Ni las presiones políticas ni los plazos establecidos por ley logran desenredar la renovación del Constitucional. El órgano de gobierno de los jueces incumplió este martes el límite temporal fijado en la última reforma de la Ley del Poder Judicial para nombrar a sus dos relevos en el tribunal de garantías. El plazo, tal y como estaba previsto desde la pasada semana, expiró finalmente sin que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya puesto sobre la mesa una propuesta de nombramiento que acompañe a la que le corresponde hacer también al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha decidido rebajar el tono y esperar al órgano constitucional antes de designar a sus dos magistrados. Y eso que el órgano de gobierno de los jueces tuvo casi dos meses sin apenas actividad para hacer los deberes. Sin embargo, la negociación oficial entre sectores no comenzará hasta este viernes.
Lo cierto es que el segundo martes de septiembre estaba marcado a rojo en el calendario del CGPJ desde comienzos de verano. A mediados de julio, el Congreso de los Diputados daba luz verde a la reforma impulsada desde el PSOE que permitía al Poder Judicial nombrar a sus magistrados al Constitucional estando en funciones, una modificación de la ley que incluía una cláusula para obligarle a hacer las designaciones, como muy tarde, el 13 de septiembre. Pocos días después, era el Senado el que daba su beneplácito al texto, que provocaba un profundo malestar dentro del sector conservador. El presidente del órgano, Carlos Lesmes, fijó el Pleno extraordinario para el 8 de septiembre, a la vuelta de vacaciones. Cinco días antes de que expirara el plazo.
Desde la aprobación definitiva de la norma en la Cámara Alta, la actividad del órgano de gobierno de los jueces no ha sido demasiado intensa. En pleno periodo estival, la agenda institucional recoge apenas cuatro citas en ocho semanas, sin tener en cuenta la reunión extraordinaria: un Pleno ordinario y un encuentro de la Comisión de Asuntos Económicos en los últimos días de julio, otro de la Comisión Permanente el 11 de agosto y un cuarto de la Comisión Disciplinaria el 7 de septiembre.
Por tanto, el órgano de gobierno de los jueces podría haberse metido a fondo en la renovación en pleno verano. Fuentes del CGPJ explican a infoLibre que no hay "obstáculo legal" alguno que impida convocar al Pleno en agosto. "Lo puede hacer el presidente, pero también se convoca obligatoriamente si lo piden cinco vocales", apuntan esas mismas fuentes, que recuerdan que ambos sectores, tanto el conservador como el progresista, tienen margen para "forzar" dicho encuentro. Otra cosa, sin embargo, es que tuviera "sentido" hacerlo sin un acuerdo previo sobre los candidatos, porque "no serviría para nada".
"El acuerdo se trabaja fuera del Pleno, mediante contactos entre vocales", aseveran las fuentes consultadas, que recuerdan precisamente que Lesmes ya dijo al convocar a comienzos de septiembre que "esperaba" que los mismos aprovecharan el parón estival para "alcanzar un consenso sobre los candidatos". Sin embargo, no fue eso lo que sucedió. "Durante el verano los contactos fueron inexistentes, totalmente inexistentes", apuntan desde el bloque conservador. De ahí que del Pleno extraordinario marcado por Lesmes se saliese sin fumata blanca y solo con la aprobación de las reglas de juego para la elección de los magistrados al Constitucional.
Una negociación que arranca cumplido el plazo
La negociación, de hecho, no se espera que comience hasta finales de esta semana. En las últimas horas, el sector conservador designó a los vocales encargados de mantener las conversaciones –José Antonio Ballestero y Carmen Llombart– y se puso en contacto con el bloque progresista para fijar la fecha del primer encuentro formal. Se intentó que la reunión fuera presencial y se fijara cuanto antes, pero los conservadores alegaron problemas de agenda y, al final, se terminó acordando que se celebre el próximo viernes de forma telemática. El encuentro, explican desde el bloque conservador, será "abierto", es decir, que los "participantes" definirán su contenido durante el transcurso del mismo. Hasta que no haya cierto consenso sobre dos nombres, no podrá convocarse nuevamente el Pleno para llevar a cabo la renovación del tribunal de garantías.
