García Castellón citó a Puigdemont sin esperar al informe que él mismo había pedido a la Fiscalía

La Fiscalía ha afilado las dudas sobre la extraordinaria coincidencia de fechas entre el momento en que PSOE-Junts ya estaban a un paso del acuerdo de investidura y el auto con que el juez Manuel García Castellón señala a Carles Puigdemont como partícipe en un supuesto delito de terrorismo en un caso abierto hace cuatro años, los disturbios del movimiento Tsunami Democràtic. Los interrogantes o las dudas se agudizan porque en el segundo párrafo del recurso de 23 páginas el fiscal explica por qué ha impugnado el auto de García Castellón directamente ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en vez de optar por el habitual recurso de reforma, es decir, el que se plantea ante el propio juez de cuyo criterio se discrepa. Lo ha hecho así –expone el documento– porque resultaría “estéril” refutar la resolución ante quien un viernes, el 3 de noviembre, envía al ministerio público el informe policial definitivo sobre la investigación, le pide que manifieste sus posiciones antes de adoptar una decisión y una vez acabado el fin de semana se apresura el lunes 6 a dictar un auto sin dar tiempo a la Fiscalía para que se pronuncie con carácter previo.

De no existir indicios de terrorismo –cuya investigación concierne en exclusiva a la Audiencia Nacional–, García Castellón dejaría de ser instructor del caso. Y este debería volver al juzgado catalán donde arrancó la instrucción. O como dicen los juristas, al juez ordinario predeterminado por ley y no a un tribunal –la Audiencia Nacional– de potestades excepcionales. En su recurso, la Fiscalía afirma que la investigación judicial abierta hace cuatro años “no ha arrojado elementos indiciarios que permitan sostener la existencia de una organización o grupo criminal ni tampoco su carácter terrorista, que sería el que justificase la competencia de la Audiencia Nacional”.

Elaborado por la Guardia Civil, son 202 folios los que integran ese “informe final de recapitulación de hechos” –así lo denomina el recurso del ministerio público– que García Castellón envió el viernes a la Fiscalía y del que aún carecen algunas de las defensas del caso. El despacho de Gonzalo Boye, abogado de Josep Lluis Alay, jefe de la oficina de su también defendido Carles Puigdemont, aseguró este lunes a infoLibre que a día de hoy continúa sin tener acceso al informe de la Guardia Civil, así como a cualquiera de las diligencias practicadas en el caso Tsunami por la Audiencia Nacional.

Este periódico ha comprobado que en el informe de los investigadores policiales, y en contra de lo que viene a sugerir el juez para afianzar la idea de que estamos ante terrorismo –delito excluido del proyecto de ley de amnistía pactado por PSOE y Junts en caso de sentencia firme-–, no se identifica la muerte de un turista francés por infarto como consecuencia del bloqueo del aeropuerto de El Prat en octubre de 2019. Es más, en sus páginas ni se menciona aquel fallecimiento de 2019. 

Es ahora, y pese a que el ministerio público define como “final” la memoria de investigación aportada por la Guardia Civil, cuando García Castellón pide en su auto al Instituto Armado “que informe sobre el fallecimiento de la persona de la que se hicieron eco los medios de comunicación el 14/10/2019, y su posible vinculación con la acción de bloqueo del acceso al aeropuerto", solicitando además "su identificación a los efectos de poder citar a sus familiares como perjudicados”.

Un imputado en Tsunami pide apartar a García Castellón por sus opiniones públicas contra la amnistía

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Como remarca el recurso de la Fiscalía, otra cuestión de relevancia para el caso es que en el informe policial no se dedique a Puigdemont “ningún apartado o capítulo ni se le atribuyan hechos concretos en relación con actividades delictivas relacionadas con Tsunami Democràtic”.

Solicitud un viernes, auto un lunes

Juristas ajenos a la causa señalan en que legalmente el juez no está obligado a posponer la emisión de un auto hasta que la Fiscalía se pronuncie, pero coinciden en que carece de sentido que dicte el auto sin conocer qué opina el ministerio público en las circunstancias que confluyen aquí: que, como ha verificado infoLibre, el envío del informe de la Guardia Civil se produce un viernes –último día laborable de la semana–, que en la providencia donde anuncia tal envío le inste a manifestar lo que considere oportuno como acusación pública y que luego adopte una resolución antes de obtener respuesta y sin que haya transcurrido más que un día hábil.

Este diario ignora el porqué de la premura con que el titular del juzgado central de instrucción 6 ha actuado en un caso que durante cuatro años ha ido circulando a marcha lenta. Justo un mes antes de dictar el auto donde junto a otros nueve independentistas catalanes imputa a la número 2 de ERC, Marta Rovira, e insta a Carles Puigdemont a comparecer “voluntariamente” mientras “no se libre el correspondiente suplicatorio”, el magistrado dio una conferencia en Orense invitado por un diario local. Tras los encendidos elogios que como presentador del acto le dedicó Julio Ariza, jefe de la constelación mediática nacida de Intereconomía y ligada a Vox, García Castellón se pronunció “como ciudadano” contra una futura ley de amnistía. Fue en respuesta a una pregunta durante el coloquio cuando dijo lo que sigue: “Yo únicamente como ciudadano podía decir dos cosas: una, que en la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y sin embargo no es posible y no está prohibida expresamente; y dos, estos señores han dicho que en cuanto puedan van a volver a repetirlo. Por lo tanto, ¿será esta la primera amnistía de muchas otras después? No lo sé”. Un imputado en el caso ya ha pedido apartar a García Castellón por estas declaraciones.