Las geriatras declaran al juez que se guiaron por el Protocolo de la Vergüenza del que Ayuso se desentiende
Nunca antes las geriatras de enlace con las residencias en la Comunidad de Madrid habían rememorado frente a un juez los momentos más duros de la pandemia. Hasta este martes, cuando dos de ellas han detallado en el Juzgado de Instrucción nº4 de la capital cómo actuaron en plena primera ola de la crisis sanitaria. Durante su comparecencia, ambas han relatado una situación de "medicina de guerra". Y han manifestado que actuaron bajo los criterios que establecía el famoso Protocolo de la Vergüenza, desvelado por infoLibre y que impidió el traslado de miles de ancianos residentes a centros sanitarios. Un documento del que, minutos antes, se había desentendido Carlos Mur, el que fuera director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
El ex alto cargo del Ejecutivo regional, que firmó las instrucciones sanitarias y que ahora trabaja para el Servicio Andorrano de Atención Sanitaria, ha comparecido como testigo en la causa en la que se investiga la muerte de más de media docena de personas en las residencias Amavir Arganzuela y Adolfo Suárez, un procedimiento en el que figuran como investigadas las directoras y dos médicas de los centros. Tras él, han prestado declaración bajo la misma condición ante el juez Marcelino Sexmero dos geriatras de los hospitales Ramón y Cajal y la Fundación Jiménez Díaz, centros de referencia de las residencias que se encuentran bajo la lupa judicial.
La comparecencia del ex director general de Coordinación Sociosanitaria ha arrancado a media mañana en Plaza de Castilla. Y se ha prolongado durante algo menos de una hora. En su testifical, Mur ha señalado que los protocolos "estuvieron activos" y fueron remitidos a "todos los centros hospitalarios" de la región. Pero a pesar de ello, ha señalado que los mismos "no eran de obligado cumplimiento", algo que choca con la interpretación que algunos juristas hacen de los mismos. "Ha descargado la responsabilidad de la aplicación en los propios centros hospitalarios y los geriatras de referencia", ha apuntado Andrés Ollero, abogado de las familias, que han interpuesto las querellas a través de Pladigmare.
En el caso de la Comunidad de Madrid, según desveló infoLibre, la Consejería de Sanidad aprobó hasta cuatro versiones diferentes del llamado Protocolo de la Vergüenza entre el 18 y el 25 de marzo de 2020, un documento que prohibía el traslado a los hospitales de los ancianos enfermos que vivían en residencias si tenían un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. En referencia al mismo, Mur ha señalado que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, "conocía" su existencia. De hecho, ha afirmado que se comunicaba de forma continua con su jefe para enviarle "propuestas" o solicitar "material y sanitarios" para los centros sociosanitarios.
Actuaron "bajo los criterios" de los protocolos
Pero nadie entendió que los protocolos no fueran de "obligado cumplimiento". Ni en residencias ni en hospitales. Durante el procedimiento, los geriátricos señalaron que no tenían "ninguna opción" más allá de "cumplir" con el contenido de esos documentos. Y este mismo martes, las dos geriatras de referencia han dejado claro ante el juez, según ha trasladado el abogado de las familias, que "actuaron bajo los criterios" que marcaban estos protocolos, que eran la "referencia" que tenían a la hora de tratar con los centros sociosanitarios durante la primera ola de la pandemia. En definitiva, las profesionales sanitarias recibieron las instrucciones de Sanidad y se guiaron por ellas.
Las geriatras, no obstante, también han aclarado que no se aplicaban de manera indiscriminada, sino que se hacían valoraciones individualizadas. "Analizaban caso por caso con el protocolo sobre la mesa y decidían, conforme con el médico de las residencias, quiénes eran trasladados y quiénes no en función de las patologías que tuvieran", ha explicado Ollero al finalizar las comparecencias. No obstante, ninguna de ellas recordaba los casos particulares sobre los que se sustentan las querellas que iniciaron el procedimiento. Al fin y al cabo, durante todas aquellas semanas estos profesionales sanitarios estuvieron completamente desbordados. Pocas manos, muchas horas.
