La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado que es el Tribunal Supremo el que determinará si los políticos juzgados por el proceso independentista en Cataluña vuelven a cárceles de esta comunidad cuando acabe la vista oral, a la espera de sentencia, y ha añadido que "el Ejecutivo no tiene competencia al respecto", según informa Europa Press.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y preguntada al respecto, la portavoz ha situado en el Supremo la decisión. "Estaremos a lo que diga", ha asegurado sobre la posición del Gobierno.
Por su parte, el tribunal que juzga el procés en el Tribunal Supremo no pondrá en principio reparos al posible traslado a Cataluña, una vez acabada la vista oral, de los nueve acusados que cumplen prisión preventiva, entre los que se encuentran los parlamentarios suspendidos Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva. La decisión corresponde al Ministerio del Interior, aunque el alto tribunal confía en ser informado sobre cualquier iniciativa al respecto.
Así lo han señalado a Europa Press fuentes jurídicas, que han recordado que al finalizar la instrucción del caso hace casi un año el magistrado Pablo Llarena ya dejó en manos del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska la decisión de trasladar a los nueve presos a Cataluña, lo que se ejecutó a principios del mes de julio. La decisión podría ser automática, según apuntan fuentes de la defensa a Europa Press, que añaden que, sin embargo, lo más probable es que lo soliciten expresamente a iniciativa de cada preso.
La Sala, por su parte, confía en ser informada y la respuesta más probable sería un 'níhil óbstat' (no hay objeciones). El asunto, no obstante, no ha sido abordado por los magistrados, que según fuentes jurídicas sólo podrían pedir otra cosa si existiesen razones de orden estrictamente procesal.
En dos semanas, visto para sentencia
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La cuestión estará sobre la mesa en las próximas semanas, puesto que este martes comienza ya la fase de informes finales del juicio, que se prevé quede visto para sentencia el 12 de junio tras el turno de última palabra de los doce acusados.
Además de a los diputados y al senador suspendidos, la decisión de un futuro traslado afectará al expresidente de Ómnium Cultural Jordi Cuixart, a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a los exconsejeros Dolors Bassa y Joaquim Forn. Los Jordis ingresaron en prisión el 16 de octubre de 2017 y el 2 de noviembre del mismo año lo hicieron Junqueras y varios de sus consejeros. Menos los exlíderes de organizaciones sociales, el exvicepresidente y Forn todos salieron poco después en libertad condicional.
Tras el auto de procesamiento, en marzo de 2018, se acordó mantener en prisión preventiva en Madrid a los nueve líderes independentistas a los que se atribuyó indiciariamente el delito de rebelión, si bien en julio el Ministerio del Interior acordó su traslado a Cataluña. El pasado febrero, a petición del tribunal y por el inicio del juicio, los nueve presos fueron trasladados de nuevo a las cárceles madrileñas de Soto del Real (los hombres) y Alcalá Meco (Forcadell y Bassa), donde permanecen desde entonces.
La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado que es el Tribunal Supremo el que determinará si los políticos juzgados por el proceso independentista en Cataluña vuelven a cárceles de esta comunidad cuando acabe la vista oral, a la espera de sentencia, y ha añadido que "el Ejecutivo no tiene competencia al respecto", según informa Europa Press.