
Dos meses y medio antes de que el Consello de Contas [equivalente al Tribunal de Cuentas estatal] hiciera público su informe sobre todo lo que rodea a la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, en el que certificó un sobrecoste de 470 millones por la decisión de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo de construir el nuevo centro sanitario mediante una concesión público-privada, la Universidade de Vigo (UVigo) completó un análisis financiero que elevó ese sobrecoste hasta los mil millones de euros.
El análisis parte de Francisco Reyes Santías, miembro del grupo de investigación GEN (gobernanza, economía y naturaleza) de la UVigo en su campus de Ourense, centrado en el área de economía y empresa, y acaba de publicarse en la revista especializada International Journal of Healthcare Management bajo el título Is the mortgage model appropriate for financing hospitals? A case study (¿Es el modelo hipotecario adecuado para la financiación de hospitales? Un caso de estudio).
“Teníamos los datos para analizar el proyecto de financiación de iniciativa privada (también llamado de colaboración público-privada) y decidimos hacer un análisis del modelo. Para evaluar la toma de decisiones es necesario tener otras perspectivas, probablemente más desde el ámbito de la ciencia política, pero decidimos centrarnos puramente en lo económico y analizamos las tres opciones que eran las más probables en este caso: la financiación tradicional vía Presupuestos de la Xunta, la utilización de la Sociedade Pública de Investimentos (SPI, Sociedad Pública de Inversiones) o el sistema que se siguió”, afirma el economista Francisco Reyes.
“La mejor opción sería la creación de una empresa pública (SPI) para financiar la construcción y puesta en marcha del hospital”, concluye el trabajo publicado el 31 de enero en la citada revista internacional, para lo cual fue evaluado y revisado por otros expertos en la materia antes de su publicación.
El estudio se basa en una evaluación financiera sin supuestos previos, que tiene en cuenta los elementos críticos que tienen este tipo de proyectos sanitarios, como el retraso de la puesta en marcha o la reducción de recursos –especialmente camas de hospitalización– en función de cada modelo de financiación.
“Hicimos el análisis, calculamos el valor actual neto –por lo tanto, hicimos un análisis costo/beneficio– y eso lo sometimos a diez mil interacciones con un ordenador”, detalla Reyes, que agrega que tomando en cuenta el costo/beneficio y sometiendo todo eso, con las diferentes variables, al modelo de simulación “lo que salió, en un porcentaje muy grande de las múltiples interacciones que se hicieron, fue que el modelo más ventajoso costo/beneficio era financiarlo por la Sociedade Pública de Investimentos”.
“En comparación con la utilización de la SPI, con la financiación de la iniciativa privada elegida nos sale un coste adicional de alrededor de mil millones de euros repartidos en unos veinte años. Es un sobrecosto superior al que estaba en el informe del Consello de Contas porque nosotros partimos de lo que fue la propuesta que se publicó para la licitación pública de la concesión, lo que pasó es que fue una cantidad totalmente desconectada del presente. Lo que hicimos fue actualizarlo para ver cuántos serían los pagos en los diferentes años que se recogían en el concurso. Por lo tanto, obtuvimos el doble de lo que aparecía en el concurso”, detalla Reyes.
Este análisis de las opciones de financiación que tenía la Xunta para el nuevo hospital de Vigo, que comenzó a funcionar en 2015 tras una importante reducción de camas que impidió finalizar el convenio del Sergas con el hospital privado Povisa, al no ser posible prestar asistencia sanitaria pública a toda la población del área sanitaria como estaba previsto, no solo indica que se gastarán más de mil millones de euros de dinero público mediante la colaboración público-privada, sino que también apunta a que la reducción de servicios es frecuente en los proyectos que utilizan esta vía de financiación.
“Margaret Thatcher introdujo este modelo de financiación en el sistema nacional de salud británico. Fue muy criticado en su momento, de hecho, cuando el gobierno autónomo de Escocia accedió a las competencias sanitarias formuló un proceso para la reversión de esos hospitales al sistema público, algo que también se planteó en Gales. Pero hay que reconocer que años después, los gobiernos de Tony Blair también apostaron por este modelo, aunque las críticas fueron muy significativas por el tema de los sobrecostes y de que los hospitales no se construían en el tiempo previsto, que era una de las ventajas que en principio parecía tener el modelo. Además, en algunos casos se produjo una reducción de los recursos inicialmente diseñados: un hospital con mil camas abrió con 750. Esto no es raro en los proyectos que utilizan esta financiación, como hemos podido comprobar”, explica Francisco Reyes.
En el ámbito académico no hay consenso: hay trabajos publicados que siguen las mismas conclusiones que éste, pero también hay otros estudios que indican lo contrario, que existen beneficios en utilizar la vía de financiación de la iniciativa privada. “Nuestro trabajo es una aportación más, con la ventaja de que fue publicado en una revista con factor de impacto y fue evaluado por pares y ciegos, por lo tanto, era necesario responder a todas sus disposiciones”, indica Francisco Reyes.
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El equipo que dirige Francisco Reyes, profesor del área de Organización de Empresas y Marketing de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidade de Vigo, está formado por Mª Fe López Juiz, jueza ahora destinada en los Juzgados de lo Social de A Coruña y profesora del Departamento de Derecho Público de la UVigo, y Sergio Cinza Sanjurjo, médico de Atención Primaria, investigador del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) y profesor de la Universidade de Santiago.
Reyes insiste en que es necesario tener en cuenta el contexto en el que se construyó el Hospital Álvaro Cunqueiro, incluso con el gran impacto de la crisis financiera de 2008 y en un momento de restricciones de deuda pública dictadas por la Unión Europea. “Curiosamente este modelo de financiación público-privada no computaba como deuda pública”, afirma.
Sin embargo, Francisco Reyes no entra en valorar si la decisión de la Xunta fue "eficaz o eficiente", pues considera que "otro estudio que debería hacer para el Álvaro Cunqueiro es la evaluación de la eficiencia en su desarrollo en comparación con otros centros financiados solo con dinero público". Lo que sí sabemos es que la Xunta no volvió a utilizar ese modelo de financiación: no lo hizo con el hospital de A Coruña ni para la ampliación del hospital de Pontevedra.
Dos meses y medio antes de que el Consello de Contas [equivalente al Tribunal de Cuentas estatal] hiciera público su informe sobre todo lo que rodea a la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, en el que certificó un sobrecoste de 470 millones por la decisión de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo de construir el nuevo centro sanitario mediante una concesión público-privada, la Universidade de Vigo (UVigo) completó un análisis financiero que elevó ese sobrecoste hasta los mil millones de euros.