Guardias civiles piden aclarar y sancionar el ágape golpista de los Tejero

El almuerzo del teniente coronel Antonio Tejero Díez –hijo del golpista Antonio Tejero Molina– con varios de los implicados en el golpe de Estado del 23-F, en vísperas del trigésimo tercer aniversario de la efeméride y en un acuartelamiento de la Guardia Civil en Valdemoro (Madrid), continúa siendo objeto de polémica. Este martes, las principales asociaciones de guardias civiles han emitido sendos comunicados en los que rechazan lo ocurrido y piden ir más allá de un simple cese.

Así, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha comunicado su "condena rotunda" a la "celebración" del aniversario del 23-F protagonizada por los Tejero, y ha asegurado que "no basta" con el cese del que fuera jefe del Grupo número uno de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil. La asociación exige "una investigación para conocer los detalles", para esclarecer cuestiones como quiénes organizaron el acto y quiénes participaron en él.

En la misma línea, la Unión de Guardias Civiles (UniónGC) "rechaza y condena" la actitud del teniente coronel Tejero: "El 23-F es un mal recuerdo que no puede ser conmemorado", apunta la asociación. En un comunicado, también se acusa a Tejero de ser uno de los "más despotas" en la Guardia Civil. Según UniónGC, Tejero tenía 70 vacantes en su unidad, mientras el resto de grupos de las mismas características, aseguran, tienen "sus plazas prácticamente cubiertas". 

Por su parte el Ministerio del Interior ha guardado silencio como ya hiciera este lunes tras conocerse la noticia. Más allá de la escueta nota en la que se hacía público su cese no hay noticias de investigación o sanción alguna. De hecho, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha evitado este martes valorar "el sentido" del almuerzo de los implicados en el 23-F y se ha limitado a referir que la comida se produjo sin autorización de los superiores del teniente coronel.

Conducta sancionable

Mientras tanto, las asociaciones de guardias civiles no se dan por satisfechas con el cese, porque no es una sanción. El cargo de Tejero es un puesto de libre designación y su destitución ni mancha su expediente ni le impide solicitar nuevos destinos. De momento, Tejero ha perdido el complemento que le correspondía al frente del GRS de Valdemoro –aproximadamente el 30% de su salario–. Ahora, podrá pedir otra plaza dotada, igualmente, con un complemente salarial.

"No es una simple paella, como se ha intentado decir", comenta Juan Antonio Delgado, portavoz de la AUGC. Delgado subraya que Tejero empleó "medios oficiales que pagamos todos" para "ofrecer una paella en homenaje a un golpe de Estado" y recuerda el alcance de la noticia, "tanto en medios nacionales como internacionales". Al hilo de esa repercusión, comenta que "el régimen disciplinario de la Guardia Civil establece como falta muy grave dañar la imagen del cuerpo".

Los expertos consultados por infoLibre coinciden con Delgado a la hora de señalar el deterioro de la imagen de la Guardia Civil como uno de los argumentos para sancionar a Tejero. "Es evidente que ha hecho daño a la Guardia Civil", reitera Mariano Casado, experto en Derecho militar, quien comenta que "la disciplina se debe aplicar a todos por igual" y que a la hora de graduar la sanción hay que observar cuestiones como la intencionalidad, el daño infligido o el historial de Tejero.

Pero no es sólo cuestión de imagen, señalan, pues Tejero habría ordenado a agentes cocinar y servir la paella, y el régimen disciplinario del cuerpo sanciona conductas como ordenar a subordinados la prestación de tareas personales ajenas a sus funciones. Casado va más allá: "¿Se desatendieron otros servicios por tener agentes haciendo paellas?", cuestiona, y enumera posibles faltas de Tejero: "Abuso de atribuciones, abuso de autoridad, ordenar prestaciones personales...".

Finalmente, hay un último elemento al que se refieron los conocedores del régimen disciplinario del cuerpo y las asociaciones de guardias civiles: la instrucción que Tejero habría dado a los agentes encargados de controlar el acceso al acuartelamiento para que no identificasen a los asistentes al ágape. "Si permitió la entrada a personas no autorizadas, también puede ser sancionado", argumenta Casado.

Y de fondo, subyace la cuestión de homenajear el 23-F: "El almuerzo era por algo y para algo, y esa podría ser incluso la parte más trascendete", dice Casado. "Atentar contra la dignidad del cuerpo y las instituciones –algo que podría haber sucedido al celebrar un golpe de Estado, apuntan desde UniónGC– es sancionable". "Conmemorar un acto que toda la sociedad recuerda como un episodio negro es inaceptable", añade Delgado.

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Tanto la AUGC como UniónGC reclaman que se inicie una investigación, extremo con el que también está de acuerdo Casado: "Si se considera que los hechos no están claros, hay que abrir un procedimiento de información reservada para esclarecerlos. Y si los hechos están claros, hay que abrir un expediente", apunta tajante. "Eso es lo mínimo que hay que hacer", zanja.

Delgado recuerda una vez más que la destitución no es una sanción y que, "como mínimo", debe abrirse una investigación: "Y, además, tenemos muy claro que lo ocurrido es sancionable", añade. El portavoz de AUGC advierte de que, si no hay investigación, se estará ante un caso de "doble rasero", pues durante el Gobierno del PP se ha abierto expediente a 36 miembros de la asociación por hechos aparentemente menores: "En su mayoría por convocar ruedas de prensa", concluye.

UniónGC concluye que lo ocurrido "es sancionable, desde luego" y recomienda abrir primero una información reservada –"una especie de instrucción judicial", explican– para "saber si los hechos ocurrieron tal y como han relatado los medios"; y después, en caso de que corresponda, abrir un expediente informativo que se salde con una sanción.