La Fiscalía General ordena recabar información sobre causas abiertas por muertes en residencias

La Fiscalía General del Estado ha pedido información a las Fiscalías de la Comunidad de Madrid, de Castilla-La Mancha y de Barcelona sobre todos los procedimientos penales abiertos a raíz de las muertes de residentes durante la pandemia. En los escritos enviados este miércoles, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, reclama que, en el plazo de 30 días, estas tres Fiscalías informen sobre todos los procedimientos abiertos.

En concreto, el Ministerio Público reclama a estas tres Fiscalías conocer el número de diligencias de investigación incoadas desde el inicio de la pandemia, el número de denuncias o querellas interpuestas ante los órganos judiciales, el número de decretos de archivo de las diligencias de investigación, el número de autos de sobreseimiento de los procedimientos judiciales que se hubieren incoado y el número de procedimientos penales actualmente en tramitación.

En el texto se menciona específicamente a la Comunidad de Madrid y a Cataluña por sus datos "relevantes" de fallecidos en las residencias de mayores. Concretamente, y citando la última información publicada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), en Madrid murieron 6.479 mayores, mientras que en Cataluña fueron 5.744. Estos datos solo incluyen los fallecidos con covid o síntomas compatibles.

En Castilla-La Mancha, la cifra es de 2.959. El documento destaca el caso del fallecimiento de 75 personas en una única residencia, la de Elder en Tomelloso (Ciudad Real), durante la primera ola de la pandemia, casi la mitad de los 160 que vivían allí. Tal y como publicó infoLibre el pasado mes de diciembre, el juez archivó esta causa al entender que las 75 muertes se debieron a "circunstancias desafortunadas". Asimismo, la fiscal del caso no acudió porque "estaba de vacaciones" a la declaración del único imputado, José Manuel Sampedro, director del centro en marzo de 2020. Este periódico reprodujo el relato del horror que se vivió en dicha residencia a partir de las seis declaraciones testificales realizadas durante la instrucción [puedes leerlo aquí].

El auto de archivo del caso Elder ha sido recurrido por el abogado de las ocho familias que denunciaron a Sampedro al entender que su actuación encajaba en los delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. La decisión está en manos de la Audiencia Provincial de Ciudad Real. La Fiscalía, antes de leer el recurso del abogado, ya anunció que no recurriría el archivo.

1.040 diligencias preprocesales civiles y 517 diligencias de investigación

En el texto, se explica que el 18 de marzo de 2020 se remitió un oficio a "todos los fiscales superiores de las comunidades autónomas para que realizaran un especial seguimiento de las circunstancias que pudieran estar determinando especiales riesgos sanitarios y, en ocasiones, con resultados luctuosos respecto de personas que habitaban centros residenciales". Gracias a esta información recopilada entre la que se encontraba personas fallecidas y contagidas, medidas de confinamiento adoptadas o resoluciones judiciales, la Fiscalía incoó 1.040 diligencias preprocesales civiles y 517 diligencias de investigación en todo el territorio del Estado.

El oficio del Ministerio Público también defiende que la "ingente información recopilada" dio lugar a "múltiples documentos normativos y regulatorios" plasmados en las Memorias de la Fiscalía General del Estado y en algunas conclusiones de fiscales especialistas. Cabe destacar que, según el informe correspondiente al año 2020, el Ministerio Fiscal interpuso 27 denuncias durante este año vinculadas a la gestión de las residencias de mayores.

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No obstante, el documento reconoce que "se ha podido constatar la necesidad de contar con información de mayor calidad" sobre "los procedimientos penales incoados en las fiscalías territoriales y órganos judiciales de todo el Estado". Por tanto, ve necesario "adquirir un conocimiento detallado y analizar con exhaustividad la situación actual de los procedimientos penales incoados", lo que supondrá proporcionar a las víctimas y sus familiares "la atención y tutela que el Ministerio Fiscal les debe dispensar".

Dos días después del informe de Amnistía

La petición se produce después de que este lunes Amnistía Internacional hiciese público un informe en que concluía que el Ministerio Público no estaba actuando "con los estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia" para aclarar lo ocurrido, ya que casi el 90% de las investigaciones penales abiertas en residencias de mayores habían sido archivadas, 451 de 517 —casi el 90%—, aunque la propia Fiscalía ha reconocido que "se produjo una situación objetiva de vulneración de derechos fundamentales en las residencias".

Amnistía Internacional también menciona específicamente en su informe los casos de Madrid y Cataluña al criticar que no se hayan "investigado adecuadamente" los protocolos de no derivación a hospitales, "responsables directos" de que miles de personas no recibieran asistencia sanitaria "al menos" en estas dos comunidades.