El Gobierno prioriza el acuerdo a tres sobre la jornada laboral y ve posible que el PP se abstenga

Hay agua en la piscina. Esta es la sensación que existe ahora mismo respecto a las negociaciones para la reducción de la jornada laboral. Hace unas semanas parecía imposible, pero las piezas van camino de encajar. Y en el Ejecutivo ahora impera una máxima: prioriza un acuerdo con los sindicatos y la patronal frente a un calendario exprés de aprobación sin ese grado de acuerdo.

Hace unas semanas, desde el Ministerio de Trabajo se fijaban julio como la fecha tope para la aprobación aunque no hubiera acuerdo con los empresarios. Pero ahora, según fuentes del Ejecutivo, se trabaja con la idea de que estén todos los agentes sociales y no se pinta en rojo una fecha del almanaque. Una conclusión en la que están de acuerdo tanto el ala socialista como los miembros de Sumar.

El próximo miércoles habrá una nueva reunión entre todas las partes para intentar desencallar la situación. El clima ya cambió en la que se produjo la semana pasada, en la que el Gobierno mostró su disposición a retocar los planes que había trasladado a los representantes de los empresarios, aunque avisaron de que no será una propuesta descafeinada.

Es una de las medidas estrella de la coalición para esta legislatura y es especialmente significativa para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue al dedillo las negociaciones y ha mostrado su interés en que sea una iniciativa que cuente con el apoyo tanto de los sindicatos como de los empresarios. Una de sus obsesiones es que continúe la paz social y que no haya grandes enfrentamientos entre agentes sociales. En la parte de Sumar también subrayan que se van a dejar la piel para alcanzar ese gran pacto. Por eso, las fuentes del Gobierno rechazan dar una fecha concreta para su aprobación. Quieren de esta manera salvaguardar el diálogo para llegar a un pacto.

La coalición ve un cambio de actitud en la patronal

En el Gobierno ven de manera muy positiva el cambio de actitud de la patronal, que hasta ahora había tenido las espadas levantadas a través de palabras gruesas. Pero creen que se ha abierto una puerta y, por eso, dan la máxima importancia a la cita de este miércoles para poder avanzar en la idea de reducir el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 en 2025. En el Ejecutivo perciben señales de los propios representantes empresariales de que pueden cruzar finalmente el puente. 

Asimismo, las fuentes del Gobierno indican que hay posibilidades de que el Partido Popular termine facilitando la aprobación posteriormente en las Cortes a través de una abstención. Ponen de manifiesto que no ha habido un rechazo total por parte de Génova 13 e interpretan en el Ejecutivo que Alberto Núñez Feijóo no quiere repetir el error de Pablo Casado respecto a la reforma laboral. En el Partido Popular miran por el retrovisor para ver qué postura tomará finalmente la CEOE y decantarse en una línea similar.

El PP de Madrid está abanderando principalmente la oposición a esta medida. El número dos de Isabel Díaz Ayuso en el partido, Alfonso Serrano, criticaba el pasado martes: “Se va a imponer un modelo que lo que puede hacer es que algunos negocios se vean abocados al cierre o haya que incrementar los precios para poder mantener a lo mejor esas nuevas contrataciones que haya que hacer". En cambio, Génova 13 se está guardando más las espaldas en estos momentos y no hay grandes hipérboles ni pronósticos apocalípticos sobre la medida.

El Gobierno ve al PNV alineado y a Junts muy lejos

Además, en el Gobierno están muy pendientes de sus socios de investidura de cara a la tramitación en el Parlamento de esta medida. Junts está ahora mismo en posiciones contrarias y su voto puede ser vital en caso de que no acceda el PP a facilitar la iniciativa. También el PNV ha dado muestras de no tener mucho entusiasmo y considera que no tendría mucha afectación en Euskadi. En el Gobierno, no obstante, indican que los nacionalistas vascos terminarán apoyando la propuesta.

Los sindicatos también quieren poner de su parte y no están presionando con una fecha tope. Pepe Álvarez, de UGT, lo explicó así: "Vamos a dar tiempo, vamos a ver si se contestan a las preguntas clásicas, a las preguntas necesarias para avanzar. Nosotros estamos dispuestos a discutir las contrapartidas que pide la patronal. La cuestión es, ¿la patronal está dispuesta a que realmente la jornada máxima en nuestro país sea de 37 horas y media? Creo que esa es la cuestión clave". Unai Sordo (CCOO) remarcó hace unos días que "en este tipo de negociaciones, cuanto menos ruido y declaraciones esperpénticas se hagan, mejor".

La vicepresidenta reunió el pasado jueves a los ministros y secretarios de Estado de Sumar para fijar la hoja de ruta legislativa de los próximos meses y puso principalmente el foco en esta reducción de la jornada laboral durante el encuentro, en el que apostó por unos presupuestos generales que reduzcan las desigualdades y la pobreza infantil, iniciativas para garantizar la vivienda digna y medidas “que ensanchen la democracia”. Precisamente sobre este punto están trabajando los equipos de Sumar y del PSOE de manera muy discreta de cara a la comparecencia del presidente del Gobierno que se celebrará el miércoles en el Congreso de los Diputados para presentar un ambicioso paquete de medidas de regeneración democrática prometido después de los cinco días de reflexión.