Iglesias quedará expuesto durante varias semanas a que el juez del 'caso Dina' pueda imputarle cuando pierda el aforamiento

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, dejará su cargo y el escaño en el Congreso de los Diputados antes de que empiece la campaña electoral en la Comunidad de Madrid. Esto significa que el líder de Podemos pasará varias semanas, hasta que tome posesión de su escaño en la Asamblea autonómica, sin la protección que otorga el aforamientoprotección y, por tanto, ante la posibilidad de ser imputado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por la pieza 10 del caso Villarejo, más conocida como Dina, después de que ya mostrara esta intención el pasado otoño, cuando pidió al Tribunal Supremo que procediera contra Iglesias. Si es elegido diputado en Madrid, estará aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), tal y como establece el Estatuto de Autonomía.

Según fuentes de Podemos consultadas por infoLibre, cuando el vicepresidente abandone este cargo para ser candidato en los comicios de Madrid del próximo 4 de mayo, que será justo antes de que comience la campaña, también dejará el escaño en el Congreso. Durante las dos semanas de campaña, más los días que pasen hasta que tome posesión de su escaño en la Asamblea, Iglesias no estará aforado ante ningún tribunal superior como ha pasado hasta ahora con el Supremo, que es el competente para investigar y enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno. Esta es la razón por la que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 no procedió contra el líder de Podemos, pero sí pidió al alto tribunal que lo hiciera remitiéndole una exposición razonada en la que solicitaba la imputación por tres delitos: descubrimiento y revelación de secretos, denuncia falsa y daños informáticos.

La Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo contestó a García Castellón devolviéndole las actuaciones y ordenándole agotar la investigación encargando diligencias que, a su juicio, habían quedado sin practicar en la pieza que indaga en el robo a finales de 2015 de la tarjeta del teléfono móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham y la posterior publicación de parte de su contenido en medios de comunicación.

Entre esas diligencias está tomar declaración a Bousselham para que sea oída acerca de si efectivamente denuncia los hechos relacionados con un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos derivado del hecho de que Iglesias se quedara meses con la tarjeta del móvil después de recuperarla de la revista Interviú, adonde el soporte había llegado en un sobre anónimo. El Código Penal exige la denuncia de la persona agraviada para proceder por esos delitos. El Supremo también instó al juez a realizar una ampliación de la pericial informática realizada sobre los daños que sufrió la tarjeta para tratar de precisar las causas que impidieron acceder a su contenido, así como a escuchar a la exasesora en relación a si el contenido del soporte era accesible cuando se lo entregó Iglesias, ya que sobre este asunto hizo diferentes matizaciones.

A la espera de un nuevo informe policial

El magistrado de la Audiencia Nacional ha optado por empezar encargando la pericial a la Policía Científica, a la que ha dado permiso para que analice la tarjeta de memoria ante la advertencia de la unidad policial de que ésta puede destruirse en su intento. Para García Castellón, esta diligencia es "necesaria, útil y pertinente" antes de tomar declaración a Bousselham, según el auto de ordenación de la diligencia, pues su resultado "permitirá aportar elementos objetivos" para corroborar las manifestaciones que la exasesora de Podemos hizo ante el juez instructor así como aclarar qué "causas impiden acceder a la información de la tarjeta"; "el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado"; "eliminación, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad de los archivos que la tarjeta contenía"; "si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos" y "fecha del último acceso".

Fuentes jurídicas han confirmado a este periódico que el informe pericial aún no ha sido remitido al juzgado, por lo que, de momento, la pieza Dina está estancada. En función de las conclusiones del informe, el instructor llamará a declarar a Bousselham y decidirá sobre una posible imputación a Iglesias por el delito de daños informáticos, en caso de que éste no cuente con aforamiento; insistir al tribunal superior que tenga la competencia sobre el líder de Podemos; o archivar las actuaciones definitivamente. Si le imputara, ello podría tener lugar en plena campaña de las elecciones en la Comunidad de Madrid.

