Para Alberto Núñez Feijóo cualquier ley que promueva el Gobierno central sobre inmigración —y prácticamente sobre cualquier materia— es insuficiente, incluso si está pactada con la autonomía que más inmigración recibe y en la que el Partido Popular gobierna junto a Coalición Canaria. El líder conservador ha vuelto a insistir este miércoles en el supuesto efecto llamada de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez —aunque no ha concretado a qué políticas se refiere— y ha dejado en el aire el apoyo de su formación a la reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno central y el de Canarias acordaron llevar a cabo el pasado mes de abril para que el Estado obligue por ley al reparto de menores no acompañados entre las comunidades autónomas.
Feijóo reclamó a la presidenta la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, la ayuda de Bruselas para "controlar" la inmigración que llega a España y le pidió "dar una respuesta compartida" pese a que, precisamente, ni las propias autonomías del Partido Popular se ponen de acuerdo sobre el reparto de los menores. El plan del Ejecutivo beneficiaría sobre todo a Canarias, Ceuta y Melilla, al ser los territorios que más migrantes reciben y que actualmente más recursos destinan, pero es rechazado por otras comunidades autónomas del PP, como Andalucía, Madrid o La Rioja, que se niegan a asumir la acogida de grandes cupos de menores.
Aunque el líder del PP aseguró el pasado viernes que "la solidaridad" de las comunidades gobernadas por el PP estaba "garantizada", en respuesta a la amenaza de ruptura de Vox en los gobiernos autonómicos si sus socios aceptaban el acuerdo del Gobierno, esta semana Feijóo ha cambiado de discurso y se ha mimetizado con el de la extrema derecha después de que algunos de sus barones le manifestaran su reticencia a aceptar la reforma de la ley de Extranjería. Así, ya habla de que la inmigración "está descontrolada" y de que "en las calles españolas están deambulando inmigrantes que el Gobierno mete en aviones y que después por la noche o a la hora que llegue el avión, los deja en determinados barrios, ciudades o lugares del territorio español", como afirmó ante los micrófonos de Onda Cero.
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones evitan concretar los emplazamientos a los que se están derivado estos migrantes porque, señalan, no les quieren situar "bajo el ojo público y mediático" para evitar la proliferación de los discursos de odio. Una recomendación que realizan organismos como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que advierte de los peligros del racismo institucional a través de bulos, desinformaciones y medias verdades. Así, la ministra del ramo, Elma Sainz, pidió al líder del PP que no "difundiera bulos" y le acusó de tener "tres caras" por su cambiante discurso.
Desde el departamento de Sainz señalan que durante los traslados, el personal de las entidades que trabajan con su ministerio acompaña a los migrantes hasta los centros donde son acogidos, donde también están las ONG. Y aclaran que las comunidades autónomas y los ayuntamientos son informados de los traslados que se van a realizar. La ministra aseguró la pasada semana de que el objetivo de la reforma de la ley de extranjería es "simplificar documentación y trámites", "reducir las figuras de permisos ahora vigentes" y "mejorar la protección de los derechos de los migrantes".
El PP agita la bandera de la ultraderecha: "España es un coladero"
La hostilidad hacia los migrantes, bajo el falso mantra de la lucha contra la delincuencia y la preservación cultural, es una de las banderas de Vox. La extrema derecha clama contra la "invasión" y alerta, sin ninguna base, sobre supuestos riesgos terroristas derivados de la llegada de personas procedentes de África. Hasta no hace mucho lo hacía en solitario y con escaso eco, pero el PP y también el agitador ultra Alvise se han sumado a esa estrategia transmitiendo mensajes en contra los de migrantes, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad e incluso utilizan los mismos términos despectivos como el de "mena", el acrónimo de menores extranjeros no acompañados, para referirse a estos jóvenes.
"No es competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía solventar los menas que entran en España de forma masiva, en otra comunidad autónoma", dijo ante el periodista Carlos Alsina. "Si no ponemos límites, si no ponemos barreras, es imposible atender a todas las personas que están en Canarias retenidas y a las que parece ser que van a venir o que se tiene previsto que vengan hasta el final de año", prosiguió. Según el líder del PP si no se cierran las fronteras, la presión migratoria aumentará y, cada vez, serán más los migrantes y refugiados que intentarán cruzar las fronteras europeas, aunque los expertos siempre señalan que las razones que empujan a estas personas a huir de sus países no dependen de los muros que levanten los estados.
