El Gobierno incluye en el nuevo paquete de medidas sociales un subsidio extraordinario de desempleo

El Consejo de Ministro aprobó este martes un nuevo paquete de más de medio centenar de medidas sociales entre las que se incluye la creación de un subsidio de desempleo excepcional.

La iniciativa amplia la cobertura para proteger las situaciones que atraviesan los trabajadores afectados por la crisis sanitaria incluyendo a los temporales cuyo contrato llegó a su fin tras la declaración del estado de alarma. El nuevo subsidio no tiene requisito de carencia y beneficia a estos trabajadores aunque no tengan la cotización necesaria para acceder a una prestación. La duración de esta ayuda será de un mes, ampliable si así se decide, y su cuantía ascenderá al 80% del Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem), unos 430 euros mensuales con el Iprem vigente en 2020. La medida no incluye a los trabajadores tmeporales con contratos de menos de dos meses de duración.

El nuevo real decreto prohíbe la publicidad del juego onlineonline durante el tiempo que dure el estado de alarma “para evitar que las casas de apuestas hagan negocio con la preocupación y la ansiedad de la gente” y establece nuevas medidas de protección para los consumidores, como una moratoria en el pago de créditos al consumo para personas en vulnerabilidad económica durante tres meses prorrogables y la posibilidad de un bono para ser utilizado en un año por el consumido en el caso de viajes combinados cancelados, de manera que, si no se utiliza, conlleve la devolución de lo pagado.

El nuevo paquete de medidas incluye las ya anunciadas en materia de alquileres, que establece una suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional y una prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda habitual para evitar subidas abusivas mientras dure la crisis.

Para favorecer los pagos, los inquilinos en situación de vulnerabilidad podrán acogerse a un microcrédito con cero intereses y a devolver en seis años ampliables a diez —si para entonces siguen sin poder pagar será el Estado quien asuma la deuda, según precisó el vicepresidente Pablo Iglesias tras el Consejo de Ministros—. Las condiciones de “vulnerabilidad” establecidas por el Gobierno son amplias, para que puedan beneficiar a personas sometida a ERTE o con reducciones de jornada. La medida cubrirá hasta 900 euros al mes y 200 euros de suministros o mantenimiento.

Los grandes tenedores de vivienda, en cambio, estarán obligados a realizar una quita del 50% o bien una reestructuración de la deuda a lo largo de tres años. Sin que eso prive a sus inquilinos de poder acogerse a los microcréditos.

Mientras dure el estado de alarma las empresas de agua, luz y gas no podrán cortar el suministro de las viviendas. El bono social se amplía para que las personas que han quedado en situación de vulnerabilidad puedan acogerse a él, y se aplica una moratoria en el pago de suministros para autónomos y pymes, que podrán además adaptar sus contratos a sus nuevas realidades de consumo, sin penalización.

El Consejo de Ministros también ha aprobado un subsidio temporal para empleadas del hogar que pueden solicitar si se quedan en el paro o si ven reducidas sus horas de trabajo y que es compatible con el mantenimiento de una parte de la actividad laboral.

Al mismo tiempo ha quedado ampliada la moratoria de pago de hipotecas decidida al comienzo de la crisis y se amplía también para locales y oficinas de autónomos. Se simplifican también los criterios de vulnerabilidad para que no den lugar a interpretaciones que limiten derechos, tal y como reclamaban las organizaciones de consumidores.

En materia de igualdad el Gobierno ha aprobado también medidas para garantizar los servicios esenciales de atención a víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual. Los servicios de atención a víctimas de violencia contra las mujeres, así como centros de emergencia, acogida y pisos tutelados se consideran esenciales y se garantiza una alternativa habitacional segura para todas las víctimas de violencia machista a través de alojamiento en hoteles si los servicios de acogida no tienen disponibilidad. También se va a garantizar, según el Ejecutivo, el normal funcionamiento y prestación del servicio integral de los sistemas de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género.

La vicepresidente de Derechos Sociales se ha ocupado también de que se habilite el mecanismo para que los ayuntamientos y comunidades puedan destinar la ejecución de los fondos del Pacto de Estado para la violencia de género para poner en marcha todas las medidas específicas para esta crisis.

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El Consejo de Ministros también aprobó este martes que los trabajadores que se hayan quedado en situación de desempleo o que hayan sufrido el cese de actividad como consecuencia de la crisis sanitaria puedan disponer del ahorro acumulado en sus planes de pensiones.

para, en palabras de la vicepresdienta y ministra de Economía, Nadia Calviño, “contribuir a aliviar las necesidades de liquidez de los hogares”. De ella podrán beneficiarse los empleados afectados por un ERTE, los autónomos que hayan visto cesada su actividad como consecuencia del coronavirus y los empresarios titulares de establecimiento cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia del estado de alarma.

A falta de conocer el detalle de la medida, el borrador inicial contempla que la ampliación de derechos se podrá hacer efectiva durante seis meses, por un importe que no podrá superar el salario dejado de percibir mientras se mantenga la vigencia del ERTE o los ingresos netos estimados que se hayan dejado percibir por el cese de actividad o la suspensión de apertura al público del establecimiento.