La auditoría encargada por la Iglesia sugiere que se destruyeron expedientes y se encubrieron abusos
Veintidós meses después del inicio de los trabajos, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha hecho pública este jueves la auditoría que encargó a Cremades & Calvo Sotelo sobre los abusos sexuales contra menores en el seno de la Iglesia. El estudio contabiliza un total de 1.383 denuncias. Y sitúa la cifra de víctimas en "un mínimo" de 2.056 en las últimas siete décadas. Pero no solo eso. También habla de destrucción de expedientes, de falta de control, de encubrimiento. Cerca de un millar de páginas en las que se propone la creación de una comisión independiente para establecer las reparaciones a las víctimas y la puesta en marcha de un fondo por parte de la Iglesia para hacer frente a las mismas. Un mecanismo que, dice, no debería nutrirse ni con aportaciones de fieles ni a través de las donaciones que la institución recibe por el IRPF.
El órgano de gobierno de los obispos encargó este trabajo a comienzos de 2022. El plan inicial era que estuviera listo en un año. Sin embargo, se fue alargando. Desde Cremades & Calvo Sotelo se achacaron los últimos retrasos a la falta de respuesta del Vaticano en relación a unos tres centenares de casos denunciados ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Una demora que no gustó nada en la Conferencia Episcopal Española, que llegó a dar un ultimátum al bufete. Al final, el despacho envió el pasado viernes el documento definitivo a los obispos. Y este martes se hizo la entrega pública. A la izquierda de la foto, Javier Cremades, socio fundador del bufete de abogados. A la derecha, el cardenal Juan José Omella, presidente de la CEE. Y en el centro, el tan ansiado archivo.
El resultado de la auditoría [se puede consultar aquí] es contundente. "Hay una conclusión clara del análisis de las denuncias: la dimensión del fenómeno. No se trata de casos aislados, de unas 'pocas manzanas podridas'. Si un solo abuso ya era demasiado, el análisis nos habla de miles de abusos. No sabemos, ni creemos que pueda nunca saberse, si se trata de unos pocos miles o de muchos miles. Pero, sin duda, son varios miles", recoge el informe. Cremades & Calvo Sotelo rechaza hablar de "violaciones sistémicas": "La abrumadora mayoría de los miembros de la Iglesia mantienen una actitud de cumplimiento de sus fines". Ahora bien, destaca que "la pasividad ante las víctimas" pone en evidencia "graves defectos estructurales que atrofian la propuesta evangélica".
El informe reconoce como "positiva" la "actitud y cooperación" de los obispos y responsables de instituciones de vida consagrada, quienes mostraron todos aquellos archivos de los que disponían. Ahora bien, el bufete destaca que en los mismos "no hay mucha información". "Un número indeterminado de expedientes han sido destruidos, de conformidad con la normativa canónica, tras el fallecimiento del acusado", continúa el documento. El despacho de abogados destaca que en la institución no se tenía constancia de muchos casos conocidos por fuentes externas a la Iglesia, ni siquiera aquellos en los que los denunciantes lo pusieron en conocimiento de los responsables de las diócesis o la orden religiosa.
"De esta realidad es fácil deducir que muy posiblemente se actuó, cuando se hizo, de forma verbal, sin abrir ningún tipo de expediente. Si a ello se le añade la competencia discrecional del Obispo para decidir si tiene o no verosimilitud una denuncia, puede también deducirse que, en muchas ocasiones, las denuncias, bien fueron consideradas no verosímiles o bien, simplemente, se decidió encubrir u ocultar la situación. No decimos que así fuera necesariamente, pero el hecho de que no conste ningún registro facilita esa interpretación y ha sido, sin duda, un grave error por parte de la autoridad eclesiástica no dejar constancia escrita de la denuncia y de la decisión adoptada", completa Cremades & Calvo Sotelo.
Dos millares de víctimas, como poco
Sobre los archivos habló también el Defensor del Pueblo en su amplia investigación sobre los abusos en el seno de la Iglesia. "La constancia de información en los archivos diocesanos, incluso en los expedientes personales de los clérigos, sobre abusos o sospecha de abusos sexuales ha resultado ser excepcional y casi inexistente, incluso en casos de agresores señalados por varias víctimas. De las respuestas de las diócesis debe deducirse que no ha sido práctica habitual guardar esta información. El archivo de la información sobre abusos ha sido algo dependiente de las decisiones de cada obispo, de su interés en que se guardaran datos y de la gravedad percibida del caso", apuntaba el organismo presidido por Ángel Gabilondo en su extenso informe.