El portavoz parlamentario de la formación conservadora, Miguel Tellado, dio un paso más allá en ese discurso antimigratorio y aseguró que España "es un coladero": "Hay una dejación de funciones absolutamente clara que se ha convertido en un efecto llamada sin precedentes", aseguró en declaraciones desde el Congreso. Así, pidió "plantar cara" y "defender las fronteras de nuestro país" frente a la "dejación de funciones del Gobierno lleva a que las mafias trafiquen con personas y que un porcentaje de esas personas pierdan la vida en el mar. Y eso es responsabilidad del Gobierno, que no atiende a sus funciones", zanjó.
Además de repetir los mantras de la ultraderecha, el PP también trata de generar confusión sobre cómo funciona el sistema de acogida en España, donde, en situaciones de emergencia, se hace un uso provisional de habitaciones de hoteles y se recurre a traslados a otros territorios, ya que la responsabilidad es compartida con las autonomías. Se trata de un trámite administrativo que permite al Ejecutivo agilizar los procedimientos para realizar el traslado a la Península y que está contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público, el mismo mecanismo que se utilizó durante la llegada de desplazados ucranianos a España.
Un reparto obligatorio que no convence a Madrid, Cataluña y Andalucía
No sólo es el artículo 35: por qué (y cómo) hay que reformar toda la legislación de extranjería
El reparto de menores migrantes llegados a las islas, además de a Ceuta y Melilla es, actualmente, una cuestión de voluntad. El objetivo es cambiar esa voluntad por obligatoriedad. Es decir, que el Estado tenga la potestad de intervenir cuando haya territorios que no se ofrezcan a ayudar en la acogida a otros que ya superen el 150% de la capacidad de sus plazas. Según el acuerdo, el traslado se realizaría en base a criterios como la renta, la dispersión de la población, el desempleo o el número de menores ya acogidos cada vez que Canarias, Ceuta o Melilla superen esa capacidad. Según adelantó El País el borrador inicial, que se regiría por un sistema de puntos, apuntaba a que la región que tendría que desplegar más nuevas camas sería La Rioja, con 285, seguida de que podría Cataluña (191), Madrid (187) y Andalucía (186).
Precisamente son estas las autonomías que más se están manifestando en contra del acuerdo. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso que el pasado año acusó al Ejecutivo central de tratar a los migrantes "como fardos" y de "actuar con nocturnidad" para "quitárselos de encima". Una linea argumental que replicó esta semana: "El Gobierno utiliza la inmigración como señuelo para decir que son los que tienen las esencias de la progresía y son las mejores personas", dijo, al tiempo que reclamó una Conferencia de Presidentes. "Estamos hablando de un tema muy delicado socialmente, no se pueden lanzar cifras a la opinión pública", la acompañó el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán. Por su parte, la Junta de Andalucía advirtió de sus centros están colapsados, porque desde noviembre han recibido a 454 menores "camuflados" porque tienen ya la mayoría de edad e insisten en que están al 115% de su capacidad.
No obstante, las comunidades del PP no son las únicas que se oponen al acuerdo. Cataluña, gobernada por Esquerra Republicana, reclama "tanto en su fondo como en la forma", que se respeten las competencias catalanas en materia de infancia y se evite "la imposición unilateral del Estado en el reparto de los menores" mientras que Junts ha avisado al Gobierno de que votará en contra de la reforma de la ley de extranjería si no incluye una disposición adicional que exima expresamente a Catalunya de la obligatoriedad de acogerlos.
Para Alberto Núñez Feijóo cualquier ley que promueva el Gobierno central sobre inmigración —y prácticamente sobre cualquier materia— es insuficiente, incluso si está pactada con la autonomía que más inmigración recibe y en la que el Partido Popular gobierna junto a Coalición Canaria. El líder conservador ha vuelto a insistir este miércoles en el supuesto efecto llamada de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez —aunque no ha concretado a qué políticas se refiere— y ha dejado en el aire el apoyo de su formación a la reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno central y el de Canarias acordaron llevar a cabo el pasado mes de abril para que el Estado obligue por ley al reparto de menores no acompañados entre las comunidades autónomas.