Un informe del Ayuntamiento de Madrid hasta ahora secreto tumbó en 2013 el plan diseñado por el Gobierno regional para perpetuar el campo de golf que, construido en pleno centro de la capital y adjudicado originalmente a un consorcio en el que participaba el socio del hermano de Ignacio González, acababa de ser declarado ilegal por el Tribunal Supremo.
Fechado en mayo de 2013, el informe concluía que el plan presentado por el Gobierno regional, ya entonces presidido por Ignacio González, no era válido. No se ajustaba al PGOU, razonaba el consistorio, porque ese plan reducía nada menos que en 50.000 los metros cuadrados de zona verde previstos en el convenio suscrito 11 años antes por ambas administraciones para esa área, localizada en el distrito de Chamberí.
Pero el documento, al que ha tenido acceso infoLibre, quedó en papel mojado. Dos meses después, el 22 de julio de 2013, el Área de Urbanismo del gobierno de Ana Botella emitió un segundo informe que daba carta de naturaleza al mismo plan que había rechazado en mayo. Las instalaciones de golf, pese al visto bueno municipal, continúan sin licencia a día de hoy, como ya informó este diario.
Ese segundo informe, elaborado como el primero por la Dirección General de Planeamiento de Urbanismo del consistorio mantenía vivas ciertas reclamaciones de cambio al Gobierno regional, aunque de orden menor. Pero lo sustancial es que, ahora y en beneficio del Gobierno regional, modificaba la posición del consistorio en un aspecto clave: el que afectaba al ya citado convenio urbanístico que ambas administraciones habían firmado en 2002 para la gestión de determinados suelos de la empresa pública Canal de Isabel II.
Un convenio clave
Hasta julio de 2013, el Ayuntamiento sostenía que el convenio suscrito con la Comunidad de Madrid en 2002 para gestionar los terrenos del Canal de Isabel II seguía gozando de validez aun cuando no se había ejecutado en todos sus términos.
Y ese convenio era el que preceptuaba que en el área donde se había construido el campo de golf debía haber más de 110.000 metros cuadrados de zona verde y no los 58.659 que establecía el plan especial presentado por la Comunidad.
Los 50.000 metros de suelo libre que el plan diseñado por el Gobierno de Ignacio González se había comido eran, justamente, los que desde 2007 estaban ocupados por el controvertido campo de golf y otras instalaciones deportivas. Es decir, precisamente aquellas que el Supremo había declarado ilegales.
¿Pero qué ocurrió? Que, en su informe de julio de 2013, el Ayuntamiento pasó a mantener ya que, tal como aducía el Ejecutivo autonómico, el convenio de 2002 debía ser cancelado.
Lo "procedente", dice ese segundo documento, es que "ambas partes denuncien [pidan oficialmente que no siga estando en vigor] el convenio renunciando al cumplimiento de los compromisos pendientes derivados del mismo". El área de Desarrollo Urbano Sostenible, que dirige el concejal de Ahora Madrid José Manuel Calvo, ha confirmado a infoLibre que, pese a aquello, el convenio no ha sido denunciado.
En mayo de 2013, es decir, dos meses antes de la emisión del informe que avalaba las posiciones del Gobierno de Ignacio González, el equipo de Ana Botella había abordado la cuestión desde una perspectiva situada en las antípodas.
"La propuesta -dice ese primer informe de 17 de mayo de 2013 en referencia expresa al plan del Gobierno regional- incumple lo establecido en el convenio 24/07/2002 y, por tanto, no se adecua a la Modificación del Plan General del APR [Área de Planeamiento Remitido] 07.01, actualmente en tramitación, en dos aspectos, la proporción de superficies destinadas a zonas verdes y deportivas y la delimitación del ámbito".
"Antes de continuar la tramitación -se lee dos párrafos más abajo en ese mismo informe- se entiende necesario aclarar la delimitación exacta del ámbito que comprende el plan especial teniendo en cuenta la existencia del convenio de planeamiento firmado en el año 2002 y la modificación iniciada con posterioridad en ejecución del mismo y sin concluir".
Cambio de postura
Una vez remitido al Gobierno regional el segundo informe municipal, el de julio, la versión ofrecida entonces a los medios de comunicación subrayaba que la Comunidad y el Ayuntamiento habían "legalizado" el campo de golf de Chamberí. En realidad, y aunque el plan especial fue definitivamente aprobado aquel mes por el Ejecutivo de Ignacio González, las instalaciones deportivas de Chamberí continúan a día de hoy sin licencia.
Este diario preguntó al actual grupo municipal del PP, dirigido por Esperanza Aguirre, el porqué de aquel cambio en la posición municipal. Los portavoces consultados en su departamento de comunicación enfatizaron que los concejales del PP no conocen en detalle lo que hizo el gobierno de Ana Botella y que, por tanto, carecen de respuesta a esa pregunta.
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La sentencia sobre el campo de golf dictada por el Tribunal Supremo en diciembre de 2012 [consúltala aquí] había asestado un duro golpe a la Comunidad de Madrid al anular la declaración de "excepcional interés general" de aquellas instalaciones dictada por el Gobierno regional en enero de 2007. La Comunidad había utilizado ese ardid para saltarse el planeamiento urbanístico, que le obligaba a destinar casi 12 hectáreas a zona verde.
La sentencia del TC forzaba de facto al Ejecutivo regional a elaborar un plan especial que debía ser autorizado por el Ayuntamiento, lo que confería al consistorio una innegable ventaja en las negociaciones.
Al final, el equipo de la alcaldesa Ana Botella terminó validando un plan especial -aquel que motivó la emisión de los dos informes contradictorios entre sí- que calcaba los términos del proyecto original que Esperanza Aguirre había declarado de "excepcional interés". O sea, justamente aquel que había tirado por tierra el Supremo.
Un informe del Ayuntamiento de Madrid hasta ahora secreto tumbó en 2013 el plan diseñado por el Gobierno regional para perpetuar el campo de golf que, construido en pleno centro de la capital y adjudicado originalmente a un consorcio en el que participaba el socio del hermano de Ignacio González, acababa de ser declarado ilegal por el Tribunal Supremo.