Gobierno y comunidades posponen el acuerdo sobre el nuevo modelo de residencias

Gobierno y comunidades han decidido posponer este jueves la votación sobre el nuevo modelo asistencial de las residencias de mayores, los centros de día y los especializados en personas con discapacidad. No se ha logrado el acuerdo que se esperaba en el Consejo Territorial. El Ministerio de Derechos Sociales, que ha llevado la iniciativa, defendía un acuerdo "histórico" que permitía impulsar un sistema basado en los "apoyos y cuidados" y en "los derechos de las personas en situación de dependencia, que reconoce la singularidad de cada persona, respetando su voluntad, sus preferencias y su estilo de vida". Sin embargo, a última hora, Ejecutivo central y regiones han decidido emplazarse a una nueva reunión, y el gabinete de Ione Belarra defenderá posiciones más ambiciosas.

Las organizaciones de familiares habían tachado el resultado de "una decepción enorme": el texto resultante que estaba sobre la mesa, pese a ser evidentemente mejor que el vigente de 2008, es mucho más pobre, a su juicio, que los primeros borradores. Ahora se abre un nuevo margen de negociación en el que el Ejecutivo central, explican fuentes de Derechos Sociales, peleará por una mejora en los ratios de trabajadores, el número de habitaciones individuales y el de espacios de convivencia.

El "nuevo modelo de centros residenciales" que defiende el Gobierno y que busca consensuar con las comunidades y la patronal busca garantizar la dignidad de los usuarios, respetando su intimidad, su acceso a los servicios públicos, su contacto directo con las familias y con otros residentes y una asistencia adecuada, con unos espacios que "se asemejen en todo lo posible a un hogar". La pandemia ha demostrado que no solo mata el covid: también la falta de atención, cuando no la directa dejación. Y también la soledad.

Así, el último texto sobre la mesa, que no ha salido adelante, defendía que, en cuanto a las residencias, las nuevas construcciones "no podrán superar las 75 plazas" cuando se encuentren en zonas rurales, 90 en zonas "de densidad intermedia" y 120 en ciudades o espacios densamente poblados, para garantizar una atención adecuada. Los centros que se empiecen a edificar tras la adopción del pacto dispondrán de, al menos, "el 65% de las plazas públicas en habitaciones de uso individual y el resto en habitaciones de uso doble", según la propuesta.

Los residentes, explica el documento, tendrán derecho a decorar a su gusto las habitaciones, a la elaboración de un "plan de vida" que tenga en cuenta su contexto, su historial, sus necesidades y sus deseos; a la participación de las familias no solo en su día a día sino en la gestión del centro; y se pondrá fin a las sujeciones, físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas. "No curan, no ayudan a un diagnóstico, no son terapéuticas, ni un modelo de intervención ético", explican fuentes de Derechos Sociales. Todas las residencias tendrán que acabar con estas prácticas en un plazo de tres años y formar a sus empleados para que nunca más sean una alternativa, defiende la propuesta.

También se mejoraría la comunicación entre el sistema sanitario y la red de residencias, se busca instaurar un nuevo "sistema de evaluación de calidad" y se defiende mejorar la coordinación entre los distintos servicios de apoyo en caso de la atención a domicilio, fuera de los centros asistenciales, entre otros avances. Las carencias del texto que ahora se reevaluará, en opinión de las organizaciones de familiares, se centran en las garantías de que esos principios se cumplen efectivamente: los recursos materiales que se exigen a las empresas que prestan estos servicios.

En la cuarta propuesta, puesta sobre la mesa a mediados de febrero, Derechos Sociales defendía que las comunidades debían establecer un mínimo de un inspector por cada 25 centros, en vez de por cada 30, según la propuesta inicial. El último texto eliminó la cifra concreta: solo se exigía a las comunidades "servicios públicos de inspección suficientemente dotados".

Las ratios de trabajadores mínimas exigibles por cada residente también ha sufrido vaivenes en la negociación. El primer documento establecía, en cuanto al personal de "atención directa de primer nivel" (cuidadores o gerocultores), una relación de 0,33 profesionales por cada mayor dependiente y de 0,42 por cada persona con discapacidad a partir del 1 de enero de 2023. En el último documento se quedó en 0,31, en el primero de los ámbitos, exigible a partir del 31 de diciembre: un año más de margen. En el documento de febrero, Derechos Sociales defendió un ratio de 0,35 para estos empleados.

Ahora, el Ministerio dirigido por Ione Belarra, ante la falta de acuerdo con los Gobiernos autonómicos, volverá a contraatacar. "El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 confía en poder tener un acuerdo a lo largo del próximo mes en el que la ratio en los centros residenciales disminuya hasta un trabajador/a por cada dos residentes", explican desde el Ejecutivo central.

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Las exigencias de plazas máximas para cada centro también se descafeinaron, pero el gran cambio se produjo en uno de los primeros borradores: las residencias ya acreditadas no tienen, según el último documento, la obligación ni de contar con un máximo ni de adaptar sus estancias para garantizar la dignidad, la intimidad o la atención de calidad. La mayoría de usuarios se quedan fuera. El texto inicial, además, no incluía un porcentaje de habitaciones habituales: se asumía que todos los centros debían garantizar ese derecho a todos los residentes. Tras la ruptura, Derechos Sociales insistirá en la negociación para que se mejore el porcentaje del 65% y se garanticen más espacios de convivencia entre los mayores.

Las organizaciones de familiares eran muy críticas con el texto que ha estado cerca de convertirse en el acuerdo final. "El Gobierno central se ha doblegado ante posiciones muy restrictivas e inmovilistas de los gobiernos autonómicos que, en definitiva, han actuado como mera correa de transmisión de las patronales más importantes", valoraba este martes Paulino Campos,  portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias.

Calificaban el acuerdo planteado de "catástrofe" por las ratios insuficientes, la falta de inspectores mínimos, el número máximo de plazas, el porcentaje de habitaciones individuales, la falta de formación del personal de enlace con el sistema sanitario público, la tardanza de tres años en eliminar las sujeciones y una normativa para los órganos de representación de familias y usuarias que insta a los centros a contar con su opinión, pero que no obliga a nada. El Gobierno no ha logrado un consenso con las comunidades autónomas y sigue lejos de satisfacer a los familiares, que han sufrido en primera persona la crueldad de la pandemia de covid-19 con los más mayores y las consecuencias de los protocolos sanitarios que les dejaban fuera.