La especulación urbanística en el centro de las grandes ciudades impacta a todas las generaciones, y en esta ocasión los más mayores están siendo los más afectados. Veinticuatro personas que vivían en la Residencia Tàber de Barcelona están siendo expulsadas de un edificio de la calle Gran Via 625. El motivo es el mismo que el de tantos otros bloques del Eixample. Esta vez, un fondo de inversión francés, Activalia Invest, ha comprado el edificio de la residencia y ahora planea transformarla en pisos de alquiler de temporada. El andamio que ahora luce el edificio incluye un gran rótulo en el que se puede leer Liquidación por traslado no deja lugar a dudas. Si no hay cambios de última hora, el edificio quedará vacío antes de finales de mes.
Juan lleva tres años viviendo en la Residencia Tàber. Asegura, indignado, que la dirección aún no ha notificado personalmente a los residentes que tendrán que irse. “Nos enteramos por la asistenta social”, relata, y añade que “después se informó a los familiares de que se reubicará a quienes están con una plaza concertada [con la Generalitat], y que quienes tuvieran plaza privada se tendrían que buscar la vida”.
Esta situación ha indignado a familiares y a las entidades Marea de Residències y Coordinadora 5+1, que este miércoles convocaron una concentración en contra de este desahucio, que afecta a personas de hasta 95 años. “No puede ser que los fondos de inversión se lo estén cargando todo. Se están cargando la vida de las personas”, denuncia María José Carcelén, portavoz de la Coordinadora 5+1.
El caso es que una cincuentena de geriátricos podrían estar en riesgo de sufrir la misma situación en el Eixample porque los contratos de alquiler de los inmuebles que ocupan caducarán próximamente, explica Jaume Artigas, de la Federación de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), que ha realizado una investigación sobre los movimiento especulativos en el mercado inmobiliario del centro de la ciudad. Cinco de ellos, con nombre y apellidos, son propiedad de un gran tenedor que los obligará a marcharse. El caso más inmediato es el de la Residencia Tàber.
“La gestión de la dirección ha sido fatal”, concluye Juan, que vive en la residencia. “Ya sabían en diciembre que el fondo de inversión había comprado el edificio, pero han esperado hasta última hora y luego han dicho: todos fuera”, relata. Además, tres de los residentes que serán desahuciados acababan de ingresar hace apenas un mes, pese a que la residencia ya conocía entonces que el bloque lo había adquirido el fondo de inversión. Toni tiene a su madre ingresada en la residencia y considera que “ha habido mala leche”, porque el día 14 de enero los residentes de plaza privada ingresaron en la residencia y luego el 7 de febrero recibieron el correo de que se cerraba la residencia el 28 del mismo mes. María José Carcelén, portavoz de la Coordinadora 5+1, denuncia que “la residencia ha engañado a los familiares” y que “la sensación es de que han querido cobrar hasta el último minuto”. Hasta el momento, la dirección no ha querido contactar con infoLibre para responder a unas peguntas.
La mayoría de plazas de la Residencia Tàber son concertadas con la Generalitat, que paga una parte del coste. Desde la Consejería de Derechos Sociales e Inclusión, de quien dependen estas plazas, explican a infoLibre que “están trabajando” para ampliar el concierto de plazas en otras residencias de la ciudad y que se darán a conocer a los familiares “una vez se haya aprobado internamente”. Toni explica que “aún no sabe” a qué residencia se reubicará su madre, y se muestra inquieto porque tampoco sabe “quién se hará cargo de los traslados”, si las familias o la dirección de la residencia.
Más difícil lo tienen los tres mayores que ingresaron en la residencia con plaza privada, que con tan solo un mes de plazo deben encontrar otro destino al que ir porque la Generalitat no les asegura una nueva plaza. “Si estás en un contrato de alquiler, la ley dice que el propietario te tiene que avisar con cuatro meses de antelación, aquí nos han avisado con tres semanas”, se queja Toni. “Además, esa misma semana llamaron a la doctora y la echaron”, de modo que lamenta que, desde entonces, ni su madre con alzheimer ni los otros 23 residentes tienen médico.
“Para muchas personas mayores ingresar a una residencia ya es un trauma. Si los vuelves a sacar de lo que era su casa y les rompes la rutina, eso puede generar una bajada en su salud psíquica y física”, considera María José Carcelén, portavoz de la Coordinadora 5+1. “Hay personas mayores que se han hecho amigos o amigas, y si los envían a residencias separadas muchos no entenderán el porqué. Se encuentran descolocados”, explica Elisa Díaz, de la fundación Som Fundació, que acompaña y da apoyo a residentes con discapacidad intelectual. La trabajadora espetó contra la especulación de los fondos de inversión, que “nos está echando a todos de Barcelona”. “Nos iremos todos a vivir al pueblo y dejaremos la ciudad para los extranjeros”, zanja enfadada.
Las entidades convocantes de la concentración pidieron a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona “intervenir” en el mercado de la vivienda para poner coto a la especulación salvaje. “La propiedad quiere vender porque si convierten estas casas en pisos de temporada ganarán el doble, y eso que la Generalitat está financiando las plazas concertadas”, explica Ana Ramírez, de Marea Residències. “Hay un problema de vivienda. Hay mucha gente que se va a quedar en la calle, no solamente en las residencias sino también personas mayores que viven en sus casas o jubilados que no van a poder acceder a un contrato de alquiler”, denuncia María José Carcelén. “Lo que no puede ser es que se traslade a personas mayores como muebles de repente, porque eso tiene un precio en su salud”, zanja la portavoz.
El caso de la Residencia Tàber llegó a la comisión de derechos sociales del Ayuntamiento el martes de esta semana. El consistorio aprobó, a petición de Barcelona en Comú, la mediación del ayuntamiento con la nueva propiedad y también elaborar un informe sobre la situación en la que se encuentran las residencias en el Eixample de Barcelona para poder identificar casos similares. De momento ya hay identificadas cinco residencias en el barrio del Eixample Dret, que estarían afectando a unas 100 plazas y también al centro de día Club d’Avis Les Saleses.
Otros tres geriátricos del Eixample en situación similar
La Residencia Rosa Franch es otro geriátrico que deberá dejar el edificio por culpa de un fondo de inversión. Su gerente, Oriol Agulló, explica que, a diferencia de la Residencia Tàber, en su caso “han hecho los deberes con antelación y tienen una solución que ya han explicado a las partes afectadas”. El edificio de la calle Consell de Cent 403 es propiedad de Optimum RE Spain y fue uno de los once bloques del centro de Barcelona que adquirió la somici entre 2015 y 2016 para “su explotación en régimen de alquiler”. El fondo ya avisó de que no les renovaría el contrato de alquiler cuando se extinguiera este 2025.
De hecho, la residencia forma parte de la fundación sin ánimo de lucro Les Saleses, que gestiona tres residencias. Las otras dos son Ricard Julià y Ramón Sala, ubicadas en el mismo barrio y en edificios propiedad de grandes tenedores que tampoco renovarán el contrato a la fundación. Pese a ello, el gerente de Les Saleses remarca que llevan mucho tiempo trabajando para encontrar una solución que mantenga las 56 plazas de los tres geriátricos y a todo el equipo de trabajadores.
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El distrito del Eixample acoge 81 residencias con 2.906 plazas de las 13.390 que hay en Barcelona, según el Consorcio de Servicios Sociales. El mismo consorcio ha registrado 12.361 peticiones de acceso en lista de espera a plazas públicas, pero puntualiza que no corresponden al total de personas físicas porque una persona puede constar en 3 centros.
No obstante, el tiempo de espera para acceder a una plaza pública evidencia que la oferta en Cataluña sigue siendo insuficiente. Más de la mitad de las residencias tardan más de un año en ofrecer una plaza pública.
La Consejería de Servicios Sociales e Inclusión tiene en el horizonte el reto de mantener las plazas y a la vez la calidad de las instalaciones. El decreto 69/2020 obligará a las residencias a establecer unos criterios arquitectónicos de calidad, como por ejemplo no tener a más de dos residentes por habitación, cosa que incumplen algunas de las residencias. La patronal de las pequeñas y medianas residencias, UPIMIR, advirtió meses atrás de que aplicar este decreto podría cerrar 12.000 plazas. Una de ellas podría haber sido la plaza de Juan, uno de los internos en la Residencia Tàber que cerrará a finales de este mes, porque él vivía en la misma habitación junto a dos otros internos más.
La especulación urbanística en el centro de las grandes ciudades impacta a todas las generaciones, y en esta ocasión los más mayores están siendo los más afectados. Veinticuatro personas que vivían en la Residencia Tàber de Barcelona están siendo expulsadas de un edificio de la calle Gran Via 625. El motivo es el mismo que el de tantos otros bloques del Eixample. Esta vez, un fondo de inversión francés, Activalia Invest, ha comprado el edificio de la residencia y ahora planea transformarla en pisos de alquiler de temporada. El andamio que ahora luce el edificio incluye un gran rótulo en el que se puede leer Liquidación por traslado no deja lugar a dudas. Si no hay cambios de última hora, el edificio quedará vacío antes de finales de mes.