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Las decisiones del nuevo CGPJ muestran que el empate pactado entre PP y PSOE favorece a la derecha

Feijóo se apropia del discurso de Vox y tumbará la reforma de la Ley de Extranjería junto a Junts

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La hostilidad hacia los migrantes, bajo el falso mantra de que su presencia genera inseguridad entre la población local que, además, está en trance de ser sustituida por árabes, subsaharianos y población de otras etnias y cuyo plan es acabar con las bases de la cultura occidental, forma parte del argumentario de Vox desde sus inicios, hasta el punto de haber convertido la migración en su baza para romper las cinco autonomías compartidas hasta hace escasos días con el Partido Popular. Una decisión que tomó la dirección de Santiago Abascal después de que las comunidades lideradas por los conservadores aceptaran el reparto voluntario de 347 menores migrantes desde Canarias a la Península.

Sin embargo, el que se ha apropiado este lunes de ese discurso es el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al vincular inmigración con inseguridad. "Solidaridad sí, pero seguridad también. Para los que llegan, pero también para los que estamos. Los españoles tienen derecho a salir tranquilamente a la calle", señaló ante la Junta Directiva Nacional, que ha reunido a la plana mayor del PP, en un discurso en abierto a la prensa que llevaba escrito de antemano. Y no solo eso, sino que, según Feijóo—y la extrema derecha—, también hay algunos que buscan acabar con las creencias y costumbres de los españoles.

"Somos una nación con valores, esos valores incluyen auxiliar y dar apoyo a quien lo necesita, pero también incluyen el respeto a nuestra cultura, a nuestras creencias, a las mujeres, a los homosexuales, a la libertad de poder sentirse seguro en su casa...", afirmó el presidente popular, que a renglón seguido diferenció entre los "inmigrantes regulares que han hecho de España la nación que es" y aquellos que "vienen con otra actitud y otra intención".

Feijóo así da un paso más en la estrategia de criminalización contra los migrantes pese a que únicamente le atan a Vox sus gobiernos municipales. La semana pasada voces de la dirección del PP ya apuntaban a infoLibre que no les convenía desmarcarse totalmente de los postulados de Vox ya que, bajo su lectura, suponía dejar todo el "carril derecho" a la extrema derecha en determinadas materias como la inmigración que también "preocupan" a su electorado.

El PP hará caer la reforma con el apoyo de Vox y Junts

Con esa estrategia en mente, el PP ya ha alertado de que tumbará la reforma de la ley de Extranjería que el Gobierno de Canarias —del que forman parte junto a Coalición Canaria— pactó con el Ejecutivo central para tratar de revertir la situación de colapso en las islas ante la llegada de menores migrantes no acompañados. El propio Feijóo justificó la negativa de su grupo a tramitar la norma asegurando que no van a ceder ante el "chantaje" ni las "presiones" del Gobierno de Pedro Sánchez. "Pretenden un trágala, pues no", afirmó.

El conservador insistió en que es Sánchez el que ha de ceder ya que, de lo contrario, no darán su aval a la norma y, previsiblemente, decaerá ya que tampoco cuenta con el apoyo de Junts. "Cada decisión que Sánchez ha adoptado ha sido en base a cesiones. Si quiere pactar con el PP tendrá que recorrer el mismo camino" continuó. Aunque el PP se había planteado en los últimos días abstenerse en el trámite y presentar enmiendas —como sucede de forma habitual en cada proceso legislativo—, este domingo anunció que no daría su apoyo a la norma porque el Gobierno había rechazado todas sus peticiones, un extremo que el ala socialista del Ejecutivo niega.

El PSOE, Sumar y Coalición Canaria presentaron hace una semana ante el registro su propuesta de reforma, que implicaría, entre otras cuestiones, que la reubicación de menores migrantes entre las autonomías pasara a ser obligatoria. La mayoría de los territorios gobernados por el PP, excepto los que actualmente están sobrepasados como Canarias y Ceuta lo rechazan, por lo que el tono duro de Feijóo también se explica por la posición de sus propios barones. Sin embargo, el principal partido de la oposición argumenta que es el Gobierno el que se desentiende e "improvisa", aunque fueron ellos los que el domingo dieron por rotas las negociaciones.

