He aquí tres académicos, o científicos, o eso que llamaríamos expertos, que han entrado en contacto con el poder político para ofrecer sus saberes e intentar mejorar así la gestión pública. ¿Qué sabor les deja la experiencia? En el mejor de los casos, agridulce.
El primero, Joan Carles March, no oculta una cierta decepción. Tras dos reuniones con el Ministerio de Sanidad, este profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública teme que la propuesta de una veintena de científicos de elaborar una auditoría de la gestión de la pandemia acabe concretándose, si se concreta, demasiado tarde. “El día a día los supera”, reflexiona. El segundo, Carles Ramió, un referente en el estudio de la Administración pública, sale preocupado de su papel como miembro de un comité que ha asesorado al Gobierno sobre una metodología concreta. A los expertos los han masacrado en las redes y en algunos medios. Ojo, advierte, porque podemos “cerrar uno de los escasos puentes de transferencia del conocimiento entre la academia y las instituciones públicas”. El tercero, el reputado economista Santiago Lago Peñas, con una larga trayectoria de ayuda puntual a las Administraciones públicas para que adopten sus decisiones con la mejor evidencia disponible, deja caer en su balance: "Buena parte de nuestros representantes políticos y los partidos a los que pertenecen tienen una excesiva dependencia de sus asesores de comunicación”. Es decir, mucho corto plazo.
Algo falla en España en el punto de encuentro entre decisiones políticas y conocimiento experto, entre políticos y científicos, entre gobiernos y especialistas. La pandemia ha hecho evidente el desacople. Una y otra vez, los responsables políticos acuden a la misma coletilla: “Hacemos lo que nos dicen los expertos”. Pero no siempre cuadra. Un ejemplo. En Andalucía, antes de Navidad, el Gobierno autonómico ordenó cerrar los bares de 18.00 a 20.00 horas invocando “informes científicos” de los “equipos de epidemiología” que no hizo públicos. Tras las quejas del sector, suavizó la medida. ¿Con qué informes? Sobrevuela este caso y otros muchos la impresión de que los expertos son situados como pararrayos y como excusa. Y una crítica más aparece con frecuencia: si el dictamen conviene al poder político, se saca a bombo y platillo; si no conviene, se guarda.
El fenómeno no es exclusivo de la pandemia. El informe del “comité de expertos para el futuro del Valle de los Caídos”, de 2011, durmió en un cajón hasta que Pedro Sánchez lo desempolvó para su aplicación parcial en la exhumación de Franco. El informe de la “comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica”, de 2017, sigue esperando traducción política. Pedro Linares, uno de los 14 expertos que elaboró en abril de 2018 el informe entregado al Gobierno Escenarios para la Transición Energética, afirma: “Este informe, como casi todos los similares, acabó en un cajón. Mi valoración de esta cuestión en España es muy negativa, al contrario que en otros países”. A veces, el recorrido del trabajo de los expertos es azaroso. Un ejemplo: la “armonización fiscal”, rechazada ahora con furor por el PP, forma parte del catálogo de propuestas de un comité de expertos a que recurrió el Gobierno con Mariano Rajoy al frente.
Ante una tercera ola y un proceso de vacunación que vuelven a hacer evidente la necesidad de conocimiento experto, infoLibre recaba respuestas a esta pregunta: ¿Qué falla en esa relación entre política y ciencia? Y emergen algunas ideas dominantes: 1) No es suficiente con el comité de crisis con el agua al cuello, sino que debe haber canales estables. 2) Elegir sólo científicos de tu cuerda arruina el trabajo. Ante la complejidad del mundo, los expertos deben ser plurales ideológicamente –¡sí, los científicos también tienen sesgos!–. 3) Pecan las dos partes: una por desconfianza política, la otra por soberbia intelectual. 4) Existe una asociación mental automática entre científico y “señor con bata blanca”, que a la vez se opone al economista, conformando un duopolio de saberes que orilla las ciencias sociales. 5) Los asesores del cortísimo plazo deberían perder algo de influencia en los políticos. 6) Urge desechar la idea del “gran sabio” que tiene La Solución. 7) Si los expertos son sometidos públicamente a la misma caña que los políticos, las escasas vías que hay se estrecharán.
