Dentro se debatían los Presupuestos; fuera, se clamaba contra ellos. Lo hacían por segunda vez sindicatos, profesores y estudiantes de las universidades públicas, unidas contra la "asfixia" a la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, les está sometiendo. Fue este jueves, durante la primera sesión del debate de las cuentas para 2025 que, previsiblemente, quedarán aprobadas este viernes. Con la consolidación, eso sí, de la infrafinanciación de un sector que todavía no se ha recuperado de los recortes de hace una década. Y no sólo eso: que recibe un 5,1% menos de lo que lo hacía en 2009.
Han pasado 15 años desde entonces. Dijeron basta en 2012 pero en 2015 bajaron la voz que ahora vuelven a sacar a la calle. La gota que ha colmado el vaso ha sido la partida que el Gobierno del PP va a aprobar para ellas. Contempla un incremento del 4,2% con respecto al año pasado. En números redondos, 47,3 millones, una cifra muy lejana a los 200 que pedían los rectores para, simplemente, sobrevivir. Para poder mantener su actividad. Su situación es "crítica", dijeron, pero podría ser peor: podría tornarse en "catastrófica". Una posibilidad que los profesores ya no sitúan en el horizonte.
Han recibido, junto a los estudiantes, una última estocada. Y por parte, esta vez, de los propios centros. La liquidez que no sólo no llega sino que se agota les ha llevado a aprobar unos presupuestos de cara a 2025 que son, en el mejor de los casos, una mera prórroga de los que ya están en vigor. Y en el peor, un drástico tijeretazo. Es el caso de la Complutense, que en su Consejo de Gobierno ya acordó prorrogar las cuentas de 2024 con un recorte del 35% en sus gastos. "Ya nos advirtieron antes del verano de que esto iba a pasar", recuerda Mariu Ruiz-Gálvez, profesora de Economía en Ciencias Políticas. No le sorprende. E incluso lo recibe con la resignación de "otro más". Según los cálculos de la propia institución, su déficit es ya de 64,5 millones de euros. Y se nota en el día a día.
"Llevamos años asistiendo a un deterioro de las infraestructuras y suministros básicos de bienes y servicios. Muchos departamentos tienen limitadas las fotocopias, hay bibliotecas que no pueden actualizar sus suscripciones a bases de datos, a revistas. No se pueden organizar eventos, hay obras que se quedan a medias, despachos sin ventanas y espacios sin calefacción", enumera. La tarea investigadora de la universidad pública, por tanto, es ya casi una utopía. "Es una noticia terrible. Es un recorte sobre otro", lamenta la docente.
Un 4,8% menos en la Autónoma
Tampoco será el único. La Universidad Autónoma de Madrid (UAM), por su parte, ya ha anunciado que en 2025 contará con 331,5 millones de euros en su caja, lo que supone un 4,8% menos del montante disponible para gastar en todo 2024. Los motivos, explicaron en una nota de prensa, son "la disminución de los ingresos específicos", es decir, "lo que la universidad prevé obtener para la financiación de determinadas actividades y proyectos". Pero los profesores lo tienen claro. Y no titubean a la hora de señalar a la verdadera responsable: Isabel Díaz Ayuso. "Este es, en realidad, un recorte de la Comunidad de Madrid", acusa directamente Juan Manuel Valenzuela, contratado predoctoral en el centro. Ahora bien, matiza, la Autónoma actúa como su brazo ejecutor. "Está aprovechando para hacer cosas que hace años eran impensables", señala también, como miembro del sindicato CGT. Se refiere por ejemplo a reprimir protestar o incluso a plantear el cierre de ciertos grados por motivos que van más allá de los meramente educativos.
Su compañera en la organización, la profesora Nagore García, le suscribe. "La universidad tiene una capacidad de negociación que no está utilizando. A los rectores lo que les toca ahora es plantarse", dice. Al final, las situaciones que sufren son prácticamente idénticas a las que describen los profesores de la Complutense. "Hemos tenido techos derrumbados porque no hay personal de mantenimiento. No tenemos técnicos ni administrativos y los profesores tenemos que ocuparnos también de la burocracia. ¿Cómo vamos a hacer así nuestro trabajo?", se pregunta.
Concretamente, la ratio de la que disponen es de 0,4 profesionales de este ámbito por cada profesor, un número que debería ser, en realidad, de un técnico o administrativo por cada docente. Y que en la Unión Europea llega a tener incluso una relación de dos por cada uno. "Este año podremos sobrevivir, pero lo haremos en el sentido literal de la palabra. El año que viene no sabemos qué pasará", añade el profesor Luis Lloredo.
infoLibre se ha puesto en contacto con el resto de universidades públicas madrileñas para conocer cuáles son sus planes de cara a 2025, pero sólo ha obtenido respuesta por parte de la Rey Juan Carlos y de la Universidad de Alcalá, que confirman que no tendrán recortes como los que sí han anunciado la UCM y la UAM. No obstante, eso no implica que sus gastos vayan a ser mayores. Al contrario.
La primera asegura que prorrogará sus cuentas tal y como ya se aprobaron en 2024, pero sin tener en cuenta que la inflación de entonces era un 2,4% menor a la actual, según los últimos datos disponibles en el INE, correspondientes a los meses de noviembre. La segunda, por su parte, ya ha suscrito unos nuevos presupuestos "muy ajustados", sometidos a la escasa financiación que, señalan sus fuentes, perciben por parte del Ejecutivo regional.
La universidad pública vuelve a la calle
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La situación ha conseguido que la universidad diga "basta". La de este jueves fue la segunda protesta ante la Asamblea de Madrid, pero no será la última. Al menos, no es lo que los profesores y estudiantes tienen en mente. El movimiento La uni en la calle que entre 2012 y 2015 —los años más duros de recortes— sacó a la calle a más de 900 profesores y profesoras ha vuelto a funcionar y el personal docente de todos los centros excepto el de la Politécnica ya se ha unido en plataformas con el objetivo de convocar nuevas manifestaciones. "Durante el año 2025 se prevén más manifestaciones de protesta", confirmó este miércoles la Junta de Políticas de la UCM.
Los rectores, por su parte, lanzaron su último comunicado el pasado 3 de diciembre, precisamente al término de la reunión que mantuvieron con la presidenta conservadora. Fue ella misma la que ese día dio un giro de 180 grados y confirmó que aceptaría los 169 millones del Gobierno central para crear hasta 1.100 nuevas plazas de profesorado en el marco del Programa María Goyri que rubricaron el pasado día 11 entre críticas al Ejecutivo. "Hemos tenido que elegir entre lo malo y lo peor", señaló el consejero madrileño de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.
"Siendo estas aportaciones presupuestarias imprescindibles y bienvenidas, aún resultan insuficientes", sentenciaron los rectores. Al menos, añadieron, si lo que se pretende es "garantizar la sostenibilidad de las universidades públicas", "asegurar la calidad de sus instituciones" y "subsanar su crónica infrafinanciación".
Dentro se debatían los Presupuestos; fuera, se clamaba contra ellos. Lo hacían por segunda vez sindicatos, profesores y estudiantes de las universidades públicas, unidas contra la "asfixia" a la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, les está sometiendo. Fue este jueves, durante la primera sesión del debate de las cuentas para 2025 que, previsiblemente, quedarán aprobadas este viernes. Con la consolidación, eso sí, de la infrafinanciación de un sector que todavía no se ha recuperado de los recortes de hace una década. Y no sólo eso: que recibe un 5,1% menos de lo que lo hacía en 2009.