El feminismo retoma la batalla del aborto libre e Igualdad insiste en que se derogará la reforma de Rajoy que exige el permiso paterno para menores

Se hicieron llamar el Tren de la Libertad y salieron masivamente a las calles para defender el derecho a un aborto libre y accesible para todas las mujeres. Decenas de miles de feministas se manifestaron en 2014 para pedir la retirada del anteproyecto de ley que modificaba la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo y también la dimisión del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Consiguieron ambas demandas.

Fue hace seis años y aunque el movimiento feminista lo rememora como una de sus grandes victorias, recuerda también que todavía quedan asignaturas pendientes. Este jueves la Comisión por el Derecho al Aborto del Movimiento Feminista de Madrid inicia una serie de acciones que culminarán el próximo 28 de septiembre en una concentración para conmemorar el Día Mundial de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro.

Las demandas son históricas, pero lo cierto es que el actual escenario de crisis sanitaria ha socavado aún más si cabe los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Así lo entiende Yolanda Iglesias, portavoz de la comisión.

Reformas legislativas

La actual Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, conocida como ley de plazos, fue puesta en marcha en el año 2010 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y en sustitución a la conocida como ley de supuestos de 1985. Bajo el mandato de Mariano Rajoy, el Gobierno trató de sacar adelante un nuevo anteproyecto de ley que fracasó a consecuencia de la falta de consenso y de la latente oposición social. Tras la dimisión de Ruiz Gallardón, los conservadores aprueban finalmente una modificación por la que las menores de 16 y 17 años necesitarán permiso paterno para poder abortar. La reforma establece que "para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente será preciso, además de su manifestación de voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes legales". Antes de eso, el texto original de la norma rezaba que "en el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad".

Es una de las actuales lagunas de la ley que señalan con fervor las feministas. Una situación que Yolanda Iglesias cree especialmente sangrante en el caso de las "adolescentes que no están acompañadas, las que están tuteladas por las comunidades, las que tienen a sus tutores en la cárcel, o ausentes, o condenados por violencia", enumera. "Son muchas situaciones en las que esas mujeres, aunque quieran abortar, encuentran dificultades" debido a este requisito.

No sólo la modificación emprendida por el PP está en el punto de mira del movimiento feminista, el texto original también está lejos de ser perfecto. Iglesias cita el requisito de tres días de reflexión. El artículo 14 b) señala que la interrupción voluntaria del embarazo a petición de la mujer habrá de realizarse con la condición, entre otras, de "que haya transcurrido un plazo de al menos tres días" desde que la paciente haya sido informada "sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad". A juicio de la portavoz feminista, se trata de una "discriminación respecto a la autonomía de las mujeres". Critica con rotundidad el hecho de que "una mujer que decide abortar y accede a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo tenga que esperar tres días para reflexionar, como si esa decisión estuviera en duda". La lectura, lamenta la activista, es que "las mujeres son incapaces de tomar decisiones". "Este trámite menoscaba la libertad de las mujeres y cuestiona su autonomía a la hora de decidir".

La situación, además, "se agrava en función de las comunidades: algunas no prestan bien el servicio y las mujeres se tienen que desplazar". Una realidad especialmente preocupante dada la situación de pandemia sanitaria. Tal como desveló Newtral, hasta ocho provincias españolas llevan tres décadas sin practicar ningún aborto.

Este hecho guarda relación con "las diferencias en los servicios públicos", especialmente en la atención primaria. Las feministas reclaman, en ese sentido, la puesta en marcha del aborto farmacológico como opción accesible y generalizada en los centros de salud. "Es una práctica muy común, poco problemática y sencilla médicamente", de manera que podría estar siendo "impulsada por las administraciones" a través de los centros de salud, los espacios sanitarios más próximos a la población. "El problema es que en una situación de desmantelamiento de los servicios públicos, esta petición es inviable", lamenta la activista.

Yolanda Iglesias recalca igualmente la importancia de que no exista "ningún tipo de discriminación" por cuestiones de "origen, orientación o clase social" y que los "servicios públicos sean capaces de garantizar el acceso independientemente de la situación legal" de la mujer. Es decir, que la universalización de la sanidad sea una realidad.