La auditoría no ofrece una cantidad cerrada de víctimas durante las últimas siete décadas. Habla, como mínimo, de 2.056, aunque señala que "es objetivamente evidente que el número es superior"
Esta es "una de las muchas causas" por las que, señala Cremades & Calvo Sotelo, no es posible conocer un número exacto de casos. Tras meses de investigación, el despacho de abogados ha puesto una cifra sobre la mesa: 1.383 denuncias de abusos sexuales. De ellas, 619 se corresponden con congregaciones y órdenes religiosas, 322 proceden de las diócesis y una veintena en el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. El resto se han extraído del Defensor del Pueblo, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y del canal de denuncia abierto por el despacho de abogados tras recibir el encargo de la Conferencia Episcopal Española.
La auditoría tampoco ofrece una cantidad cerrada de víctimas durante las últimas siete décadas. Habla, como mínimo, de 2.056, aunque señala que "es objetivamente evidente que el número es superior". De hecho, el documento resalta que a todas esas habría que sumar "aquellas pertenecientes a grupos que no han podido denunciar". También "indeterminada" es la cifra de victimarios. En este sentido, además, el estudio señala que aunque como tal deben considerarse a los abusadores, no debe perderse de vista la "eventual responsabilidad" de quienes los "han ocultado" o "encubierto", incluso, "forzando a la víctima a silenciar su denuncia". "Ni la Iglesia ni ninguna institución puede argumentar hoy en día que desconoce la magnitud de la tragedia", apunta el informe.
La Iglesia contraprograma con su propio informe
Estas cifras contrastan con las que la propia Iglesia ha aportado este mismo jueves en la última versión de su informe Para dar luz, que ha difundido a bombo y platillo a través de los canales oficiales mientras la auditoría de Cremades & Calvo Sotelo quedaba en un segundo plano. En este estudio, la Conferencia Episcopal Española sitúa la cifra global de casos de abusos registrados en 806, de los cuales asegura que solo 205, un cuarto, están "probados", bien por haber sido así declarado en virtud de resolución dictada en el seno de una investigación canónica o en "sentencia judicial recaída" en un proceso penal. Una distinción que, sin embargo, la Iglesia no había llevado a cabo en la última edición publicada de este mismo estudio.
Cremades & Calvo Sotelo sostiene que "es necesario contemplar una reparación integral" a las víctimas y subraya la necesidad de que la Iglesia "reconozca la verdad de lo sucedido"
Desde ámbitos eclesiásticos se ha puesto en cuestión en los últimos meses la calidad del trabajo llevado a cabo por el despacho de abogados. Algo que también ha hecho la Conferencia Episcopal Española en este último informe. "[La auditoría] realiza básicamente una recopilación de casos aparecidos en estudios previos, sin realizar un estudio en profundidad de los mismos y comete errores de concepto como el de considerar como denuncias distintas las realizadas en las diócesis y las del Dicasterio que tienen su origen en las anteriores", señalan los obispos en su propio estudio, en el que realizan un breve resumen de las principales conclusiones extraídas de la investigación llevada a cabo por Cremades & Calvo Sotelo.
La "deficiente" e "inexistente" respuesta de la Iglesia a los abusos
Pero la auditoría del bufete va mucho más allá de la decena de páginas que le dedica el informe Para dar luz de la Conferencia Episcopal Española. A lo largo de un millar de folios, el despacho de abogados ahonda en cuestiones como la experiencia comparada –aborda cómo se han enfrentado a este tipo de abusos en más de una veintena de países–, el impacto que estas agresiones han tenido en las víctimas –la mayor parte de ellas hombres– o los factores que han propiciado estas agresiones, que se han producido en la mayor parte de casos en "colegios e internados" y por parte de sacerdotes u otros religiosos. Abusos que se han cometido en todo el territorio nacional, aunque siendo "especialmente llamativos" los casos atribuidos a Madrid, Barcelona y Navarra.