Los magistrados que el CGPJ ha enviado tradicionalmente al Constitucional proceden del Tribunal Supremo. En el bloque progresista suenan con fuerza algunos nombres, como los de los magistrados Pablo Lucas, Ángeles Huet, Eduardo Espín o José Manuel Bandrés, todos ellos de la Sala Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo, o Jacobo López, que preside la Sala de lo Militar. En cuanto al sector conservador, fuentes del mismo indican a este diario que su intención es buscar también candidatos en el Alto Tribunal. Reconocen que hay algunos que gustan. Sin embargo, matizan que "no se dan las condiciones para poder nombrarlos mientras no se solucionen un par de 'cosillas". Por el momento, prefieren no ofrecer nombre alguno ni aclaran qué cuestiones es necesario solucionar para que el camino quede despejado por completo.
El incumplimiento de los plazos marcados en la ley para tener lista una propuesta de designación se produce horas después de que la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, enviase una carta al propio Lesmes en la que urgía a "poner fin inmediatamente a la situación de interinidad" del órgano de gobierno de los jueces como paso previo a estudiar una posible reforma del sistema de elección del CGPJ. Un retraso que, sin embargo, no tendrá consecuencia alguna. Al fin y al cabo, coinciden diferentes juristas pulsados por este diario, la reforma normativa aprobada para desbloquear antes de este martes la renovación ni prevé una "sanción" ni "alternativa" alguna ante un posible incumplimiento. "Dicho esto, el incumplimiento del plazo que tenía el Gobierno para nombrar a sus candidatos tampoco lo tiene. Lo que ocurre es que lo del CGPJ es más llamativo. ¿Qué ocurriría si un justiciable no respetara un plazo?", resalta un constitucionalista.
El Gobierno rechaza ahora ir por libre
El Gobierno esperará al Consejo General del Poder Judicial para nombrar a los magistrados del Constitucional
El Ejecutivo, por el momento, ha pedido calma. "Estoy segura de que en unos días veremos un acuerdo", ha apuntado tras la reunión del Consejo de Ministros la titular de Justicia, Pilar Llop. Incluso ha asegurado que esperará al órgano de gobierno de los jueces antes de poner sobre la mesa los dos nombramientos que le corresponden para el Constitucional, procediendo así a la renovación de manera conjunta. Lo harán, según fuentes gubernamentales, por "respeto" al Poder Judicial. Y se resisten desde Moncloa a especificar hasta cuándo se quedarán mirando al CGPJ. "Dejemos que trabajen para llegar a un acuerdo", ha insistido Llop, quien durante toda su comparecencia ante los medios ha evitado colocar la responsabilidad del fracaso sobre los vocales: "Esta situación de bloqueo es exclusivamente por culpa del PP".
La posición mantenida este mismo martes por el Gobierno contrasta con la de comienzos de verano. El primero de agosto, sin ir más lejos, el presidente, Pedro Sánchez, aseguraba que el Ejecutivo designaría a sus dos magistrados en septiembre aunque tuviera que descolgarse del Poder Judicial. De hecho, algunos ministros defendieron públicamente que era algo que podía hacerse a pesar de que la Constitución establece que dicha renovación debe hacerse "por terceras partes". Una interpretación que comparten juristas como José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Tribunal Supremo y comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas. "No existe ninguna norma que imponga que la renovación de los magistrados [...] se haga conjuntamente. La inacción de uno de los dos órganos no puede paralizar o hacer inefectivas las decisiones autónomas del otro", apuntaba en un reciente artículo publicado en El País.
Pero el Gobierno parece decidido a evitar el choque. De momento, se ha conseguido que en el Poder Judicial todos den por hecho que tiene que llevarse a cabo la renovación, guste más o guste menos. Habrá que ver, eso sí, cuánto tiempo más será necesario para que se produzcan unos cambios que harán virar la orientación del Constitucional hacia una tendencia más progresista acorde con la mayoría parlamentaria vigente desde 2019.
Ni las presiones políticas ni los plazos establecidos por ley logran desenredar la renovación del Constitucional. El órgano de gobierno de los jueces incumplió este martes el límite temporal fijado en la última reforma de la Ley del Poder Judicial para nombrar a sus dos relevos en el tribunal de garantías. El plazo, tal y como estaba previsto desde la pasada semana, expiró finalmente sin que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya puesto sobre la mesa una propuesta de nombramiento que acompañe a la que le corresponde hacer también al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha decidido rebajar el tono y esperar al órgano constitucional antes de designar a sus dos magistrados. Y eso que el órgano de gobierno de los jueces tuvo casi dos meses sin apenas actividad para hacer los deberes. Sin embargo, la negociación oficial entre sectores no comenzará hasta este viernes.