Mediante una carta firmada por el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, y dirigida al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el partido de Feijóo reclamaba que el Ejecutivo central financiara al 100% la acogida de menores migrantes, declarara la emergencia migratoria en toda España, impulsara una política específica de fronteras con los países de origen, reforzara los controles en las fronteras marítimas y creara "pasaportes de tránsito". Fuentes de la formación al más alto nivel confesaban la pasada semana en privado que si el Gobierno cumplía lo de la emergencia y la financiación estarían dispuestos a darle el visto bueno a la norma.

Sin embargo, el PP ha acabado concluyendo que el Gobierno no iba a aceptar ninguna de esas peticiones, una cuestión que niegan desde el equipo del ministro Torres. "La negativa del Gobierno no nos permite facilitar la tramitación de una ley que se basa en la imposición y no en el diálogo", anunciaban los conservadores este domingo, dando a entender, además, que PSOE y Sumar finalmente habían conseguido el apoyo de Junts. "En ningún momento se le ha trasladado al PP el 'no' a negociar del Gobierno ante sus peticiones", replicaban, por su parte, desde el ministerio de Política Territorial.

El PSOE asume la derrota: "Cabe poca negociación"

El PSOE, por su parte, ha asumido ya que la reforma no saldrá adelante pero no se plantean retirarla como sí han hecho con otros proyectos. Junts reiteró este lunes que votará en contra y aunque el Gobierno sí que cuenta con el apoyo del resto de aliados como PNV, ERC o Bildu, los números no son suficientes si tanto PP como Vox y los de Carles Puigdemont se oponen. Los socialistas han dirigido más la presión hacia el PP porque consideran que su concurso es totalmente necesario porque son las autonomías las que tienen que aplicar luego esa reforma.

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Así lo ha trasladado este lunes el portavoz parlamentario de la formación, Patxi López, que ha pedido a la formación de Feijóo que "se retrate": "El PP no necesita a Vox para ser Vox, para hacer políticas de ultraderecha. Mañana lo va a demostrar una vez más votando en contra de la reforma de la ley de extranjería, así que ni partido de estado ni nada de nada", afirmó. “Sobre esta cuestión cabe poca negociación: o uno es solidario de verdad o lo es de boquilla", añadió. Aunque López subrayó que van a trabajar para que el trámite salga adelante, su suposición es que el PP acabará votando en contra.

Si la norma decae, supondrá un fracaso no solo del Gobierno, sino también de Coalición Canaria, principal impulsora de la reforma, que gobierna junto al PP en las islas. De hecho, los conservadores isleos hasta ahora habían respaldado ese cambio legislativo e incluso votaron en el Parlamento regional a favor del texto, pero han dado marcha atrás señalando que la propuesta no es suya sino del PSOE, Sumar y Coalición Canaria y que no ha sido negociada con el PP.

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, del PP, culpó al Gobierno antes de entrar a la Junta Directiva, pero también dio margen para alcanzar un pacto. "Soy optimista, y espero que de aquí a las próximas horas, cuando se celebre ese Pleno, haya algún tipo de acuerdo", afirmó. Minutos más tarde, tras escuchar las palabras de Feijóo, ese optimismo pareció esfumarse .

La hostilidad hacia los migrantes, bajo el falso mantra de que su presencia genera inseguridad entre la población local que, además, está en trance de ser sustituida por árabes, subsaharianos y población de otras etnias y cuyo plan es acabar con las bases de la cultura occidental, forma parte del argumentario de Vox desde sus inicios, hasta el punto de haber convertido la migración en su baza para romper las cinco autonomías compartidas hasta hace escasos días con el Partido Popular. Una decisión que tomó la dirección de Santiago Abascal después de que las comunidades lideradas por los conservadores aceptaran el reparto voluntario de 347 menores migrantes desde Canarias a la Península.

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