Al principio, de hecho, el descontrol era absoluto. Así lo ha dejado entrever la geriatra del Hospital Ramón y Cajal, quien asumió de forma accidental la jefatura del servicio porque su mando había caído enfermo. En su declaración, ha explicado que la "masa de llamadas" que recibían era de tal calibre que no les daba tiempo a tomar demasiadas notas sobre quién se ponía en contacto con ellos y por qué motivo. "Por eso dice que no se acuerda de nada en relación con los casos concretos", resalta el abogado de las familias, quien ha llevado la voz cantante durante las comparecencias de este martes, en las que también ha estado presente el Ministerio Fiscal.
Solo en marzo y abril, los meses más duros de la pandemia, fallecieron en su residencia en Madrid sin ser trasladados a un hospital 7.291 mayores. La aprobación de dicho protocolo, de hecho, provocó un frenazo en las derivaciones. En las cuatro semanas más críticas, entre el 9 de marzo y el 5 de abril, los traslados desde las residencias a los centros hospitalarios se desplomaron un 36,8% en comparación con las cuatro previas. Los tres días con menos derivaciones, según la información publicada en su momento por infoLibre, fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de que se aprobase el Protocolo.
"No se puede cerrar una página cuando no se ha hecho justicia"
Las familias han seguido de cerca las declaraciones. Lo han hecho a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, donde decenas de personas, convocadas por colectivos como Pladigmare, se han concentrado desde primera hora de la mañana con pequeñas pancartas para exigir "verdad, justicia y reparación". La reunión ha discurrido en la más absoluta tranquilidad. Sólo la salida del ex director general de Coordinación Sociosanitaria del edificio judicial ha roto la calma. En su camino hacia el taxi que le esperaba en la carretera, algunas de las personas concentradas han ido a su encuentro con gritos de "¡Asesino, asesino!".
A las puertas de Plaza de Castilla se encontraba Puri Prieto, cuyo padre, Julián, falleció en el geriátrico público Adolfo Suárez. Y también Ángela Arreba, que perdió a su madre en la residencia privada Amavir Arganzuela. Por el momento, ninguna de ellas ha podido prestar declaración ante el juez, solo se han ratificado en sus querellas. Y lo único que buscan es que se haga justicia. “Hasta la fecha nadie se ha responsabilizado de nada. Ha habido 7.291 muertos en dos meses y aquí no hay ninguna responsabilidad, ni política ni de ningún tipo”, se quejaba Arreba en conversación con este diario, al tiempo que lamenta que las familias se encuentren “absolutamente abandonadas”: “Nos sentimos olvidados del todo”.
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“No se puede cerrar una página cuando no se ha hecho justicia, cuando los responsables de esas muertes están ahí, tan tranquilos”, resalta, por su parte, Prieto. A pesar de todas las dificultades y del paso de los meses, las familias no se muestran dispuestas a tirar la toalla. Irán hasta el final. “Lo que quieren es que se pase página, que caiga en el olvido, pero seguiremos siempre en la lucha”, resaltaba la mujer en conversación con infoLibre.
En esta batalla continua que mantienen desde hace algo más de tres años, cualquier buena noticia les insufla un aire de esperanza. El pasado viernes, el Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba reabrió por orden de la Audiencia Provincial una investigación para conocer la responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de dos de sus consejeros en marzo de 2020, Enrique López (Justicia e Interior) y Enrique Ruiz Escudero (Sanidad), en la aprobación del Protocolo de la Vergüenza, un documento que el propio Ejecutivo regional y la propia Ayuso tildaron de simple "borrador", algo que con el paso del tiempo se ha demostrado falso.
Ollero, sin embargo, se muestra pesimista. En declaraciones a los medios, ha deslizado que la justicia ha cerrado el paso a actuar contra la presidenta y los consejeros al entender que no existen "suficientes pruebas y esa causalidad como para derivar una responsabilidad penal" de los mismos. "Lo que espero es que el Ministerio Fiscal se decida, de una vez por todas, a investigar. Él es quien tiene capacidad para indagar a fondo en las 7.291 muertes, solicitando informes médicos, datos a la oficina forense...", ha apuntado el abogado de las familias.
