Investigación

Una fundación pública de Madrid gastó bajo el Gobierno de Aguirre un millón en "8.500 encuestas" sociales imposibles de rastrear

Esperanza Aguirre a su salida de la Audiencia Provincial de Madrid.

La Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social de la Comunidad de Madrid, la entidad pública que terminó por dirigir Santiago Abascal en su último año de existencia, 2013, declaró haber destinado en 2010 y 2011 más de un millón de euros (1,03) al trabajo de campo de un macroestudio sobre la aplicación de la Ley de Dependencia. Oficialmente, las encuestas se hicieron en el verano de 2010. Pero ni hay rastro de la ficha técnica –que opera como el DNI de cualquier estudio demoscópico– ni se sabe qué personas o empresas dirigieron y desarrollaron el trabajo de campo. Tras dos meses de peticiones y de espera, la Comunidad de Madrid se ha limitado a facilitar a infoLibre la referencia de un libro lanzado en 2013. La obra cita ese trabajo de campo como principal "fuente de información" pero lo hace sin desvelar ninguno de los datos propios de cualquier ficha técnica. El proceso de adjudicación y realización de las encuestas vinculadas al macroestudio resulta, por tanto, imposible de rastrear con los datos disponibles.

El trabajo de campo lo integraron, oficialmente, 8.500 encuestas “en domicilio y en centros”, una muestra que expertos consultados por este periódico califican como muy superior a las habituales en sondeos de cualquier naturaleza. Por ejemplo, el CIS utilizó en febrero de 2011 una muestra de 1.200 encuestas para un estudio piloto sobre el grado de satisfacción con la Ley de Dependencia en 14 comunidades autónomas entre las que no figuraba Madrid. [Para ver el cuestionario, pincha aquí].

El avance del macroestudio madrileño, presentado dos meses antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011 [pincha aquí para verlo],  aquellas que reportaron a Esperanza Aguirre sus mejores resultados, dice que las 8.500 encuestas se hicieron entre julio y septiembre de 2010. El mes previo a ese periodo, junio de 2010, y siempre según sus propios datos, el Ejecutivo regional ya había finalizado un Estudio socioeconómico de los solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia en la Comunidad de Madrid.

¿Objetivos solapados?

En qué diferían los objetivos de ese primer estudio socioeconómico citado como principal fuente bibliográfica –es decir, preexistente al trabajo de campo– de los de aquel otro cuyo trabajo de campo pagó luego la Fundación para el Mecenazgo es un dato desconocido: este periódico conoció el viernes la existencia de ese primer estudio socioeconómico y desde entonces no ha logrado localizarlo.

Otra de las incógnitas es la de por qué la Comunidad de Madrid nunca enarboló en años sucesivos y como referencia capital en debates o proyectos normativos un estudio de tal magnitud como el realizado con fondos de la Fundación para el Mecenazgo. Si se realiza una búsqueda en Google para el título exacto del libro que, editado en 2013, compendia en teoría los resultados del estudio: Las personas en situación de dependencia. El compromiso de la Comunidad de Madrid con la atención a la dependencia, el motor devuelve solo cuatro resultados, tres de ellos del dominio docplayer.es.

El capítulo 3 de ese volumen dedica 30 de sus 300 páginas al Análisis socioeconómico de la persona en situación de dependencia. Es decir, a la materia que ya había centrado un estudio previo de la Comunidad de Madrid, el de junio de 2010. Ese estudio previo se identifica como la más importante fuente bibliográfica del estudio pagado por la Fundación para el Mecenazgo. Pero no hay más pistas sobre en qué puntos confluyen ambos estudios, si es que lo hacen.

Y es ese capítulo tercero el que dice lo siguiente: "En este apartado se analizan los resultados obtenidos en las encuestas realizadas durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2010 en la Comunidad de Madrid (8.500 encuestas)". Las encuestas han sido realizadas tanto en el entorno del domicilio como en el del centro de atención de la persona en situación de dependencia". "En primer lugar –añade– se han analizado las preferencias del Programa Individual de Atención (PIA) de los solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia. Las preferencias de las personas valoradas identificadas en el trámite de consulta no son vinculantes. Una vez resuelto el expediente, el trabajador social revisa las preferencias de atención del usuario en función del Grado y Nivel reconocido, iniciando el Programa Individual de Atención". ¿Significa lo anterior que esas 8.500 encuestas esgrimidas por la Fundación para el Mecenazgo como el origen de un gasto total de 1,03 millones fueron hechas en realidad por trabajadores sociales de la Comunidad de Madrid o por otros contratados por la fundación? Este periódico no ha podido averiguarlo.

Por sus características, incluso en el caso de las netamente públicas y máxime antes de la Ley de Transparencia, los entresijos económicos de las fundaciones son de muy difícil o casi imposible seguimiento para los partidos ajenos al Gobierno. Dominada por la Comunidad de Madrid, la del Mecenazgo y el Patrocinio Social inició su proceso de disolución en diciembre de 2013. En febrero de ese año, había fichado como gerente al actual líder de Vox con un sueldo de 82.000 euros anuales. La Cámara de Cuentas desistió luego de fiscalizarla alegando que no había podido obtener los documentos necesarios para practicar un examen fiable.