El peso del día a día
El covid-19 ha aflorado una preocupación –¿un malestar?– latente en la comunidad científica. Abrieron fuego en agosto una veintena de científicos al reclamar en The Lancet una "evaluación independiente" sobre la gestión del coronavirus. Salvador Illa citó a una delegación de los firmantes el 1 de octubre. Tras la reunión, Sanidad acordó con las comunidades la creación de un grupo de trabajo para "elaborar una propuesta de marco evaluador del Sistema Nacional de Salud", que sigue a la espera. Joan Carles March, uno de los firmantes de la carta que acudió a la reunión con Sanidad, recuerda que en el encuentro detectó recelos. "Desde el ministerio se nos preguntó: '¿Por qué habéis enviado el artículo sin decírnoslo?'. Eso forma parte de una desconfianza, que es uno de los obstáculos". No obstante, March recalca que Sanidad "hizo los deberes" al fijar una línea de trabajo con las comunidades antes de una segunda reunión. En ese nuevo encuentro, señala el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, la partes habían "ganado confianza" y hablaron más de la gestión de la pandemia y sus problemas que de evaluación, construyendo una complicidad que podría ser útil para el proyecto.
¿En qué quedó? March reflexiona con "decepción" sobre el saldo final. "La idea era volver a reunirnos en noviembre, pero no lo hemos hecho. Lo que acaba ocurriendo es que la gestión de la pandemia pasa por encima de la evaluación científica. El día a día los supera", señala March, que afirma que el retraso en la evaluación la hará perder utilidad. A su juicio, hace falta crear "mecanismos estables" de trabajo políticos y científicos para que estos puedan ayudar a aquellos a tomar decisiones, sin sustituirlos.
March escribió a finales de octubre en Diario de SevillaDiario de Sevilla un artículo titulado Carta a Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, sobre la pandemia. A pesar de la repercusión de la carta, que combinaba la crítica con la propuesta, políticamente cayó en saco roto. "Si sólo buscas científicos adictos, no consigues nada. Los políticos se tensionan con los discrepancias. Todos buscan el científico de cabecera en el que puedan confiar, ideológicamente cercano. Y los científicos pensamos: 'No les interesa la ciencia'". Esa es la dinámica que hay que romper, según March.
El decálogo del malestar
No logró romper esa dinámica la iniciativa lanzada en octubre por 55 sociedades científicas al poner sobre la mesa un "decálogo" dirigido a los presidentes del Gobierno y las autonomías con un rotundo encabezado: "En la salud, ustedes mandan pero no saben". Los firmantes, que publicaron una recogida de firmas en Change.org, reclamaban decisiones en la "mejor evidencia científica disponible". Y afirmaban: "Sólo las autoridades sanitarias, sin ninguna injerencia política, deben ser quienes establezcan las prioridades [...]". Con amplia cobertura mediática, el decálogo estaba planteado en términos políticamente menos digeribles que la carta en The Lancet, lo que podría explicar su escaso recorrido. Juan Manuel Zaragoza Bernal, profesor de Filosofía de la Universidad de Murcia, desmenuzó la propuesta en un artículo crítico: "Imaginemos, por un momento, que esta carta estuviera firmada [...] por generales de las Fuerzas Armadas", planteaba. Es una objeción frecuente a esta carta y a su vez una de las explicaciones más usuales sobre las dificultades de acoplamiento política-ciencia: a la desconfianza política se responde con un punto de arrogancia académica.
Zaragoza Bernal añadía: "Para gestionar la complejidad, toda reducción es peligrosa, por muy tentadora que sea". Incluso la científica. A juicio del profesor, abordar la creciente complejidad del mundo no reclama "el silencio del laboratorio, sino la algarabía de la discusión pública". Es el motivo por el que Zaragoza Bernal cree que el enfoque de las sociedades científicas no abordaba el que ha sido gran error político ante la pandemia, el convocar sólo "dos saberes": el de los científicos y el de los economistas. "Es en estos términos en los que se ha planteado una dicotomía que buscaba resumir nuestro problema, reducirlo para hacerlo manejable: salvar vidas o salvar la economía. Partiendo de aquí, no podíamos esperar que las cosas saliesen bien", sostiene.
