrados recalcan que son el Estado y las autonomías los "llamados a resolver mediante el diálogo" los conflictos políticos que se susciten. "El concepto amplio de diálogo, por otra parte, no excluye a sistema o institución legítima alguna capaz de aportar su iniciativa a las decisiones políticas, ni ningún procedimiento que respete el marco constitucional". El único requisito que impone el TC es que ese diálogo se ajuste a los requisitos contenidos en la Ley Fundamental de 1978. 

Un trabajo de "autocontención"

El tribunal sostiene que la primacía de la Constitución "no debe confundirse con una exigencia de adhesión" entusiasta. No cabe el modelo de "democracia militante". Es decir, que no hay nada que no se pueda discutir ni nada que no se pueda reformar. Siempre respetando los procedimientos de reforma, claro, tasados en la Carta Magna, y eso es "inexcusable". 

"Ahí está la novedad de esta sentencia –señala Pérez Royo–. En el fallo del Estatut, el TC entró en todos los puntos, y aquí ha hecho un trabajo de autocontención. Los magistrados dicen lo que está claro, que la soberanía no es divisible. Y a partir de ahí, llama a todos a negociar. Pone la pelota en el tejado de Mas y de Rajoy. Vienen a decir: 'Ustedes tienen que dar respuesta. Pónganse de acuerdo'. Esto es dar una oportunidad a un sistema que estaba cerrado. Es una salida que me parece inteligente, y por eso han conseguido la unanimidad. Es una ocasión que el TC ha aprovechado bien". Encarna Roca, magistrada catalana del sector progresista que accedió al TC con el apoyo de PSC y CiU, parecía validar esta tesis en declaraciones a TV3: "Este es un problema político, y son los políticos, de acuerdo con el principio de diálogo, los que deben acordar de qué manera se puede llevar adelante este proceso". 

"Sí podría entenderse como una invitación al diálogo. Rajoy no puede negarse a todo, y Mas no puede seguir adelante saltándose la legalidad. Pero esto no tiene demasiado alcance", opina Torres del Moral, porque ese reclamo es común en otras sentencias, y también porque el TC ha intentado guardar una "mayor apariencia de equidistancia". Sánchez Navarro también resta importancia a esta parte del texto: "El TC siempre dice que la base del sistema democrático es la libre discusión. Y es una obviedad. Pero el diálogo no es dar indefinidamente vueltas a las cosas. Si no hay acuerdo, no hay acuerdo". 

Un "brindis al sol"

Pérez Francesch cree que esa llamada a la negociación es un puro "brindis al sol", un ejercicio de "cinismo absoluto", porque no hay aproximación posible, porque la acogida del derecho a decidir en la Carta Magna requeriría conducir la reforma por el procedimiento agravado, que conlleva disolución de las Cortes, nuevas elecciones y referéndum. Y PSOE y PP no van a admitir nunca ese derecho. "Por tanto, ¿sobre qué van a dialogar? Hay un colapso institucional porque hay una falta de relación emocional entre los dos Gobiernos y el TC actúa de parte". López Bofill también hace hincapié en ese callejón sin salida: si se tocan los artículos 1 y 2, "que necesitaría el pronunciamiento de toda la población española, al final se acabaría condenando a una minoría, a la población catalana". Es decir, que España no aceptaría una secesión de Cataluña.

Por añadidura, y en esto coinciden todos los expertos, esa apelación al diálogo no deja de ser, un llamamiento, pero nada más, porque nada en la sentencia obliga a la Generalitat y al Estado a hablar. "No puede obligar a hablar, claro –reconoce Pérez Royo–. Pero es una manera de decir a las partes que el que no se mueva se queda fuera de juego". 

Queralt manifiesta una posición intermedia: no atisba una salida a corto plazo –"Con la clase política actual, no hay nada que hacer, ninguna esperanza. El Gobierno hará su lectura, los políticos catalanes la suya"–, pero sí cree que el TC lanza un "sopapo" a los dirigentes, al pedirles que ventilen los conflictos políticos por el cauce político. "El TC se saca la patata caliente de en medio con elegancia". Este catedrático sí atribuye una virtualidad al fallo: "No ha echado más leña al fuego y hace una llamada nada ociosa al diálogo, así que le está pegando un palo a Rajoy". Este profesor apuesta por una "salida de carácter constructivo" que haga que la opción independentista pierda fuerza. ¿Cuál es? Una reforma federal "de verdad", la puesta en marcha del "federalismo asimétrico, no el café para todos". 

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Los expertos destacan una cualidad de esta resolución: la unanimidad, a diferencia del fallo del Estatut, que fracturó al TC en 2010. Para Sánchez Navarro, le da "credibilidad" al texto. Pérez Royo también considera que le da fortaleza y Torres del Moral juzga que así se aparenta que no hay "fisuras", sino "frente común". Pero esa lectura tampoco es unívoca. López Bofill estima que así "se consolida la línea más recalcitrante, contraria a cualquier pluralismo" y Pérez Francesch, que se confirma "el seguidismo" de los magistrados al Gobierno. 

El fallo no ha hecho más que nacer. Y habrá que ver los siguientes pasos. Pérez Royo pide no dar todo el camino por descontado: "La primera reacción de los partidos era esperable. Pero nadie se había preparado para este texto y se creía que era una cosa menor. Se han quedado desconcertados". Igual que Queralt: tampoco se creía en su tiempo que se reconocería el derecho al voto de las mujeres, y se reconoció. Como se defendió la esclavitud, y se abolió. Las cosas cambian y las constituciones, ya lo dice el TC, también se pueden modificar. No son un texto sagrado.