El Gobierno admite que no fiscaliza la memoria de la Iglesia sobre la casilla del IRPF

El Ministerio de Justicia no fiscaliza la memoria que le envía la Conferencia Episcopal justificando el destino de su asignación económica anual por la vía de la llamada casilla de la Iglesia, cuya cuantía asciende a unos 250 millones de euros. Así lo reconoce, a preguntas de infoLibre, el departamento que dirige Rafael Catalá (PP), que puntualiza que esta ausencia de fiscalización simplemente obedece a lo establecido en el acuerdo alcanzando entre el Gobierno de España y la jerarquía católica en 2006, con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en la Presidencia del Gobierno.

La presentación anual ante el Ministerio de Justicia de la memoria justificativa del dinero recibido por la Iglesia vía IRPF ha sido esgrimida, tanto por el Gobierno como por la Conferencia Episcopal, para restar importancia a la negativa del Tribunal de Cuentas a fiscalizar a la Iglesia, decisión del órgano de control del sector público que ha puesto las finanzas de la institución religiosa, y especialmente las ayudas públicas que recibe, en el punto de mira.

"A nosotros todo lo que se nos ha pedido en materia de transparencia y fiscalización, lo hemos hecho", declaró el 11 de enero a la Ser Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. "A partir de finales de 2006, con el acuerdo que se firmó con el Partido Socialista y la Santa Sede, se nos pidió 'bueno, expliquen ustedes bien a qué destinan ese dinero, expliquen qué es el servicio que está prestando la Iglesia a la sociedad', y empezamos a hacer una memoria completa", añadió. 

La entrevista radiofónica se produjo tras la publicación en infoLibre del programa de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para 2017, que por decisión de la mayoría de miembros a propuesta del PP excluye a la Iglesia a pesar de las peticiones en sentido contrario de los consejeros propuestos por el PSOE, que emitieron votos discrepantes. Giménez Barriocanal afirmó que la Conferencia Episcopal siempre "cumple la ley" y que el Estado ahorra gracias a la labor social de la Iglesia, de la que dijo que no tiene nada que ocultar. "La transparencia es nuestra razón de ser", aseguró.

Ese mismo 11 de enero, el director general de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, Javier Herrera, también reaccionó de inmediato a la información y en entrevista a Europa Press afirmó que su departamento recibe cada año la Memoria de Actividades de la Conferencia Episcopal Española, en la que la Iglesia justifica el destino del dinero recibido a través de la casilla del IRPF con la cual los contribuyentes eligen que una parte del monto total recaudado por el Estado vaya a la Iglesia. "Está habiendo constantes reuniones para temas puntuales, por ejemplo con el secretario de asuntos económicos de la Conferencia Episcopal nos reunimos constantemente, nos presenta sus cuentas, hacemos balance de lo que se ha entregadopresenta sus cuentas, lo que no se ha entregado, de cómo se distribuye", aseguró Herrera.

No obstante, esta justificación anual por parte de la Iglesia queda lejos del nivel de exhaustividad y rigor de las evaluaciones del Tribunal de Cuentas, limitándose a la entrega de una documentación expositiva que permanece en custodia del ministerio. "En el canje de notas [el acuerdo de 2006 entre el Gobierno y la Iglesia] se habla de una memoria justificativa de las cantidades recibidas a través de la asignación tributaria y no de fiscalización de las cuentas", responde el departamento de Catalá a infoLibre, ante la pregunta de si el ministerio adopta alguna medida sobre la base del informe anual o solicita información adicional. A través de un portavoz, el departamento de Justicia insiste en que así es el modelo acordado, que ha venido aplicándose por todos los gobiernos desde 2006, y que actuar de otro modo exigiría una reforma normativa.

Un documento sin detalle

¿Qué es lo que entrega la Conferencia Episcopal al Ministerio? Una versión ampliada de un informe que publica en su página web, titulado Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en España. El último informe se colgó en 2015 con los datos de 2014. La memoria señala el destino que, según la Conferencia Episcopal, tuvieron los aproximadamente 250 millones que le fueron entregados a la Iglesia vía IRPF: actividades en las diócesis: 199,7 millones de euros; retribución de los obispos: 2,1 millones; aportación a Cáritas: algo más de 6 millones... Y así hasta 13 conceptos. Abundante en destacados, gráficos y colores, expone los criterios de reparto del dinero, ofrece cifras sobre el impacto de las bodas, los bautizos y las comuniones en la sociedad y cuantifica las monjas, catequistas y sacerdotes en España, así como el número de entidades religiosas católicas inscritas. También ofrece en grandes recuadros las principales cifras de la educación religiosa en España –alumnos, aulas...– y repasa la importancia del patrimonio cultural propiedad de la Iglesia.

