"Decepcionados". Así han salido representantes de Marea de Residencias de su reunión con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, en la que han constatado que se descarta investigar penalmente el conocido como Protocolo de la Vergüenza, que prohibía trasladar a hospitales a mayores que vivían en geriátricos durante la primera ola de la pandemia si tenían un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. Tal y como les han expuesto las representantes del Ministerio Público, cada denuncia se investiga individualmente y de todo lo actuado no consta que hubiera tal prohibición de derivación desde la Comunidad de Madrid, al tiempo que han resaltado que el drama de las residencias no ocurrió sólo en esta región, sino que ocurrió en toda España y en los países del entorno europeo.
La reunión fue convocada a instancias de Marea de Residencias, tras manifestarse frente a la sede de la Fiscalía madrileña y enviar a Lastra una carta con todas sus preocupaciones por los archivos que están detectando en las investigaciones que se están abriendo a raíz de denuncias por los fallecimientos de miles de personas en geriátricos de la región. Sobre todo, los representantes de la asociación querían conocer qué está haciendo el Ministerio Público y, sobre todo, una explicación sobre la valoración de ese Protocolo que se da en la Memoria anual de la Fiscalía, en la que se define como "una serie de recomendaciones" con un "valor meramente orientativo" que "no excluían la valoración integral de cada paciente".
Desde Marea de Residencias opinan que ese Protocolo era una orden del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para que no se trasladaran ancianos de residencias a hospitales, lo que ven claramente delictivo, si bien la fiscal superior descarta este planteamiento. "Los protocolos son protocolos. Son pautas de actuación generalizadas que hay que adaptar a los supuestos concretos de hecho", ha explicado Lastra en conversación con infoLibre después del encuentro.
Y además, la fiscal ha recordado que en noviembre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya determinó que el Protocolo, que fue desvelado por este periódico, era "acorde a la legalidad" y, por tanto, la Fiscalía ya no tiene más que decir. En aquella sentencia, el órgano judicial rechazó investigar una denuncia del Ayuntamiento de Móstoles contra el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, al no poder establecerse "un nexo causal" entre la conducta imputada y el resultado ilícito porque en la denuncia no se había identificado a las víctimas y por tanto la reclamación tenía "un marcado carácter prospectivo o de causa general". Y concluía que los protocolos tienen "unos objetivos, generales y secundarios, que no pueden tacharse de irrazonables".
Según la fiscal superior, Marea de Residencias "entendía que los Protocolos eran de obligado cumplimiento", pero les ha indicado que se trata de "un instrumento que se utiliza para, a la vista de la normativa legal o las posibles interpretaciones que pueda haber, se dicta para homogeneizar determinadas actuaciones, por supuesto siempre en la medida en que es posible llevarlas a cabo en cada caso concreto".
En este sentido, les ha asegurado que de lo que han investigado hasta la fecha los fiscales de Madrid no se ha concluido que se impidiera el traslado a los residentes y que "cuando había necesidad de derivación, se ha derivado". Es más, Lastra ha afirmado a este periódico que no le consta que "hubiera una orden o una prohibición y, de hecho, se han derivado muchos casos de residentes a los hospitales". Y eso a pesar de que, según las cifras oficiales, en las cuatro semanas críticas de la pandemia, entre el 9 de marzo y el 5 de abril de 2020, no sólo no aumentaron de forma significativa las derivaciones hospitalarias como sería lógico al multiplicarse el número de enfermos, sino que se desplomaron un 36,8% respecto a las cuatro semanas previas. En esta información se pueden consultar todas estas cifras de forma pormenorizada.
Interrogar a altos cargos
Los datos y testimonios que desmontan la postura de la Fiscalía de Madrid sobre lo ocurrido en las residencias
Para los familiares de residentes que han asistido a la reunión, el planteamiento sobre el Protocolo es lo que ha supuesto una "gran decepción", según ha explicado María Jesús Valero, de Marea de Residencias, si bien asume que va a ser complicado que la Fiscalía pueda hacer más en este sentido, sobre todo por la sentencia del TSJM. Eso sí, han pedido a las fiscales que "no dejen de investigar" los casos que se han denunciado y de recurrir los archivos judiciales y les han planteado que citen a declarar a altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid que no están aforados, como por ejemplo Carlos Mur, el que fuera director de Coordinación Sociosanitaria que además firmó el Protocolo.
"Los familiares nos han transmitido que creen que todo va a acabar sin que se sepa la verdad, pero la justicia es lenta y aún queda mucho recorrido. Haremos más esfuerzo por estar en más declaraciones. Y les hemos explicado que en muchas ocasiones estamos recurriendo los autos de sobreseimiento porque no vemos suficiente argumentación. Pero nosotros no resolvemos definitivamente los asuntos, son los juzgados", ha dicho Lastra tras escuchar a los representantes de Marea de Residencias.
Para la fiscal superior, el drama visto en las residencias en la primera ola de la pandemia no ha sido exclusivo de Madrid, sino que ha ocurrido en geriátricos "de toda España" y también en muchos países europeos como Reino Unido, Alemania o Francia. Esto, a su juicio, revela unas "deficiencias" en el modelo de residencias sobre las que hay que "trabajar para llevar a efecto otro tipo de pautas de actuación" y regular "otras formas de tratamiento" a las personas que viven en los geriátricos. Es una cuestión, según ha destacado, que la Fiscalía lleva tiempo denunciando.
"Decepcionados". Así han salido representantes de Marea de Residencias de su reunión con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, en la que han constatado que se descarta investigar penalmente el conocido como Protocolo de la Vergüenza, que prohibía trasladar a hospitales a mayores que vivían en geriátricos durante la primera ola de la pandemia si tenían un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. Tal y como les han expuesto las representantes del Ministerio Público, cada denuncia se investiga individualmente y de todo lo actuado no consta que hubiera tal prohibición de derivación desde la Comunidad de Madrid, al tiempo que han resaltado que el drama de las residencias no ocurrió sólo en esta región, sino que ocurrió en toda España y en los países del entorno europeo.