La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha acudido de nuevo este miércoles a los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla para prestar declaración en la causa judicial que le persigue desde hace más de medio año y que la ultraderecha ha terminado por convertir en una gran causa con múltiples frentes. Es la tercera vez que Gómez se sienta ante el titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Pero esta vez, a diferencia de las anteriores, sí ha declarado.
Gómez sólo ha respondido a las preguntas de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho. En total, media hora de comparecencia en la que ha negado el tráfico de influencias que se le atribuye, ha rechazado el delito de intrusismo descargando sobre la Universidad Complutense de Madrid la decisión de firmar unos pliegos de un contrato y ha rechazado categóricamente haberse apropiado del famoso software. En relación con esto último, ha dicho que "jamás" se lucró.
La investigación judicial contra Gómez giró en un primer momento en torno a dos delitos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Bajo la lupa se situaron una serie de contratos adjudicados a las empresas de Juan Carlos Barrabés y unas cartas de recomendación que el empresario había aportado en estas licitaciones –alguna suscrita por la mujer del presidente–. Pero poco a poco, el objeto se fue extendiendo. Hasta que terminó abarcando también los másters y la cátedra que Gómez ha ostentado en la Universidad Complutense. Una investigación que la Audiencia Provincial de Madrid se ha encargado de avalar.
Sobre los contratos, ha asegurado que jamás intervino, que nunca hizo gestión alguna para que recayesen sobre las firmas del empresario, que fue profesor en el Máster de Transformación Social Competitiva de la Cátedra que ella codirigía en la Complutense. Es más, ha resaltado que tuvo conocimiento de las adjudicaciones cuando se puso en marcha la investigación judicial. Y en cuanto a las misivas de recomendación, ha asegurado que eran unas "cartas modelo" que fueron enviadas a universidad: "Lo que se firmaba no era el apoyo a una empresa en concreto, sino que se apoyaba la importancia a efectos de innovación del proyecto".
Niega apropiación indebida por el registro de marcas
Este primer frente fue ampliado tras el verano, cuando Peinado decidió admitir una nueva querella de la asociación ultracatólica HazteOir –que ya ejerce como acusación en el procedimiento– por un un delito de apropiación indebida y otro de intrusismo profesional. En concreto, se acusa a Gómez, quien fuera codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, de haber inscrito a su favor como titular de una sociedad la marca TSC Transformación Social Competitiva y, posteriormente, un software financiado por empresas privadas para el centro educativo.
La Complutense envió el pasado 1 de julio al juzgado que dirige Peinado un informe con el siguiente título: "Posible apropiación indebida de propiedad de la Universidad Complutense de Madrid (Software-Plataforma electrónica)". El documento era el resultado de una pequeña auditoría realizada tras la aparición de algunas informaciones en medios de comunicación. Unas pesquisas que no arrojaron, en parte por la "falta de colaboración" de algunos intervinientes, ningún resultado concluyente: "Las actividades de investigación no permiten alcanzar una conclusión definitiva respecto a la existencia, o no, de perjuicio sobre su patrimonio".
Sobre esta cuestión, ha explicado que el término " Transformación Social Competitiva" lo creó ella. Y que si inscribió las marcas fue "a efectos figurativos". "A efectos de usar el logotipo en la documentación", ha completado su letrado a la salida de los juzgados. Además, ha asegurado que la Universidad Complutense tuvo "perfecto conocimiento" de la "inscripción de las marcas", con el que también se buscaba que nadie pudiera utilizarlas fuera del ámbito de la universidad. De hecho, ha afirmado que "no han sido usadas nunca" fuera de la Complutense.
En cuanto a la inscripción del dominio en el que se alojó el software, ha insistido que lo hizo de acuerdo a lo que se le dijo desde la Oficina de Patentes y Marcas de la Complutense. De hecho, en la causa hay aportado un correo electrónico en el que una funcionaria de la misma indica a Gómez cómo se debe hacer esta gestión: "Os enviamos un enlace sobre cómo registrar un dominio, puesto que nunca se ha realizado ese trámite desde la OTRI-UCM".
El pasado mes de septiembre, Gómez avisó a la Complutense de que debido a las investigaciones en marcha no iba a realizar "gestión alguna" para la renovación por un año más del dominio "que da soporte" a esa herramienta digital y que ella misma registró "siguiendo las indicaciones" de la universidad. "Dado que el mencionado dominio ni está a nombre de la UCM ni está autorizado por la UCM, le informamos que tampoco la universidad va a actuar en ningún sentido respecto a la renovación del mismo", respondió, días después, el vicerrector de Planificación de la Complutense, José María Coello de Portugal, al tiempo que restó importancia al mail de 2022.
Rebate con correos el delito de intrusismo
"La apropiación indebida no cabe": juristas dudan de la ampliación del 'caso Begoña' al software de la Complutense
Además de apropiación indebida, Peinado también atribuye a Gómez en esta última ampliación del caso un delito de intrusismo profesional por haber elaborado y redactado “los pliegos de prescripciones técnicas” para la contratación por parte del Rectorado, según recogía el auto, “de un servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa”.
La defensa de Gómez trató de rebatir todo esto aportando una serie de correos electrónicos a la causa que vendrían a demostrar que suscribió el pliego porque así se lo exigieron expresamente desde la Universidad Complutense. Y en ellos se ha apoyado la mujer del presidente del Gobierno durante su declaración. Así, ha dicho que todos los procesos en la Complutense son "guiados" y que recibió al menos dos emails en donde se la instaba a firmar ese pliego porque "de acuerdo con la normativa del centro" debía ser suscrito por el jefe de la unidad administrativa.
“El pliego de prescripciones técnicas ha de firmarlo Begoña. He modificado el término ‘recomendación’ para que sea una exigencia y el perfil se adapte exactamente a lo que solicitáis como cumplimiento obligatorio”, le escribieron desde la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense el 24 de abril de 2023. "Adjunto la propuesta del pliego de cláusulas administrativas particulares. Tiene que ir firmado por un responsable de la Cátedra", le escribieron desde el mismo área unos días después, el 11 de mayo.
La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha acudido de nuevo este miércoles a los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla para prestar declaración en la causa judicial que le persigue desde hace más de medio año y que la ultraderecha ha terminado por convertir en una gran causa con múltiples frentes. Es la tercera vez que Gómez se sienta ante el titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Pero esta vez, a diferencia de las anteriores, sí ha declarado.