Hace dos meses, infoLibre solicitó al amparo de la Ley de Transparencia copia del estudio elaborado con la ayuda de la citada entidad, trabajo de campo incluido y con especificación de los importes abonados y las fechas de abono así como la relación de personas físicas o jurídicas a las que fueron encomendadas las encuestas. La Comunidad ha facilitado a este periódico algunos otros documentos requeridos sobre la Fundación para el Mecenazgo pero ninguno de los arriba mencionados. En sus memorias, la fundación declaró como gasto de 2010 imputado al estudio de dependencia 944.584 euros y otros 84.564 en 2011. La mayor parte de esos 944.584 euros (520.140 euros) quedaron anotados en 2010 dentro de una subcuenta de gastos exteriores, la de "otros servicios", normalmente utilizada como cajón de sastre. No es posible, por tanto, saber a qué se destinó ese medio millón.

La fundación, que en 2010 declaró una plantilla media de 16,5 personas, se encuentra ya disuelta. Pero quienes la regían cuando se declararon aquellos gastos y cuando los resultados de aquel ingente trabajo de campo quedaron oficialmente recogidos en un libro editado en 2013 siguen en política: Engracia Hidalgo, titular de Hacienda en el Gobierno regional durante la recién clausurada legislatura, presidió la fundación hasta junio de 2011 en su calidad de consejera de Asuntos Sociales. Jesús Fermosel, hasta ahora senador y diputado autonómico por el PP, era el consejero del área y el presidente de la fundación en 2013, cuando salió de imprenta el libro. Y Santiago Abascal, hoy líder de Vox, ocupaba el cargo de gerente de la entidad en ese mismo año de 2013, año en que la memoria de la fundación no alude ya al estudio. Sorprendentemente, el volumen localizado por este periódico siguiendo las indicaciones del Gobierno regional cita el nombre de Fermosel como director del estudio pese a que ya Engracia Hidalgo había presentado el avance de conclusiones del estudio en marzo de 2011. En esa fecha, Fermosel no formaba parte de la estructura de la Consejería de Asuntos Sociales.

Localizada por este periódico en un centro de documentación sobre dependencia, la obra consta de 300 páginas foliadas más las de los créditos finales. Y es en ese tramo final, dentro del apartado Colaboradores, donde aparece el logotipo de la Fundación para el Mecenazgo junto con el de la Fundación Caja Madrid, que financió el “trabajo de campo” en virtud de un convenio suscrito en diciembre de 2009 con el Gobierno madrileño. Es la única referencia a la fundación, de cuyo papel en el estudio no hay ni una sola sílaba en esas 300 páginas.

Este viernes, infoLibre transmitió a los portavoces del Ejecutivo regional que, a la luz de los datos disponibles, las 8.500 encuestas invocadas como base del trabajo de campo de la fundación parecen corresponderse con las hechas por la Comunidad de Madrid para el ya referido Estudio socioeconómico de junio de 2010. Este periódico pidió de forma expresa a sus interlocutores en la Administración madrileña que corrigiesen esa afirmación de ser incorrecta. No hubo respuesta.

La penúltima autonomía en pago de prestaciones

En julio de 2010, cuando comenzó el millonario trabajo de campo cuyo coste declara haber afrontado la Fundación para el Mecenazgo, Madrid era la penúltima comunidad española en tasa de pago de prestaciones a beneficiarios de la Ley de Dependencia [puedes verlo pinchando aquí y yendo a la tabla 2.9] . Entonces solo por delante de Canarias, Madrid abonaba ayudas a 38.088 personas, el 65,63% de aquellos que tenían reconocido el derecho a percibirlas.

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Un experto consultado por este periódico y que pidió expresamente el anonimato asegura que con un millón de euros la Comunidad habría pagado durante todo un año las prestaciones a 200 dependientes. “No tiene sentido –añade la fuente– gastarse un millón en un estudio de esas características cuando el Observatorio Estatal de la Dependencia produce continuamente dictámenes de forma gratuita”. La fuente no recuerda ningún caso similar donde el número de encuestas haya alcanzado la cifra de 8.500.

Los documentos oficiales de la Fundación para el Mecenazo, que acordó disolverse en diciembre de 2013, tampoco aportan pistas. Su memoria de 2011 llega a decir que el estudio había “facilitado la redacción y elaboración del Libro Blanco de la Dependencia”Libro Blanco de la Dependencia. “El único Libro Blanco de la Dependencia que hay en España lo elaboró el Gobierno central en 2004, antes de que se aprobara la ley”, sentencia rotundo uno de los profesionales consultados.

Las fuentes consultadas en la Comunidad de Madrid a lo largo de los dos últimos meses han rehusado en todo momento facilitar el contacto con expertos propios o responsables políticos de la administración regional para abordar los interrogantes que planean sobre este estudio.

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