El Gobierno piensa proteger judicialmente al rey tras la proclamación de Felipe VI

La forma en la que va a regularse el aforamiento del rey Juan Carlos para el momento en el que le sustituya su hijo Felipe de Borbón fue este viernes una de las preguntas más recurrentes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En el momento en el que el príncipe pase a ser Felipe VI su padre perderá la inviolabilidad que le garantiza la Constitución y pasará a ser imputable jurídicamente. Por ello, fuentes de la Casa del Rey y del Gobierno aseguran que llevan meses trabajando conjuntamente para que Juan Carlos pase a ser aforado. Se trata de una protección jurídica que consiste en que, si se le imputa algún delito su causa se derivará al Tribunal Supremo, en lugar de a un tribunal de primera instancia. Salvo cambios de última hora, este proceso, que según confirmó la vicepresidenta del Gobierno se tramitará mediante una ley orgánica, no estará listo hasta semanas después del acto de proclamación del nuevo rey. "En cuanto podamos informarles de la fórmula, contenido y plazos, se lo diremos", señaló a los periodistas.

"El Gobierno tiene elaborado el contenido y la manera de hacerlo. Es una ley orgánica. No puede hacerse por vía de decreto, por lo que debe aprobarse por las Cortes Generales", subrayaría después Soraya Sáenz de Santamaría. Preguntada sobre si no le preocupaba al Gobierno que el monarca deje de tener este tipo de protección jurídica hasta que se apruebe su aforamiento, la mano derecha de Rajoy en el Gobierno recalcó que "el rey tiene inviolabilidad" y que esa inviolabilidad "permanece". Es decir, que no se le pueden pedir cuentas por comportamientos del pasado con carácter retroactivo. "No implica recuperar responsabilidad a las actuaciones anteriores", añadió.

Pese a que la vicepresidenta intentó vestir de normalidad el hecho de que el rey pueda estar semanas sin protección jurídica, se trata de una cuestión que preocupa en la Zarzuela. De hecho, las formaciones de izquierda han anunciado ofensivas jurídicas en los tribunales contra el todavía rey en el momento en el que éste pierda su inviolabilidad.

Más avanzado tiene el Ejecutivo el real decreto que regulará el tratamiento y los títulos que tendrán Don Juan Carlos y Doña Sofía cuando se haga efectiva la abdicación.

Aforamientos en marcha

El pasado 4 de abril, el Consejo de Ministros dio luz verde a un informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. Un texto que, entre otros asuntos, restringía el aforamiento autonómico a aquellos expresamente previstos en los estatutos de autonomía e incluía a la reina Sofía y a los príncipes de Asturias. Según la referencia distribuida con posterioridad a esta reunión, con este paso, la intención del Ejecutivo era la de solucionar "una deficiencia histórica del sistema al incluir entre ellos [los aforados] a la reina y a los príncipes de Asturias". "De esta forma, solo se equipara a estos miembros de la Familia Real con las demás autoridades del Estado establecidas en la Carta Magna", añadían desde el Ministerio de Justicia. Esto ocurría justo cuatro días después de que el rey Juan Carlos trasladase a Mariano Rajoy su intención de abdicar en los próximos meses,trasladase a Mariano Rajoy su intención de abdicar en los próximos meses una decisión que se materializó este mismo lunes.

Pese a la cercanía en el tiempo de ambos acontecimientos, en el Gobierno rechazan tajantemente que pueda establecerse cualquier tipo de relación causa-efecto. De hecho, subrayan que el anteproyecto llevaba mucho tiempo preparándose antes de que llegara al Consejo de Ministros y que ya incluía las observaciones para Sofía, y para los príncipes Felipe y Letizia porque se trataba de una "tarea pendiente". Es decir, que por estas fechas desde el Ejecutivo no se trabajaba con la previsión de sacar adelante esta ley para que en pocos meses tuviese que incluirse también a Juan Carlos I como aforado.

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Sobre este asunto, la vicepresidenta señaló que este anteproyecto de ley del poder judicial es una muestra de que el Gobierno ya llevaba tiempo reflexionando sobre el vacío legal en el aforamiento de los miembros de la familia real. Y calificó de "llamativo" que, ante el número "bastante amplio" de altos cargos que están aforados en España no se haya aforado a algunos de los miembros de la familia real.

Malestar con CiU

Otro de los asuntos más destacados de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros fue el del malestar del Ejecutivo con CiU después de que esta formación anunciase que se abstendría cuando la semana que viene se vote en el Congreso la Ley de Abdicación. Sáenz de Santamaría invitó a la formación de Josep Antoni Duran i Lleida a abrir uan "reflexión". "Ni es muy entendible, ni parece muy oportuno, siendo partido de Gobierno...", valoró.