Finalmente, las activistas creen importante que el aborto salga del Código Penal. "No está regulado como un derecho, sino que está despenalizado en los plazos y supuestos en los que se establece la ley", pero fuera de esos márgenes sigue siendo contemplado como delito. "Es un derecho sexual y reproductivo, no tiene que estar dentro del Código Penal", clama la feminista.

Altamira Gonzalo, vicepresidenta de Themis Mujeres Juristas, encaja entre sus prioridades "recuperar la capacidad de decidir de las mujeres que tienen 16 y 17 años, como se aprobó en 2010". A partir de ahí, la jurista subraya el requisito de que sea "público y gratuito para garantizar que haya igualdad". Sólo un 13,95% de las interrupciones voluntarias del embarazo, según los últimos datos publicados, se realizan en la red pública. En esencia, estima, "hay grandes avances pero podemos ser más ambiciosos, faltan cosas por conseguir".

Preguntados por la posición del Ministerio de Igualdad al respecto, fuentes del departamento de Irene Montero señalan que "el acuerdo de coalición reflejó el compromiso del Gobierno para hacer las reformas necesarias que garanticen los derechos sexuales y reproductivos y aseguren una maternidad libremente decidida". En ese sentido, el ministerio subraya que dicho acuerdo "ya refleja la derogación de la modificación de la Ley 2/2010 que se llevó a cabo en 2015, además de la necesidad de mejorar lo relativo a la educación afectivo-sexual". El Comité de las Naciones Unidas de derechos del niño y sobre la discriminación de la mujer advirtió, a través de un informe en 2014, que "la exigencia del consentimiento de un tercero en el caso de las niñas menores de 18 años es contraria a las obligaciones establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño", de modo que manifestaron su preocupación por la modificación de la ley y exhortaron a retirarla por ser "incompatible con las normas internacionales de derechos humanos".

Acoso ante las clínicas

Las feministas hablan de trabajar en el plano de lo real –no sólo sobre el papel– para garantizar derechos, y sus demandas tienen razón de ser. A finales del año pasado más de medio centenar de organizaciones denunciaban "cien acciones de acoso al año" frente a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo y recalcaban que desde el año 2010 "más de 8.000 mujeres han sido víctimas". El acoso, censuraban, no se produce de forma discreta y espontánea, sino que parte de planes minuciosamente trazados con el supuesto objetivo de "salvar vidas" y "terminar con el aborto" a través de una presencia constante frente a los centros y una interpelación directa a mujeres y trabajadores.

Las organizaciones pedían entonces actuaciones contundentes por parte de las administraciones y situaban el problema en tres esferas: uno de orden público, debido a la "violación de los derechos fundamentales" de las mujeres; otra sanitaria, porque "la normativa garantiza una calidad de la interrupción voluntaria del embarazo igual en todo el Estado"; y otra de convivencia urbana y utilización del espacio público.

Themis fue una de las organizaciones que denunció la situación. Altamira Gonzalo mantiene que el problema "se solucionaría si hubiera centros sanitarios de la sanidad pública" donde el derecho al aborto estuviera blindado. Su organización, recuerda la jurista, llegó a reclamar además que se creara un delito específico vinculado a este tipo de acoso. Yolanda Iglesias recalca que no se trata sólo de pintadas, sino de acoso directo hacia las mujeres y presión psicológica haciendo entrega de "panfletos y fotos de bebés". Por ello, estima, la administración debe tomar medidas y establecer corredores seguros para todas las mujeres.

El número de abortos en suelo estatal no ha dejado de menguar desde la entrada en vigor de la legislación socialista. A partir de entonces, la cifra nunca ha llegado a arañar los 100.000 abortos, como sí venía ocurriendo con la ley de 1985. En el año 2018, el último con cifras oficiales, fueron 95.917 los centros que notificaron haber practicado interrupciones voluntarias del embarazo. Colectivos por los derechos de las mujeres ven probado que una legislación no restrictiva acelera el descenso del número de abortos y los datos parecen probarlo.