La salida de Mozo permitirá a los conservadores del CGPJ diseñar la cúpula judicial si Feijóo gana y le devuelve funciones
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se encuentra en situación de interinidad desde hace cuatro años y medio, será un poco más pequeño en solo un mes. El 19 de julio, a cuatro días de los comicios del 23J, el órgano de gobierno de los jueces perderá a su actual presidente en funciones, Rafael Mozo. La jubilación del magistrado dejará el Pleno con apenas 16 miembros, cinco menos de los que habría en una situación de normalidad institucional. Y esto hará que el denominado sector conservador pase a contar a partir de entonces con mayoría cualificada en el órgano. Algo que otorga a este grupo carta blanca para diseñar a su antojo la cúpula judicial si el PP se impone en las generales y devuelve al CGPJ en funciones la capacidad para hacer nombramientos discrecionales.
El órgano de gobierno de los jueces lleva prácticamente una década funcionando con una mayoría conservadora heredada de la primera legislatura de Mariano Rajoy. Y desde diciembre de 2018, con el mandato caducado. A pesar de esta situación de interinidad, el Consejo General del Poder Judicial continuó realizando nombramientos discrecionales –aquellos que afectan a la cúpula judicial– durante los primeros dos años en funciones. Hasta que el Gobierno, ante el bloqueo del PP a la hora de renovar el órgano, decidió cortar el grifo. En la primavera de 2021, reformó la ley para limitar las funciones del CGPJ cuando tiene el mandato caducado. Y las designaciones al más alto nivel de la judicatura se terminaron.
Desde entonces, los nombramientos pendientes se han ido acumulando en la mesa del órgano de gobierno de los jueces. Hasta la fecha, según datos del Consejo General del Poder Judicial, hay 81 vacantes a la espera. Esto afecta a tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales, incluyendo algunas presidencias. También a la Audiencia Nacional, que tiene pendiente de cubrir la silla de la Sala de lo Penal que dejó vacía Concepción Espejel tras dar el salto al Tribunal Constitucional. Y, por supuesto, al Supremo. En el Alto Tribunal hay en estos momentos 22 plazas vacías. Un problema que afecta a todas sus Salas pero, especialmente, a la de lo contencioso-administrativo y lo social, con más de un tercio de sus sillones sin cubrir.
El líder del PP y candidato conservador a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la justicia figurará entre sus prioridades en caso de alcanzar la Moncloa. Lo dijo este mismo lunes, cuando anunció en un desayuno informativo que una de sus primeras medidas en caso de imponerse en los comicios será enviar a las Cortes una nueva ley para garantizar la "independencia" del CGPJ. Esto es algo que el PP ya dejó plasmado el pasado mes de enero en su Plan de Calidad Institucional y Regeneración Democrática. Un documento en el que, antes incluso del cambio en el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, los conservadores daban "carácter prioritario" a la derogación de la reforma que limita las funciones del CGPJ caduco.
La clave de los tres quintos
En caso de que el PP llegue al Gobierno y decida finalmente frenar el goteo de salidas impulsando esta modificación quirúrgica antes de completar la reforma amplia de la ley y la renovación del órgano en base al nuevo sistema de elección, un proceso que se puede prolongar meses, el Consejo General del Poder Judicial en funciones volverá a tener libertad absoluta para retomar las designaciones dentro de la cúpula judicial. "Este cambio normativo se puede hacer de forma exprés", señalan fuentes jurídicas. De hecho, la reforma impulsada en 2021 desde el Ejecutivo de coalición para limitar las funciones del órgano de gobierno de los jueces se tramitó en tres meses. Y con un parón navideño de por medio.
Si se opta por esta vía, el CGPJ que vuelva a poner en marcha los nombramientos será muy diferente al que existía antes de que se le quitasen atribuciones. Si entonces estaba al completo, a partir de mediados de julio, tras la jubilación de Mozo, contará tan solo con 16 miembros. Y nada parece indicar que las sillas que han ido quedado vacías vayan a ser cubiertas con los suplentes pactados en su día. De hecho, la activación de este mecanismo de suplencias, contemplado en la Ley del Poder Judicial, fue rechazada por el Congreso tras la jubilación del vocal Rafael Fernández. "Al haber finalizado el mandato del Consejo, no estamos ante un supuesto de cese anticipado en sentido estricto, por lo que no procedería la sustitución", recogía un informe de los letrados de la Cámara Baja.
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Aunque pueda pasar desapercibida, esta disminución del Pleno a 16 miembros es relevante. Sobre todo, en lo relativo a nombramientos. Actualmente, la norma que rige el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial establece que las designaciones de presidentes de Sala y magistrados del Supremo, así como las del presidente de la Audiencia Nacional o las de los máximos responsables de los tribunales superiores de justicia, requerirán "una mayoría de tres quintos de los miembros presentes". Una barrera que obligaba a los bloques conservador y progresista a ponerse de acuerdo. Al fin y al cabo, ninguno de ellos disponían de esa mayoría cualificada. Es lo que ocurrió, por poner un ejemplo, cuando se nombró con 13 votos a Ignacio Subijana presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Nuevo juego de mayorías
Pero ahora con la salida de Mozo ese juego de mayorías cambiará. Salvo una inesperada sustitución de sillas vacías, los tres quintos se situarían a partir de entonces en 10 vocales. Y esa es, justamente, la representación con la que cuenta el llamado bloque conservador en el Pleno, lo que le permitiría imponer los nombramientos a su antojo una vez que el CGPJ caducado recuperase sus atribuciones. Algo que desde el sector progresista esperan que no ocurra. "Sería injustificable que un CGPJ en funciones, en el quinto año de prórroga, diezmado, con 16 miembros y con un tercer presidente, hiciera decenas de nombramientos discrecionales. ¿Cómo se llamaría esto, golpe a la justicia o golpe judicial?", deslizan en privado fuentes de este grupo.
Otras voces dentro del mismo sector no creen que se acabe funcionando por "rodillo" si el órgano de gobierno de los jueces en funciones recupera finalmente sus atribuciones. Básicamente, explican, porque no ven a algunos vocales dentro del sector conservador participando en una maniobra así. Y con que solo se descuelgue uno, la mayoría cualificada se va al garete. En este sentido, ponen el foco, por ejemplo, en Vicente Guilarte. "No vota por sistema con el bloque conservador", señala una vocal. Guilarte, de hecho, el candidato natural a suceder a Mozo tras su jubilación al quedar como el miembro del Poder Judicial de mayor edad. El problema es que el puesto requiere dedicación exclusiva y este vocal es catedrático de la Universidad de Valladolid y ejerce la abogacía.