Hay una regla no escrita en los tribunales según la cual éstos no suelen tomar ciertas decisiones que puedan interferir o influir en el desarrollo de procesos políticos como puede ser una campaña electoral. Pero este periodo sería la única oportunidad del juez García Castellón para proceder contra Iglesias si así lo considerara, ya que serían las semanas en las que el líder de Podemos carecería de aforamiento. Las fuentes de Podemos consultadas por este periódico aseguran estar tranquilas y creen que nuevos frentes judiciales que pudieran aparecer durante la campaña madrileña podrían incluso reforzar su discurso.

Los dos informes previos no señalaban a Iglesias

La Policía Científica ya entregó en agosto de 2020 un informe en el que subrayaba que los daños hallados en la tarjeta del móvil de Bousselham habrían sido resultado del "lijado de la cubierta protectora", lo cual "sería compatible con un intento de recuperación del contenido de la memoria", una técnica que coincide con la "empleada por los laboratorios especializados". Por culpa de esos daños, decía, “no se puede determinar” si la tarjeta tenía “daños previos”, “qué partes están afectadas por los mismos ni el momento en que se produjeron”.

Al recuperar el soporte, la exasesora envió la tarjeta a una empresa, Recuperación Exprés, para tratar de extraer el contenido de la tarjeta, pero no se pudo hacer nada. Así lo constataron los propios técnicos de la sede de la compañía en Gales (Reino Unido) en un informe remitido a la Audiencia Nacional en el que explicaban que el soporte estaba "físicamente intacto" cuando les llegó, que no presentaba "cortocircuitos" y que no pudieron acceder a su contenido utilizando el software especializado de recuperación de datos al que acuden en casos como este. También dijeron que durante su manipulación para el análisis del soporte, retiraron el revestimiento de plástico que cubre la tarjeta, aunque recalcaron que "es posible que eliminaran mucho más del recubrimiento".

¿Investigado y perjudicado?

Si Iglesias fuese citado como investigado en la pieza Dina se produciría una situación de lo más paradójica: el juez le imputaría por un delito aunque el ahora vicepresidente es considerado perjudicado en esta investigación, tal y como dejó claro la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, puesto que parte del contenido de la tarjeta que salió publicado en medios de comunicación le afecta directamente. La Sala así lo determinó a petición de la representación legal del líder de Podemos y de la propia Bousselham, después de que el juez García Castellón retirara al primero esa condición de afectado.

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El magistrado también pidió al Supremo proceder contra Iglesias por el delito de denuncia falsa al situarle detrás de una campaña “falsaria” orquestada supuestamente por Podemos para presentarse de forma “torticera” en el caso Dina como víctima de las cloacas del Estado cuando la pieza se abrió justo antes de las elecciones generales de abril de 2019. En la exposición razonada, hablaba de "ardid simulado ante el tribunal” y de “uso torticero del proceso penal” . Sin embargo, el alto tribunal no ve recorrido porque no existe sentencia o auto de sobreseimiento de una causa en la que se haya podido producir un testimonio fraudulento.

En otro frente judicial que afecta a Podemos, el llamado caso Neurona, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, decidió hace una semana incoar un procedimiento aparte que salpicaría también al vicepresidente: indagar en el supuesto cobro de las costas procesales por parte de Iglesias tras un juicio en Pamplona en el que fue representado por abogados del partido, tal y como denuncia la exresponsable de Cumplimiento Normativo de la formación morada Mónica Carmona.

Este procedimiento ni siquiera ha sido abierto aún, ya que el magistrado resolvió que se incoara una causa aparte, de modo que la investigación tendría que ir a reparto en los Juzgados de Madrid para que se hiciera cargo otro instructor. Sin embargo, la acusación popular de Vox ya ha adelantado que recurrirá la decisión ante la Audiencia Provincial, ya que considera que Escalonilla es el que debe dirigir estas pesquisas, pues encuentra conectividad entre esta línea de investigación y la de la contratación de la consultora Neurona al afectar ambas a fondos gestionados por Podemos.