El documento, además, dedica un espacio importante a la "responsabilidad moral" de la Iglesia. Para el bufete, la respuesta de la institución ante los abusos ha sido, durante décadas, "deficiente, inexistente o incluso de activa negación", lo que ha "incrementado" el daño ocasionado a las víctimas y ha generado "una percepción de impunidad de los agresores" que "abona el terreno para favorecer que se sigan perpetrando las agresiones". "En muchas ocasiones, duele comprobar que se priorizó la protección de la institución y el posible escándalo sobre la protección del niño, niña o adolescente víctima de abusos", recoge el documento, que también afea que en muchas ocasiones la Iglesia haya trasladado a abusadores, poniendo en riesgo a más pequeños.
El informe rechaza que se aplique a las víctimas "un baremo de cuantificación del daño" para fijar unas cantidades compensatorias, ya que eso, considera, "significaría tanto como deshumanizar el proceso de reparación integral de las víctimas"
Con estos mimbres, Cremades & Calvo Sotelo sostiene que "es necesario contemplar una reparación integral" a las víctimas. En primer lugar, el despacho señala que es de "especial relevancia" que la Iglesia "reconozca la verdad de lo sucedido". "Dicha acción dejaría clara la condena explícita de los hechos, la superación de la cultura del silencio e indicaría su voluntad de abordar esta realidad de los abusos", apunta el documento. Además, el informe recomienda a la Conferencia Episcopal Española que en aquellos casos en los que el victimario esté vivo solicite a la Congregación de la Doctrina de la Fe el alzamiento de la "prescripción del delito" para que éste "pueda ser juzgado canónicamente". Y pide que se establezca "un registro de víctimas".
Una comisión independiente y un fondo que no puede nutrirse vía IRPF
Otro de los elementos clave en los que entra de lleno el estudio es en la reparación económica de las víctimas. En este sentido, el bufete de abogados propone que sea una comisión independiente y externa a la Iglesia la que fije, en función de las circunstancias del caso y a instancia de la víctima o sus familiares, "las vías posibles de reparación" y concrete la indemnización que corresponde a cada caso, una fórmula ya utilizada en algunos países de nuestro entorno. En este sentido, la auditoría plantea que las indemnizaciones oscilen, en función del tipo de abuso y del impacto producido, desde los 6.000 hasta los 100.000 euros, pudiendo superarse esta cifra en los “casos de especial gravedad”. Entre las reparaciones posibles, además, la comisión podrá plantear una posible Renta Mínima Vital para víctimas a quienes, como consecuencia de los abusos, “les resulte impedido incorporarse a la vida laboral”.
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En definitiva, lo que plantea Cremades & Calvo Sotelo es que la reparación patrimonial "sea reservada para las víctimas directas" y que la indemnización, que "no puede ser simbólica", sea cuantificada caso por caso. Además, las mismas deben ser sufragadas "con cargo a un patrimonio separado adscrito a este fin que creará la Iglesia Católica y que debe constituirse y nutrirse "con sus propios recursos". "Las aportaciones económicas a dicho patrimonio no debieran provenir de aportaciones realizadas por los feligreses, ni de las donaciones recibidas vía impuesto del IRPF, por ser atribuciones con carácter finalista que van destinadas a los servicios pastorales de la Iglesia, el sostenimiento de sus trabajadores y a su amplia labor social", completa el documento, que establece que el fondo financiado por la CEE y la CONFER debe estar dotado inicialmente con un patrimonio de 50 millones de euros.
El despacho de abogados, además, considera que las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la institución religiosa "no deben" ser "indemnizadas" con cargo al Fondo del Estado que propone el Defensor del Pueblo. Más que nada, dice, porque la "responsabilidad" de tales agresiones "les es imputable directamente a la Iglesia Católica". En caso de que existan situaciones de "corresponsabilidad", continúa, se deberá "establecer un mecanismo de coordinación" de modo que ambas, en el porcentaje que se estime oportuno, reparen integralmente a la víctima. Y en aquellas situaciones en que sea el Estado "el responsable objetivamente" de reparar "en exclusiva", será éste solamente quien asuma dicha responsabilidad.
Aquí puedes leer la auditoría de Cremades & Calvo Sotelo:
