La lista de empresas, tanto públicas como privadas, que abusan de los estudiantes que acuden a ellas para realizar sus prácticas es larga. La falta de regulación y, según denuncian los jóvenes, la propia falta de protección de la universidad es lo que lo permite. Sin embargo, muchas veces es el propio centro de estudios el que, además de no proteger a sus estudiantes, se convierte en el peor enemigo de estos. Es el caso de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que el año pasado recibió la visita de una inspección de trabajo motivada por una denuncia del sindicato CCOO. En su informe final, el organismo concluyó que casi 400 alumnos habían sido utilizados por la universidad de forma irregular para cubrir puestos estructurales, por lo que instó a la universidad a reconocerles como trabajadores indefinidos a tiempo parcial y a concederles los derechos que, como tal, tienen reconocidos. La negativa de la universidad, en cambio, llevó a la Tesorería General de la Seguridad Social a interponer una demanda judicial contra ella. Y a su vez, contra parte de los alumnos que se encontraban en esa situación: en total, 284. Todos ellos acudieron este jueves a la comparecencia judicial para el nombramiento de su representante común.
La demanda llega después de un largo proceso iniciado por CCOO. El pasado mes de octubre, el sindicato denunció a la UAM por "el empleo irregular" al que estaban sometidos algunos de sus estudiantes. Desde hacía años, muchas personas matriculadas en algunos de sus estudios realizaban prácticas extracurriculares –es decir, actividades de carácter voluntario que complementan la formación del alumno– en los propios servicios de la universidad, como por ejemplo en los laboratorios. Es el caso de Jesús, que estuvo trabajando como auxiliar de biblioteca en la facultad de Ciencias Económicas. Hacía, según relata a infoLibre, "exactamente lo mismo que el personal funcionario" pero, al contrario que este, no era reconocido como trabajador. "Había muchos compañeros en la misma situación", denuncia. "Las prácticas no tenían nada que ver con nuestra formación académica y ni siquiera obteníamos créditos por ellas", continúa. Lo que sí obtenían los estudiantes era dos tipos de ayudas: una de 300 euros por 18 horas semanales para los alumnos de Grado y otra de 600 euros mensuales por 25 horas para los de Posgrado.
"Parece que el programa de prácticas externas encubre realmente una especie de Agencia de Empleo para la propia Universidad Autónoma de Madrid", denunció entonces CCOO, tal y como informa Isabel Galvín, portavoz de Educación de CCOO de Enseñanza de Madrid. "Suministra mano de obra barata y precaria para desarrollar tareas propias de los empleados de la UAM", concreta el sindicato.
La inspección de trabajo, al constatar esta situación, instó entonces a la universidad a reconocer a los alumnos como trabajadores. "Pero se negó a hacerlo porque justificaron que eran prácticas formativas", critica Jesús. Y así lo explicó a este diario Javier Oubiña, delegado del Rector de Comunicación e Imagen Institucional de la UAM. Según argumenta, el hecho de que algunos estudiantes cumplieran funciones no relacionadas con sus estudios se debe a que el Plan Bolonia establece que los alumnos deben adquirir dos tipos de competencias: las específicas de cada Grado y las transversales, comunes a todas las titulaciones, como por ejemplo "saber trabajar en equipo". Ahí se enmarcarían las prácticas que, según la inspección, son irregulares.
La Seguridad Social, por su parte, sí cambió el régimen de cotización de todos ellos.
Recurso de la universidad
Tras la resolución de la inspección, la universidad decidió interponer un recurso pidiendo la nulidad del proceso. Pero además, en paralelo, suspendieron las prácticas extracurriculares, dejando a todos los estudiantes que disfrutaban de ellas sin la beca que obtenían. "Entonces nos empezamos a movilizar los afectados y convocamos varias manifestaciones", recuerda Jesús. Intentaron, además, resolver el conflicto a base de negociaciones con la universidad, pero ninguna reunión terminó con acuerdo. "Siempre pedíamos, como mínimo, que reconocieran que estábamos cubriendo puestos de trabajo. No querían hacerlo y así fue muy complicado que llegáramos a ningún acuerdo", continúa.
Así, con la negativa de la universidad a acatar lo dictado por la inspección de trabajo, se agotó la vía administrativa, por lo que el pasado mes de abril la Tesorería General de la Seguridad Social, en procedimiento de oficio, interpuso una demanda contra la UAM y, además, contra 284 de los estudiantes. Según explica Jesús, el hecho de que los estudiantes sean parte demandada no les afectará. Lo hacen, detalla, porque la inspección quiere recuperar las cotizaciones atrasadas con motivo del cambio en el régimen de cotización. "Esa cantidad la abonaría la propia universidad", explica.
Este jueves, los estudiantes han tenido su primera visita a los juzgados. Eligieron a sus representantes, y se decantaron por escoger a tres de los abogados que les asesoraron desde que comenzaron las movilizaciones a finales de 2017. "Nos representarán a todos", explica Jesús. El siguiente paso serán las vistillas, "pero eso tendrá lugar el año que viene". Su objetivo, según insiste en varias ocasiones, no es distinto que el de la inspección: que se reconozca que prestaron servicios laborales en puestos estructurales de la universidad y que, tras ello, se les abonen las cotizaciones pendientes. "De forma individual, algunos también hemos interpuestos demandas judiciales contra la universidad por despido improcedente", añade.
"Fraude generalizado"
La situación de los becarios de la UAM no es única, sino que ejemplifica un problema estructural que, tanto sindicatos como estudiantes, vienen denunciando desde hace tiempo. Según denunció CCOO el pasado mes de febrero, en España hay 1,4 millones de jóvenes trabajando en prácticas no laborales sin percibir remuneración ni cotizar a la Seguridad Social. La cifra engloba aquellos contratos complementarios y no complementarios a la formación destinados a jóvenes con titulación universitaria o formación profesional y sin experiencia. Para ellos, recordó entonces el sindicato, la precariedad se ha convertido "en su condición laboral normal".
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"Uno de los problemas es que no existen datos ni estadísticas de cuántas personas forman el colectivo [de becarios]", explica Carlos Gutiérrez, secretario de Juventud y Nuevas Realidades Laborales de CCOO. Hay muchas prácticas que no ofrecen ningún tipo de remuneración económica y que, por tanto, impiden al estudiante cotizar a la Seguridad Social, complicando de esta manera el registro del número de jóvenes que están en esta situación. "Estamos intentado problematizar esta situación para que también se aborde su regulación", detalla Gutiérrez.
En este sentido, el sindicato propone que las prácticas extracurriculares se "laboralicen a través de algún tipo de contrato". "En ese tipo de prácticas es donde se produce principalmente el fraude generalizado", critica. Por su parte, las curriculares deberían regularizase y dotarse "de calidad, de un 'estatuto del becario' y de una remuneración", añade.
Las universidades, en paralelo, deben ser "proactivas" y no permitir este tipo de fraudes y abusos laborales. "Son las primeras que se están aprovechando de de la situación de la falta de regulación y, así, son las primeras que llevan a cabo los fraudes", concluye.
La lista de empresas, tanto públicas como privadas, que abusan de los estudiantes que acuden a ellas para realizar sus prácticas es larga. La falta de regulación y, según denuncian los jóvenes, la propia falta de protección de la universidad es lo que lo permite. Sin embargo, muchas veces es el propio centro de estudios el que, además de no proteger a sus estudiantes, se convierte en el peor enemigo de estos. Es el caso de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que el año pasado recibió la visita de una inspección de trabajo motivada por una denuncia del sindicato CCOO. En su informe final, el organismo concluyó que casi 400 alumnos habían sido utilizados por la universidad de forma irregular para cubrir puestos estructurales, por lo que instó a la universidad a reconocerles como trabajadores indefinidos a tiempo parcial y a concederles los derechos que, como tal, tienen reconocidos. La negativa de la universidad, en cambio, llevó a la Tesorería General de la Seguridad Social a interponer una demanda judicial contra ella. Y a su vez, contra parte de los alumnos que se encontraban en esa situación: en total, 284. Todos ellos acudieron este jueves a la comparecencia judicial para el nombramiento de su representante común.