El riesgo de la simplificación
A juicio del profesor de Filosofía, la relación política-expertos venía viciada de origen por esta disyuntiva. Pero hay otros oídos que, según Zaragoza Bernal, sí han captado la música del momento. Por ejemplo, la Federación de Sociología, que emitió el 6 de octubre –dos días después que las sociedades científicas– un comunicado de cariz diferente. "Al contrario que aquel, este no pedía silencio. [...] Pedía que se les escuchase", recalca. "El encaje entre política y ciencia es siempre difícil, en España y en cualquier sitio. El saber experto es por definición antidemocrático, porque lo que hace es mandar callar, porque el científico es el que sabe", reflexiona ahora el profesor, aclarando que habla en términos "extremos y teóricos". "Ahora, además, nos encontramos con problemas muy complejos. No sólo la pandemia, sino el cambio climático. Pero mantenemos un mapa del conocimiento de principios del siglo XIX, cuando se optó por un proceso de especialización. Ahí se produce un conflicto entre la complejidad de los problemas y los saberes fragmentados. Ante eso, la política tiende a la simplificación con unos poquitos científicos de la cuerda". El profesor recalca que el Estado tiene sus expertos, entre los que cita los del INE, el Banco de España, "pero esa forma de relacionarse con el conocimiento no es funcional". "Necesitamos espacios interdisciplinares".
Ahí es donde el profesor le otorga valor a al comunicado Las ciencias sociales y la gestión e investigación de la covid-19Las ciencias sociales y la gestión e investigación de la covid-19, en el que los representantes de las ramas sociales de la ciencia señalan: "Llama la atención la relegación y abandono a que han sido sometidas las ciencias sociales desde los órganos de gestión [...]. La participación de científicos/as sociales en comités u órganos de asesoramiento, en universidades, organismos de investigación o administraciones públicas, ha sido anecdótica cuando no inexistente".
Hugo Cuello, especialista en evaluación de políticas, coincide en que a menudo se cae en el error político de pensar sólo en el "científico con bata". "Los científicos sociales son imprescindibles para los análisis rigurosos no sólo en la pandemia, sino en educación, inmigración, etcétera", explica. Cuello reparte culpas en relación chirriante entre política y conocimiento experto. "La toma de decisiones no está basada en la racionalidad absoluta. Hay sesgos heurísticos, sesgos de confirmación... En política, además, se suman muchas más variables. Los datos se interpretan en clave ideológica. Además, los expertos también tienen sus sesgos, y a veces pecan de falta de humildad".
Ante la complejidad, pluralidad
Como miembro de la comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica, Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, conoce bien el paño de las relaciones política-expertos. Y no es su única experiencia de colaboración con la Administración. Lago Peñas defiende "vehementemente" que las políticas públicas deben estar "bien informadas" por técnicos y científicos. Ahora bien, estos "no deberían caer en una especie de soberbia intelectual y la ciudadanía en general haría mal en abrazar soluciones tecnocráticas", puntualiza. Lago Peñas coincide en el diagnóstico mayoritario: ante la complejidad del mundo, pluralismo de voces. "Los científicos y técnicos solemos tener una visión unidimensional, insuficiente cuando te enfrentas a un problema social concreto y multidimensional", señala, atribuyendo a los políticos la responsabilidad de encontrar "equilibrios razonables".
Todo esto es lo que debería ocurrir. ¿Qué ocurre en realidad? "Me he encontrado de todo. Desde peticiones poco sinceras que escondían la necesidad de aparentar que el responsable político se asesoraba, hasta una enorme receptividad. Sin embargo, ex-ante cuesta saber en qué escenario te vas a encontrar", explica Lago Peñas, que ahora es uno de los firmantes del manifiesto Por una Hispa-Nice: Ahora o nunca, que reclama una "Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias" para acabar con la "arbitrariedad". El catedrático apunta a un problema generalizado: "Buena parte de nuestros representantes políticos y los partidos a los que pertenecen tienen una excesiva dependencia de sus asesores de comunicación, que les inculcan una perspectiva cortoplacista, obsesionada por el impacto inmediato de gestos y decisiones en medios de comunicación y redes sociales. Esto suele ser incompatible con el asesoramiento riguroso y mezcla mal con el consejo técnico que va más allá del efecto inmediato".
Manuel Hidalgo, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, también conoce el friso políticos-expertos. Además, desde los dos lados, ya que además de un economista de renombre fue director general de Economía de la Junta de Andalucía durante más de un año hasta que dimitió en junio de 2020. Siempre lo acompañó ese aire de pez fuera del agua de los académicos fichados para aportar pericia técnica y aire independiente a un proyecto político (en este caso, una consejería de Cs). Hidalgo, que recurrió a un comité de expertos para armar un decreto ley de simplificación administrativa, señala que en ocasiones "la Administración va a un ritmo y el resto del mundo a otro". "Llega el documento, lo lees, lo entiendes, pero a la hora de transformarlo en políticas específicas, hay muchas dificultades", explica. ¿Es posible evitar los sesgos a la hora de seleccionar perfiles expertos? "Es complicado, claro. Por eso, lo fundamental es la honestidad, la claridad, la transparencia". Y deja un toque de atención. "Los comités en general no se remuneran. A veces, esto es un abuso. No se puede tener a un catedrático tres o cuatro semanas trabajando gratis".