Son 89 páginas de memoria, elaborada por KPMG y con informe de aseguramiento de PwC. Es, en resumen, un vistoso documento de grandes números, pensado para el público interesado y los periodistas, sin detalle ni documentos originales que respalden las cifras incluidas. Entre fotografías atractivas y citas del papa Francisco, la Conferencia Episcopal explica grosso modo a qué dedica el dinero del 0,7% del IRPF en un dossier compuesto para reivindicar la importancia de la labor pastoral, social, cultural y educativa de la Iglesia. Pues bien, el contenido de lo que entrega a Justicia es "el mismo", según el Ministerio de Justicia, que puntualiza: "Lo que la Iglesia publica son los resultados en un formato más visual y manejable para cualquier interesado. La memoria que presenta es más extensa al desglosar los datos por provincia". Y añade: "Los datos que aporta están más desglosados que en la memoria y contienen los cuestionarios remitidos por cada Diócesis respecto de los datos de cada una de las provincias o territorios de las mismas".

La Iglesia defiende el "retorno" a la sociedad

Este medio ha solicitado reiteradamente hablar con Javier Herrera (Ministerio de Justicia) y Fernando Giménez Barriocanal (Conferencia Episcopal), sin éxito. La Conferencia Episcopal afirmó por escrito que su entrega de documentación se realiza "de acuerdo con los criterios solicitados por el Ministerio". "El actual sistema de asignación tributaria entró en vigor en el año 2007", explica por escrito el órgano de la Iglesia, que añade: "Uno de los puntos básicos del acuerdo fue el compromiso de la Iglesia de presentar una memoria justificativa de las cantidad recibidas del Estado a través de la asignación tributaria. "[...] Cada año, la Conferencia Episcopal entrega un memoria completa [...], en la cual se detalla el dinero recibido, el reparto del dinero, lo que supone en el conjunto de las diócesis y cómo se aplica, de acuerdo con los criterios solicitados por el Ministerio. Esta memoria está depositada en el ministerio", continúa.

La Conferencia Episcopal añade que "con la edición y publicación de esta memoria" se pretende "responder a la generosidad de los contribuyentes, informando de sus cuentas en relación al dinero que recibe, a cómo lo distribuye, a qué lo destina y a cómo retorna a la sociedad en función de las actividades que realiza la Iglesia".

Una "memoria anual de actividades"

Tanto Justicia como la Conferencia Episcopal se remiten, para mantener este modelo de funcionamiento, al Intercambio de Notas entre la Nunciatura Apostólica en España y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, acuerdo de 2006 referido al sistema de asignación tributaria impulsado por Zapatero. Dicho canje de notas establece cuatro compromisos: 1) sustitución del sistema de dotación presupuestaria por el de asignación tributaria; 2) elevación del coeficiente de asignación tributaria al 0,7%; 3) desaparición de las actuales exenciones y no sujeciones de la Iglesia Católica al IVA; y 4) compromiso de la Iglesia Católica de presentar una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la asignación tributaria.

Durante una década el cuarto compromiso se ha ido cumpliendo sin sobresaltos, pero ha sido el propio debate en el seno del Tribunal de Cuentas el que ha puesto el foco en su insuficiencia. Cuatro consejeros firmantes de un voto particular contra la exclusión de la Iglesia del programa de fiscalizaciones de 2017 escribieron que la memoria que presenta la Conferencia Episcopal "no ofrece suficiente información sobre la naturaleza económica de las operaciones financiadas, limitándose, básicamente, a informar sobre el reparto territorial de los fondos". Y añaden en su voto particular: "La memoria, igualmente, tampoco constituye un documento representativo de Ia gestión económico-financiera realizada, dado que realmente se configura como una auténtica memoria anual de actividades de la Iglesia católica en España".

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En absoluto se puede fiscalizar nada sobre la base de una información como la que presenta la Iglesia, al menos con los exigentes criterios del Tribunal de Cuentas, que prevé un proceso fuertemente reglamentado y basado en la reclamación de información, la evaluación exhaustiva y la revisión crítica. Un proceso dialógico basado en criterios objetivos.

Exenciones, conciertos...

La asignación vía IRPF no es la única vía de recepción de recursos públicos de la Iglesia, que se beneficia de exenciones fiscales como la del IBI, incluso cuando los inmuebles son alquilados y no se realiza en ellos función social ni pastoral. Los cuatro consejeros que firmaron el voto discrepante más duro contra el programa de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas señalaban que, entre las causas para evaluar a fondo a la Iglesia, estaba que ésta se beneficia de diversos recursos públicos, entre los que citaban los conciertos educativos y determinadas exenciones en los impuestos de sociedades, sucesiones, transmisiones patrimoniales, sobre el valor añadido (IVA), sobre el incremento del valor de terrenos, sobre construcciones y obras.