Los otros García-Castellón: cuando las pifias judiciales tumban causas que marcan la agenda política
El caso Tsunami estaba llamado a convertirse en uno de los grandes diques de contención contra la amnistía. Tanto es así que terminó influyendo directamente en el redactado de la norma. Pero el castillo de naipes que durante un lustro se encargó de levantar el titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha acabado viniéndose abajo. No por el empeño del magistrado de atribuir a los investigados un delito de terrorismo derivado de las protestas ciudadanas tras la sentencia del procés, una calificación de los hechos que avalaron sus superiores. Lo que ha desencadenado el carpetazo definitivo ha sido un error formal en la instrucción de la causa. Otro fallo judicial más que quedará para la posteridad.
A García-Castellón, que se jubilará el próximo mes de septiembre, se le pasaron los plazos. Y alargó de manera irregular la investigación del caso Tsunami. El 30 de julio de 2021, el magistrado acordó prorrogar la instrucción. Pero el límite para hacerlo había vencido veinticuatro horas antes. De ahí que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional invalidase este lunes los tres últimos años de pesquisas, un periodo en el que se recibieron varios informes claves de la Guardia Civil y en el que se terminó concretando la investigación por terrorismo contra el expresident Carles Puigdemont. Un varapalo mayúsculo que ha obligado tanto a García-Castellón como al Tribunal Supremo a decretar el archivo de una causa duramente criticada por la Fiscalía.
Algo parecido ocurrió hace apenas unas semanas en el llamado caso Volhov, centrado en la supuesta injerencia rusa en el procés y otro de los grandes escollos alrededor de la amnistía. A finales de mayo, la Audiencia de Barcelona tumbó la prórroga decretada el pasado verano por el instructor de la causa, Joaquín Aguirre, al considerar que no había justificado la necesidad de alargar aún más una investigación que está a punto de cumplir un lustro. Pero a diferencia de lo sucedido con Tsunami, en este caso el magistrado ha buscado una "solución alternativa" para mantener viva la causa: abrir una pieza desgajada a su vez de otra. Una maniobra contra la que han presentado recursos las defensas de los investigados.
Pero ni Aguirre ni García-Castellón son los primeros en cometer errores de este tipo. Ni serán, seguramente, los últimos. Las prórrogas las carga el diablo. Y eso es algo que saben bien jueces y fiscales. Un olvido del Ministerio Público a la hora de solicitar la declaración como "causa compleja" del llamado caso Pasarelas –en base a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) de Rafael Catalá– provocó en su día la absolución del expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez. Y la ampliación extemporánea de la instrucción hizo que se vinieran abajo el caso Isofotón, que afectaba a más de una decena de ex altos cargos de la Junta de Andalucía, o Avales, centrado en la concesión de préstamos y garantías financieras por parte de la Agencia IDEA.
Errores judiciales que también han terminado reduciendo a la mínima expresión otras muchas causas. Una de ellas es la que afectaba al marido de la ex directora general de la Guardia Civil María Gámez, que provocó la dimisión de ésta. En junio, al juez no le quedó más remedio que archivar el sumario contra él después de que la Audiencia de Sevilla concluyese que la investigación del empresario debía haber finalizado en julio de 2022, siete meses antes de que fuera citado como investigado. Algo similar ocurrió en Testudo, centrada en una presunta red de blanqueo de la mafia rusa en la costa valenciana y sus conexiones con el PP. En este caso, la instructora acordó la declaración de varios de los investigados sin que el plazo de instrucción se hubiera "prorrogado en forma", lo que provocó numerosos archivos.
Archivos precipitados, investigaciones abusivas y secretos sin sentido
No es raro que instancias superiores enmienden la plana a instructores. De hecho, García-Castellón acumula varios varapalos de este tipo en su historial. En algunos casos, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ha tirado de las orejas por archivar de manera precipitada –ocurrió en Púnica o Tándem–. En otros, le ha ordenado cerrar causas. Ocurrió, por ejemplo, con las pesquisas secretas sobre la supuesta financiación irregular de Podemos que abrió en base a la información del exjefe de la inteligencia venezolana El Pollo Carvajal. Los magistrados le reprocharon que estuviese haciendo una investigación "prospectiva". García-Castellón decretó el archivo, pero pocos días después puso en marcha otra causa para investigar por blanqueo y falsedad a Juan Carlos Monedero.
