El Gobierno acelera con la sedición y Feijóo decide hacer de la reforma el eje de su campaña

Tsunami político en España. La reforma del delito de sedición ya está registrada en el Congreso de los Diputados y se ha convertido ipso facto en el eje en el que se va a jugar la partida de ajedrez del poder durante los próximos meses. Incluso puede ser determinante para el próximo ciclo electoral, con una arriesgada decisión del Gobierno para seguir en el proceso de normalización de Cataluña y con una derecha dispuesta a hincarle el diente para sacarle rédito en las urnas, apelando a la legalidad mientras incumple desde hace cuatro años la Constitución no renovando el Consejo General del Poder Judicial.

El Gobierno de coalición ha decidido acelerar este cambio, ya prometido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su discurso de investidura a principios de 2020. Pero ahora, tras el fracaso de las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial, lo ha impulsado a través de una proposición de ley que va firmada por los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos.

¿Cómo es la reforma? La idea plasmada por los socios es la transformación de este delito por uno de desórdenes públicos agravados. Esto supone rebajar las penas de cárcel, que ahora iban hasta los quince años, hasta los cinco como máximo. Y, además, también se disminuyen las penas de inhabilitación por sedición: pasando a ser de entre seis y ocho años para los cargos públicos.

Los argumentos del Gobierno

La justificación que se hace en la coalición principalmente es que de esta manera se va a homologar a los países del entorno. Como lo ha calificado el portavoz del PSOE, Patxi López, se trata de “europeizar” este tipo en el Código Penal. En una entrevista con infoLibre, se muestra López convencido de que con esta nueva legislación hubiera sido posible traer a Carles Puigdemont para ser juzgado en España, pues serían delitos homologables (las autoridades de Bélgica, Alemania e Italia no accedieron a la euroorden al no encontrar un encaje legal). 

El Gobierno hasta ahora había rechazado llevar a las Cortes Generales esta reforma al entender que no había mayoría suficiente. Pero ahora consideran en la coalición que sí tienen los votos en el Parlamento porque ERC ha decidido aceptar esta opción inmediata frente a propuestas maximalistas como la amnistía o la autodeterminación. En esa derivada no está dispuesto a entrometerse el Gobierno.

Una de las incógnitas es qué pasará, cuando se apruebe la nueva legislación, con los fugados. El expresident Carles Puigdemont no ha celebrado este paso porque lo considera insuficiente, al igual que Marta Rovira (ERC). Ninguno de los dos se plantea públicamente volver ahora a España. ¿Por qué? Sobre ellos pesaría previsiblemente también una acusación sobre malversación (como pasó con los condenados por el 1-O), que puede llevar penas de hasta veinte años de inhabilitación y doce de cárcel. Por lo tanto, podrían enfrentarse por este tipo a penas superiores a las que incluirá el futuro delito.

Otra de las dudas jurídicas que se extienden es si el nuevo tipo serviría para los actos sucedidos durante el 1-O. El portavoz socialista sostiene en la entrevista con infoLibre que Puigdemont, si vuelve a España, sería juzgado. ERC, que ha celebrado este paso, quiere, no obstante, introducir a lo largo de la tramitación parlamentaria algunos cambios sobre el delito de malversación, aunque no se concretan, según fuentes consultadas, que dicen que son conscientes de que no pueden solicitar su eliminación completa.

Desde el Gobierno y la parte de ERC niegan, sin embargo, que esta reforma se deba a la negociación de Presupuestos, pero en el tiempo sí coincidirán las tramitaciones. La idea de Hacienda es tener listos los Presupuestos en diciembre para que entren en vigor el 1 de enero, en tanto que la reforma de la sedición se quiere dejar lista para finales de año.

El PP, al cuello del Gobierno pero sin moción de censura

Y esta reforma se va a convertir en una auténtica arma política. En el PSOE son conscientes de que puede tener costes electorales, pensando especialmente en las municipales y autonómicas del próximo mes de mayo. Pero como dice un alto cargo de la dirección de la formación: “Estamos dispuestos a asumir el coste porque el bien es superior”. Otro de los argumentos que dan en La Moncloa y en Ferraz es que la hoja de ruta emprendida por Sánchez ha dado sus frutos y hoy Cataluña está mucho mejor que hace cinco años, cuando se desarrolló el segundo referéndum ilegal y se proclamó una declaración unilateral de independencia.

El Partido Popular está dispuesto a sacarle el mayor rédito electoral. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se intentó revestir de presidente del Gobierno e hizo el viernes por la tarde una declaración institucional desde Génova 13, sin aceptar preguntas. Su promesa a los españoles: revertir esa reforma si llega a La Moncloa.

Lo que no se atrevió Feijóo es a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Esto manda varios mensajes. Por un lado, sabe que no tiene los números y sería una dura derrota parlamentaria. Por lo que su decisión es aprovechar este cambio para que le sirva de justificación a su no a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y como arma electoral contra el presidente, presentándolo como un ególatra al que sólo le interesa estar en el poder con el apoyo de los separatistas. “Creo que a estas alturas ya no tiene límites”, pronunció durante su declaración institucional intentando vender una imagen presidencial.

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“Cumplir y hacer cumplir la ley es el primer compromiso que debe respetar quien accede y quiere acceder a la Presidencia del Gobierno”, concluyó en su discurso, en el que incluso apeló al rey Felipe, sin hacer ninguna mención a que él sigue bloqueando el Poder Judicial.

En su comparecencia, también tuvo una intención clara: remover internamente al socialismo. Con la intención de crear un problema de puertas adentro entre los progresistas: “El Partido Socialista es más que Pedro Sánchez. Es la suma de todos sus dirigentes y a todos ellos corresponde fijar también posición”. 

Con esta invitación de doble sentido: “O se está con los condenados y con los fugados o se está con la legalidad democrática. No hay mucho más debate. El deber moral de aquellos socialistas que coinciden con nosotros en que esto es una aberración es hacer pública su oposición a esta medida e intentar que esta medida no siga adelante”. Pero los barones socialistas no se sumaron a este anzuelo, tan sólo Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Javier Lambán (Aragón) se mostraron contrarios, pero no entraron en la confrontación directa con La Moncloa.