El experto ante la polarización
Carles Ramió, catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración en la Pompeu Fabra, ha formado parte del grupo de expertos vinculados a universidades públicas que ha analizado –de forma altruista– la metodología de la rendición de cuentas anual del presidente del Gobierno, presentada a final de año. Ramió es un habitual en contribuciones con las administraciones, que ve parte de su trabajo. "Nunca he mirado el color político, ya que mis modestas aportaciones siembre han tenido un carácter técnico", señala. En el caso del encargo presidencial, la experiencia con el Departamento de Planificación y Seguimiento del Gabinete de la Presidencia le ha parecido positiva. Se trató, explica, de un encargo "impecable" tanto en su "motivación" como en su "dinámica de trabajo" y en la selección de los expertos, "un grupo diverso académicamente (politólogos vinculados a la gestión y a las políticas públicas, constitucionalistas, economistas, filósofos políticos), equilibrado por razón de género y, en especial, diversos en su origen territorial". "Fue, a mi entender, una experiencia totalmente profesional. Los debates fueron estrictamente técnicos y metodológicos", explica.
No obstante, le queda un regusto agridulce. "Cuando se comunicó [la rendición de cuentas], podía parecer que nosotros éramos los examinadores, cuando lo único que hicimos fue validar la metodología", indica Ramió, que ve "comprensible" que la rendición de cuentas pueda ser vista como "autobombo" por los críticos. Es parte del juego. Pero ese no ha sido el mayor problema. ¿Cuál, entonces? Que los expertos han sido metidos en la batidora del pimpampum y la polarización. Desde el momento en que se hicieron públicos sus nombres, hubo "un alud en los medios sobre esta noticia, aderezada con algunos artículos de fondo con algunas críticas improvisadas hacia el grupo de expertos". "Las redes sociales –añade– empezaron a rugir con su habitual polarización y mala uva criticando de manera dispersa pero creativa a los supuestos expertos: 'activistas de extrema izquierda', 'antimonárquicos', 'compañeros de viaje de los separatistas', 'paniaguados del poder' o 'amigos colegiales de Pedro Sánchez' fueron algunos de los comentarios de la prensa madrileña y de las redes sociales".
Es una dinámica que viene observando durante los últimos años. La tarea de experto "antes pasaba desapercibida tanto a nivel político como en los medios. Como mucho alguna cita neutra", señala. Ya no. "Los expertos se han convertido en actores objeto de debate público y mediático. El problema es que el debate nunca suele ser ni técnico ni académico sino netamente político y con muchos participantes mal intencionados". Ramió lanza una advertencia: "En el futuro va a ser difícil encontrar expertos abiertos a estas colaboraciones. Vamos a cerrar uno de los escasos puentes de transferencia del conocimiento entre la academia y las instituciones públicas. Una pena".
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Fuera de la “lógica partidista”
El doctor en Ingeniería Electrónica por la Universidad Politécnica de Valencia Andreu Climent, un entusiasta de la confluencia entre política y conocimiento experto, preside Ciencia en el Parlamento, una iniciativa que presiona para corregir la "escasez de asesoramiento científico en el proceso legislativo", explica. Y ofrece un dato: en la red europea de organismos científicos asesores de los parlamentos (EPTA, por sus siglas en inglés) no hay ningún miembro de ámbito español (sí específico de Cataluña). De su experiencia tratando de lanzar puentes entre ambos mundos, destaca una conclusión: hay un problema básico de comunicación y de lugares de encuentro. "Es fundamental construir espacios donde [políticos y científicos] construyan confianza".
Climent alerta contra la idea del "gran sabio", porque "no sirve para problemas poliédricos". Le parece especialmente útil incorporar el conocimiento experto al proceso legislativo, que puede permitirse un periodo largo de reflexión. "Esto te permite ir por delante. Cosa distinta es el asesoramiento científico reactivo, inmediato. Lo mejor es crear estructuras estables", añade. Coincide la socióloga y politóloga Cristina Monge, una de las integrantes del grupo de expertos que analizó la metodología de la rendición de cuentas presidencial. "En ocasiones se acude al conocimiento experto en situación urgente, cuando hace falta, en momentos de crisis, cuando lo idóneo sería tenerlo integrado", señala. A su juicio, para que el modelo funcione debe acudir a un catálogo de perfiles que no dependan de nombramientos y estén fuera de la "lógica partidista".