La Guardia Civil ve “indicios suficientes” para acusar al presidente de Murcia de fraude con la ‘Púnica’

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que existen "indicios suficientes" para afirmar que el actual presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y la exregidora de Cartagena Pilar Barreiro, ambos del PP, "se concertaron" con los cabecillas de la trama Púnica para cometer un fraude "a través de la contratación pública de la Consejería de Educación y costear los trabajos reputacionales de su titular y de la alcaldesa de Cartagena", según las conclusiones del informe que consta en el sumario de la trama corrupta.

No obstante, en el documento los agentes reconocen que la contratación "no llegó a materializarse a causa de las actuaciones policiales y judiciales de octubre de 2014, si bien los indicios apuntan a que sí se materializó el concierto para la adjudicación a través de las distintas reuniones y contactos entre las partes".

Tal y como adelantó infoLibre, el actual presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, mantuvo una reunión en el Hotel de las Letras, en la Gran Vía de Madrid, con uno de los cabecillas de la Púnica, el también exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa. En la misma también participaron Pilar Barreiro y el informático Alejandro de Pedro.

"Informe preventa"

Según esta versión Pedro Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación murciano, emplazó a De Pedro a viajar a Murcia y presentar una propuesta para mejorar su posicionamiento en Internet.

En este sentido, en el sumario del caso consta un documento interceptado a Alejando de Pedro encabezado con el título "informe preventa" en el que se especifica que el cliente era "Pedro Antonio Sánchez, consejero de Educación de Murcia". La fecha de visita, siempre según el sumario, fue el 11 de junio de 2014.

Pero según la Guardia Civil, este contrato iba a ser sufragado por el Gobierno de Murcia, y no por el Partido Popular. Pero, además, los agentes sostienen que la intención de Alonso Conesa, que había sido alcalde del PSOE en Cartagena, era utilizar el dinero público para llevar a cabo la mejora de la imagen de Barreiro, con la que mantiene una relación de amistad.

"Estaría acordado que las prestaciones de servicio a Pedro Antonio Sánchez incluirían también los trabajos reputacionales de Pilar Barreiro a través de un supuesto contrato de formación suscrito con la Consejería", especifican los agentes en su informe dirigido al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

32.200 euros

El precio del preacuerdo, según la UCO, fijaba los pagos de la Administración murciana en 32.200 euros, lo que supone 4.600 euros sin IVA mensuales durante siete meses, que se desglosaban en "3.000 euros de reputación más 1.600 euros de periodista. Los 3.000 euros ampararían a Pedro Antonio Sánchez, y a Pilar Barreiro se lo harían gratis", completa el informe, que concluye que estos trabajos de reputación online "no son prestaciones que respondan a una necesidad pública sino al interés personal del consejero para validad su gestión, contrarrestar las noticias desfavorables a su persona y de ese modo poder progresar en su carrera política".

La trama se comprometió a mejorar la imagen del presidente murciano, cuando era consejero de Educación, y en el PP murciano era conocido como el delfín del expresidente Ramón Luis Valcárceldelfín , que había dejado la presidencia a Alberto Garre para presentarse a las elecciones europeas.

Un informe del Ministerio de Hacienda llevó a la jueza a pedir la imputación del presidente murciano

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Investigación en Puerto Lumbreras

Pero la posibilidad de que fuera imputado por un caso de corrupción en su periodo de alcalde del municipio de Puerto Lumbreras, muy cerca de Almería, estuvo a punto de truncar su carrera política, en favor del otro posible candidato, que era el consejero de Turismo, Juan Carlos Ruiz, que también contrató a la Púnica.

Al final se impuso Pedro Antonio Sánchez, que acabó siendo candidato del PP murciano, que ganó las elecciones, y que necesita el apoyo de Ciudadanos para mantenerse en el Ejecutivo murciano. Por su parte, Juan Carlos Ruiz tuvo que dimitir tras ser imputado por el juez Velasco.