Aunque avalada por la Sala de lo Penal, también en esta nueva investigación ha recibido algún que otro correctivo. Por ejemplo, cuando le exigieron que diese acceso a Monedero a "todo lo actuado" para evitar su indefensión dado que no estaba la causa bajo secreto de sumario. Un velo alrededor de las actuaciones que el juez Juan Carlos Peinado, por su parte, usó de forma peculiar en la causa que afecta a la mujer del presidente del Gobierno. "Es innecesario acordar el secreto de las actuaciones, ya que no se indica en el auto recurrido la finalidad de dicha restricción de derechos, y no obstante, se permite a la denunciada tomar conocimiento del resultado de las diligencias, no cumpliéndose con la finalidad que justificaría el secreto", le reprochó la Audiencia de Madrid.
En aquel auto, la instancia superior madrileña también se pronunció sobre la querella del pseudosindicato ultra Manos Limpias que dio origen a las pesquisas. Y lo hizo imponiendo ciertos límites a la investigación. Así, consideró que la parte relativa al rescate de Air Europa se apoyaba en una "simple conjetura" y que sólo había "datos objetivos suficientes" en lo relativo a los contratos adjudicados por Red.es a Innova Next, del empresario Juan Carlos Barrabés. Pero esta pata la asumió recientemente la Fiscalía Europea. A pesar de ello, Peinado mantiene viva la causa, aunque sin dejar del todo claro cuáles son los hechos que siguen bajo su lupa. De ahí que tanto Gómez como la Fiscalía hayan recurrido de nuevo a la Audiencia de Madrid denunciando una "causa general".
Escuchas desproporcionadas y querellas admitidas sin base
Aguirre es otro de esos magistrados corregidos en diferentes ocasiones. Uno de los varapalos más importantes se lo llevó con el caso Macedonia, que giraba alrededor de una supuesta red de corrupción policial en torno al narcotráfico que al final quedó en nada. La Audiencia de Barcelona, en su sentencia, llegó a señalar que la investigación había sido por momentos prospectiva, "errática" y "desproporcionada". Y hasta cargó contra una parte importante de las intervenciones telefónicas que se habían realizado en el procedimiento: "La afectación de derechos fundamentales de muchos ciudadanos fue evidente y no estaba justificada".
El juez García Castellón archiva el 'caso Tsunami' tras el varapalo de la Audiencia Nacional
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También en el caso Negreira, en el que se investigan los pagos que el FC Barcelona realizó durante años al exvicepresidente de los árbitros José María Enríquez Negreira, el magistrado recibió recientemente una reprimenda de sus superiores. A finales de mayo, la Audiencia de Barcelona corrigió, por un lado, la decisión de Aguirre de investigar al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, al considerar que los hechos que se le atribuían estarían prescritos. Y, por otro, le tumbó los delitos de blanqueo de capitales y cohecho. Frente al criterio del instructor, los magistrados señalaron que este último tipo no podía tener cabida porque el ex número dos del Comité Técnico Arbitral no podía tener la consideración de funcionario público.
Correcciones en instancias superiores que se han podido ver en otras muchas causas con una enorme repercusión mediática. Ocurrió, por ejemplo, con el caso Ghali, que giró alrededor de la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, sin pasar controles de frontera o documentación para ser tratado de coronavirus en un hospital de Logroño. Frente al criterio del instructor, que pretendía seguir investigando a la exministra de Exteriores Arancha González Laya, la Audiencia de Zaragoza terminó ordenando el archivo de la causa para ella al entender que el acceso sin someterse a control fronterizo de Ghali sería un "acto político o de gobierno" al que no se le podía dar "trascendencia en sede penal".
Y lo mismo sucedió con la querella que en su día interpuso Vox contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por un delito de malversación al "beneficiar" al PSOE en sus encuestas. El Juzgado de Instrucción nº29 de Madrid la admitió a trámite. Y llegó a citar a declarar a Tezanos como investigado. Pero antes de que eso ocurriera, la Audiencia de Madrid ordenó el archivo. Lo hizo a través de un auto en el que criticó el "inexplicable silencio" de la instructora, que fue alto cargo de los gobiernos de Mariano Rajoy y Cristina Cifuentes, "sobre los motivos" que la llevaban a abrir la investigación. "Llama la atención que [...] no explique qué relación guardan las conductas descritas con el delito de malversación", le afearon.
