Operación Púnica
El juez descubre la ruta del blanqueo con la que Granados repatriaba el dinero de Suiza
La investigación sobre el exnúmero dos del PP madrileño Francisco Granados, su amigo empresario David Marjaliza y múltiples cargos públicos de Madrid, Castilla y León, Murcia y Valencia ha puesto ya al descubierto la operativa de blanqueo que seguía la trama. Desde cuentas suizas abiertas a nombre de Granados y su esposa y de David Marjaliza y la suya, los considerados jefes de la trama abordaron la compraventa de activos financieros y divisas y el envío de transferencias internacionales a países americanos, tanto en euros como en dólares.
El dinero colocado en Suiza regresaba luego a España previo pase por varios países bajo el camuflaje de que los fondos en movimiento se relacionaban con operaciones de exportación de bienes.
Los imputados, a los que se atribuyen delito fiscal, blanqueo, organización criminal, cohecho (soborno), tráfico de influencias, fraude, malversación, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, uso de información confidencial y revelación de secretos "entre otros", se valieron de facturas falsas para camuflar las comisiones previamente pactadas a cambio de la concesión de un determinado contrato.
El auto judicial revela que entre las administraciones públicas a las que Eloy Velasco ha requerido información se cuenta la Comunidad de Madrid: "Diversas Áreas", se lee en el paréntesis contiguo.
Tanto Granados como Marjaliza comparecerán ante el juez hoy. El titular del juzgado central 6 de instrucción sostiene que la trama sustentó sus ingresos ilegales a través de operaciones delictivas de promoción inmobiliaria y contratos de servicios.
Órdenes de prisión
Con el mismo auto por el que explica cómo funcionaba la trama y se valía de los contactos personales y políticos de sus miembros para sobornar a cargos públicos y funcionarios, el juez dicta prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros para dos de los cinco alcaldes imputados: Gonzalo Cubas (PP), regidor de Torrejón de Velasco; y José María Fraile (PSOE), alcalde de Parla.
El magistrado impone la misma fianza al jefe de gabinete de Fraile, Antonio Borrego, y a Antonio Cándido García, administrador de sociedades propiedad de David Marjaliza. Los cuatro podrán abandonar la prisión en cuanto presten "en metálico" -es decir, nada de avales- la caución exigida.
Un tercer alcalde, Agustín Juárez (PP), de Collado Villalba, queda en libertad obligado a depositar en 10 días "fianza en metálico de 40.000 euros". El concejal de Móstoles Alejandro Utrilla (PP) queda en libertad sin fianza al igual que el jefe de la Agencia de Comunicación Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolas, aunque ambos deberán comparecer, igual que otros tres imputados, ante el juzgado con periodicidad mensual.
Pacto previo de soborno
El juez desgrana cómo los contratos que la multinacional de la energía Cofely obtuvo en diversos ayuntamientos de Madrid estaban sujetos a acuerdos previos de soborno.
En el caso de Collado Villalba, "existen evidencias de haber realizado una concertación con la empresa Cofely" para adjudicarle un contrato de 39,45 millones a cabio del cual "los miembros de la corporación local implicados recibirían al menos de la multinacional francesa varios pagos de 70.000 euros". Para materializar esos pagos, la trama se valió de "un sistema de facturas falsas".
Exactamente igual ocurrió, según Velasco, en Parla, que adjudicó en julio a Cofely un contrato de eficiencia energética por 54,65 millones de euros. "Se detectó –dice el auto– que se había seleccionado como empresa auditoria a la empresa Ruta Energética (vinculada a David Marjaliza), que encubrió el pago de la comisión pactada con David Marjaliza por la adjudicación y la entrega de cohechos a autoridades y funcionarios del ayuntamiento que han intervenido en el contrato".
Según Velasco, Fraile habría participado al menos en un pago cuya cuantía no precisa el juez: "el que se ha materializado a través de una supuesta donación de esta empresa [Cofely]".
El juez sostiene que el presidente de la Diputación de León participaba en alguna de las empresas a las que dio contratos
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Pero Fraile no es el único socialista imputado en Parla. Victoria Muñoz Agüera, concejal de Obras Públicas en Parla, se ha convertido en el segundo miembro del gobierno local socialista sobre el que pesa una
imputación en la Operación Púnica.
El departamento de Muñoz Agüera fue el que otorgó en julio a la multinacional de la energía Cofely el citado contrato de eficiencia energética. Pero, según fuentes de la dirección del PSOE madrileño –el PSM- Agüera “fue apartada” del procedimiento para elaborar el pliego de condiciones que regiría el concurso y solo participó en la licitación una vez que el pliego ya había sido elaborado. Mientras que el PSM ha pedido a Fraile que abandone la alcaldía y ha anunciado su apartamiento del partido, no ha adoptado ninguna medida contra Agüera.
