El Gobierno madrileño amplia su capacidad para retirar la gestión de las residencias y minimiza el valor de la oferta económica

En plena tormenta judicial por la gestión de las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia, Ejecutivo regional, sindicatos y patronal han suscrito este martes un nuevo acuerdo marco para estos centros de atención sociosanitaria. El documento, que está a la espera de recibir luz verde en el Consejo de Gobierno, introduce cambios importantes respecto a su antecesor, el de 2017, en materia de cuidado personal, protocolos, subcontratación, manutención de los ancianos o recursos humanos que debe aportar el adjudicatario para la prestación del servicio. Además, amplía la capacidad de la Consejería de Políticas Sociales para resolver antes de tiempo los contratos suscritos con las firmas concesionarias en caso de detectarse irrgularidades y rebaja considerablemente la importancia de las ofertas económicas a la hora de decidir sobre este tipo de licitaciones con la intención de garantizar para los residentes un servicio de calidad.

El nuevo acuerdo marco ha sido presentado por el titular de Políticas Sociales, Javier Luengo (Ciudadanos), y por el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ambos acompañados por los agentes sociales. "Es un buen texto que se ha hecho con la máxima colaboración", señalaron desde el Ejecutivo madrileño. El documento sellado por todas las partes incrementa, en primer lugar, el precio diario de una plaza ocupada en estos centros sociosanitarios, que pasa de los 54,51 euros que estaban fijados actualmente a los 74,88 euros. Y modifica los criterios de adjudicación. La oferta económica deja de tener el peso que tenía actualmente. Si en el de 2017 pesaba hasta 70 puntos, ahora esa cifra se rebaja hasta un máximo de 49 puntos, frente a los 51 que pesarán los criterios de calidad. Sólo en caso de empate en la evaluación de estos criterios, primaría quien ofrezca el servicio a menor precio.

En relación con los criterios de calidad, se analizarán desde los recursos personales hasta los servicios pasando por la formación o los criterios de protección ambiental. Así, por ejemplo, puntuarán a favor cuestiones como la disposición de una habitación individual por cada decena de plazas "adjudicadas en contrato derivado", el suministro e instalación de sensores de cama con detección de movimiento y alarma para controlar caídas, o la elaboración y disposición de "procesos administrativos de 'papel 0' en la gestión del servicio". También se tendrá en cuenta a la hora de la valoración la "mejora del presupuesto en materia prima de alimentación".

Por otro lado, se elimina la posibilidad de graduación de las penalidades –como se conoce a las multas en el argot– y se establecen porcentajes fijos. Además, la limpieza de las habitaciones, ropa y espacios deja de ser infracción leve y pasa a ser grave, una categoría en la que se incluye también el incumplimiento de la normativa de protección de datos personales. En este sentido, el Ejecutivo regional amplía su margen de actuación para retirar las concesiones a las empresas. Así, el acuerdo recoge que será causa de resolución de los contratos suscritos por el adjudicatario la imposición de tres penalidades muy graves o graves en un año o cinco muy graves o graves a lo largo de la ejecución del contrato. Es decir, si una compañía recibe a lo largo de un año tres multas por tener sucia una residencia, Políticas Sociales tiene margen para romper el contrato.

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Es un cambio relevante a la vista de los movimientos llevados a cabo por parte de este departamento en los últimos meses. A comienzos de 2020, Políticas Sociales, entonces bajo la batuta de Alberto Reyero, abrió expedientes a dos empresas –DomusVi y Aralia– para retirarles la concesión de cuatro centros en la región bajo el argumento de que estaban subcontratando a cuidadores para cubrir los agujeros que había en la plantilla. Sin embargo, ninguno de los procesos llegó a buen puerto. Dos de ellos se cerraron porque el contrato había concluido antes de que se resolviese el expediente. Y en los dos en los que sí se concluyó el procedimiento, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid sentenció que los incumplimientos detectados carecían de la entidad suficiente como para justificar la resolución del contrato.

También se incluyen modificaciones respecto a la subcontratación a terceras empresas de algunos servicios. En el documento de 2017, se fijaba la prohibición de subcontratar categorías que requiriesen atención directa de los usuarios, incluyendo diplomados en enfermería. Ahora, estos últimos sí que podrán venir de otras firmas ajenas a la concesión. De todos modos, el nuevo acuerdo marco contempla un refuerzo de las plantillas. Así, por ejemplo, las adjudicatarias deberán disponer de una ratio global de profesionales de atención directa de 0,47, frente al 0,42 fijada actualmente. Además, tendrá que tener sí o sí una ratio fija de 0,33 en gerocultores y de 0,12 en todo el personal encargado de la limpieza o la manutención, dos especificaciones que no se recogían en el texto de hace cuatro años.

En relación con la alimentación, el acuerdo marco incluye la obligación de que el centro ponga diariamente a disposición de los familiares una bandeja con muestras de todos los platos de forma que los familiares puedan probarlos en cualquier momento, además de la puesta en marcha de una Comisión de Menús en cada centro que estará integrada por los responsables de su elaboración y un máximo de 3 integrantes elegidos entre los usuarios y familiares, de forma que puedan participar a la hora de diseñar la alimentación. Otro cambio importante guarda relación con el control y protección. Así, las sujeciones tanto mecánicas como farmacológicas se prescribirán por un equipo interdesciplinar y siempre con el consentimiento informado de la familia, con la única excepción de situaciones críticas. En la prescripción deberá constar el motivo, la duración y la priodicidad, así como las raciones por las que otras medidas no han funcionado.