El Poder Judicial se pronuncia: "Sin una prensa libre, no es posible una sociedad democrática"

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha defendido este jueves el derecho fundamental a la libertad de información tras los registros ordenados por el juez que investiga el caso Cursach a las redacciones de Europa Press Baleares y del Diario de Mallorca. Asimismo, ha afirmado que "sin una prensa libre que cuente con un marco adecuado de protección no es posible el desenvolvimiento de una sociedad democrática".

Así lo ha manifestado en una declaración hecha pública tras estudiar el escrito remitido por más de 650 periodistas de varios medios de comunicación en el que han instado al órgano de gobierno de los jueces a posicionarse en favor a este derecho sin injerencias indebidas frente al "insólito e injustificado" ataque a la libertad de prensa acometido este martes en las sedes de estos dos medios de comunicación donde la Policía Nacional se incautó de teléfonos móviles, ordenadores y documentación.

El CGPJ ha asegurado que "comprende la preocupación expresada por los profesionales del periodismo y medios de comunicación" y ha subrayado "que los derechos constitucionales a transmitir, recibir información veraz y al secreto profesional no se agotan en la dimensión subjetiva de sus titulares, sino que trascienden a una dimensión objetiva". "Se constituyen en pieza clave de nuestro Estado social y democrático de Derecho: sin una prensa libre que cuente con un marco adecuado de protección no es posible el desenvolvimiento de una sociedad democrática", ha añadido.

Hace hincapié en que no es competencia suya controlar al juez

No obstante, la Comisión Permanente ha hecho hincapié en que no es competencia suya revisar ni controlar las decisiones de un juez. Tampoco la de establecer el alcance y límites del derecho a la información, pues corresponde, según ha indicado, a los propios jueces y tribunales a través "de los correspondientes recursos o mediante el ejercicio de las acciones que resulten procedentes".

Por ello, ha emplazado a los periodistas a usar los "cauces procesales adecuados" para plantear "si ha habido, o no, vulneración de los derechos constitucionales invocados". En esta línea, el órgano de gobierno de los jueces ha apuntado en su declaración que los "propios profesionales que se dirigen al Consejo" conocen la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que afirma que éste no puede "interferir" para modificar el contenido de una resolución dictada por un juez.

Más de 650 periodistas firman en favor al derecho a la información

Más de 650 periodistas de medios de comunicación de todo el territorio nacional han firmado un escrito presentado ante el CGPJ en el que instan al órgano de gobierno de los jueces a posicionarse en favor del derecho fundamental a la información sin injerencias indebidas que blinda la Constitución frente al "insólito e injustificado" ataque a la libertad de prensa acometido en las redacciones de Europa Press y el Diario de Mallorca en Baleares.

Se trata del segundo escrito que promueven los informadores después de las entradas y registros en las mencionadas redacciones por las que agentes de la policía se incautaron de los teléfonos móviles personales de dos periodistas así como de dos ordenadores en el caso de Europa Press, persiguiendo un delito de revelación de secretos por una exclusiva periodística difundida en julio en relación al caso de corrupción por el que se investiga al empresario Bartolomé Cursach.

Tras entregar en mano su denuncia a la Fiscal General del Estado y motivar que se pronunciase al respecto el Consejo Fiscal, que se declaró no competente para opinar sobre una instrucción en curso, más de medio millar de informadores se dirigen ahora al CGPJ, cuya Comisión Permanente se reúne este jueves, en busca de un respaldo inequívoco al artículo 20 de la Constitución Española y los derechos que protege.

"En 40 años de vigencia de nuestra Constitución ningún miembro del Poder Judicial había ordenado entradas y registros en medios de comunicación para incautarse de teléfonos móviles y ordenadores de periodistas que tratan de cumplir su misión constitucional en relación con un caso de corrupción: proporcionar información veraz a los ciudadanos", destaca el escrito. Los periodistas firmantes consideran que el propósito de esa "insólita actuación", el "volcado y estudio" de los datos almacenados en los teléfonos móviles, ordenadores y pendrives para descubrir a los supuestos autores de filtraciones, está "del todo injustificado".

"El secreto profesional de los periodistas es el único secreto constitucionalmente protegido y su sacrificio para perseguir un delito de revelación que, si acaso, estaría castigado con una simple multa representa no solo un ataque desproporcionado al derecho fundamental a la información sino que también sienta un precedente gravísimo al demoler por completo y de forma indiscriminada la debida protección de las fuentes periodísticas", denuncian. Sin estas fuentes, recuerdan los periodistas, "la libertad de información, fundamento del sistema democrático y de una opinión pública libre, simplemente desaparece".

Consideran que el CGPJ "no puede permanecer ajeno a este despropósito" y apelan así a "su buen criterio para transmitir a la sociedad su inequívoco compromiso con el derecho fundamental a la información sin injerencias indebidas".

Más de 900 firmas secundan el Manifiesto por la Libertad de Prensa

Más de 900 profesionales, la mayoría periodistas, han firmado el Manifiesto en defensa del Derecho a la Información y la Libertad de Prensa publicado por la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB), tras la intervención judicial en Diario de Mallorca, Europa Press Baleares y EFE Baleares.

Según ha dado a conocer la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), las adhesiones están siendo "masivas y, 24 horas después" (jueves 13 diciembre, a las 14.00 horas), más de 900 profesionales han firmado el manifiesto.

Así, ha explicado que el objetivo de esta acción es "exigir el respeto al ejercicio de los periodistas en su labor informativa con garantías de independencia y libertad, lo que implica velar por su derecho constitucional del secreto profesional".

Asimismo, la FAPE ha insistido en que el registro policial y la incautación judicial de ordenadores, móviles y documentación a periodistas de Europa Press Baleares y Diario de Mallorca para identificar una fuente de información en un caso de corrupción "suponen un grave atentado" contra la libertad de prensa. La Policía judicial también requirió documentos a EFE hace algunas semanas y pidió a una periodista de la agencia información sobre sus fuentes.

La querella de Europa Press y 'Diario de Mallorca' califica el auto del juez de "ataque letal" para la vida en democracia

Ver más

Los firmantes reclaman el respeto "a un periodismo libre, pilar básico en una democracia, y piden a la Fiscalía General del Estado que retire su apoyo a estas actuaciones coercitivas hacia los periodistas que informan sobre casos relevantes de corrupción".

La Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) ha agradecido "a cada uno de los firmantes su apoyo hacia la profesión y hacia los periodistas". Entre las personas que han refrendado el manifiesto hay reconocidos periodistas, responsables y miembros de organizaciones profesionales y otras personalidades de diversos ámbitos de la sociedad.

Entre los nombres se encuentran Nemesio Rodríguez, Alfonso Armada, Antonio Rubio, Joaquín Estefanía, Álex Grijelmo, Ignacio Escolar, Nacho Carretero, Antonio Pampliega, Agustín Pery, Patricia Maldonado, Victoria Prego.