El juez investiga si Chaves y su mano derecha malversaron dinero público con una ayuda a dedo de 5,8 millones camuflada como préstamo

Dos semanas después de su condena por prevaricación en el caso ERE, Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009, el personaje que más poder ha acumulado durante más tiempo en la historia de la autonomía, afronta una nueva imputación. Esta vez, por unos hechos supuestamente constitutivos de prevaricación y malversación. Ocurre tras el impulso a un nuevo caso de ayudas supuestamente irregulares por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que sitúa a Chaves como responsable de una ayuda millonaria presuntamente disfrazada de préstamo. Y no sólo eso. El juez instructor apunta que dicho préstamo, de 5,83 millones, llegó al Consejo de Gobierno por "vía de urgencia", sin pasar por el filtro de las habituales reuniones previas de "análisis" por parte de los viceconsejeros. El Gobierno andaluz (PP y CS) acusó este martes a Chaves y su Gobierno de entonces de haberse saltado ese trámite para evitar los informes jurídicos de la Junta de Andalucía que conllevan estas reuniones previas. El caso ERE se le ha quedado pegado al PSOE andaluz, que no logra zafarse.

Los hechos están conectados con los ya juzgados en la parte política. El juez de refuerzo del juzgado 6 de Sevilla, el que instruye el caso ERE, José Ignacio Vilaplana, acordó este martes abrir una causa por prevaricación y malversación por un préstamo de 970 millones de pesetas –5,83 millones de euros– concedido en 1999 a una empresa cárnica de Jaén, Hijos de Andrés Molina (Hamsa). Se trata de la empresa considerada como el origen del "procedimiento específico" para el reparto de ayudas sociolaborales, o sea, el sistema irregular de los ERE. Fue la entrega de ayudas a Hamsa la que llevó a la Junta a diseñar un sistema más ágil. El resto es historia.

Además de Chaves, hay otros 14 investigados, nueve de ellos ex altos cargos. Entre ellos está el que fuera su mano derecha, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, así como los exconsejeros de Innovación, Francisco Vallejo, y de Empleo, Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández, y el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero. Los otros cinco investigados son directivos de la empresa. Siete de los imputados, entre ellos Chaves y Zarrías, ya han sido condenados en la sentencia de la parte política de los ERE. Sus problemas crecen ahora. La nueva causa se abre por petición de la Fiscalía, que considera que dicho "préstamo puente" a Hamsa era en realidad una ayuda disfrazada de crédito que la Junta jamás quiso cobrar y que se entregó de ese modo para evitar los reparos de la Unión Europea, contraria a las ayudas de Estado y que ya había puesto problemas a las ayudas a esta empresa.

La Fiscalía cifra en 3,7 millones lo pendiente de devolución de aquel préstamo concedido hace 20 años, si bien lo hace con información actualizada a 2003. El propio juzgado señala que de la documentación recabada "es factible deducir [...] que no habría existido nunca voluntad de devolución ni de cobro del préstamo". Podría, dice el juez, haberse "simulado una ayuda pública directa, otorgada sin sujeción a los principios y procedimiento legalmente aplicables, con el consiguiente menoscabo de los fondos públicos comprometidos ". El asunto está en una fase preliminar y el juez ni siquiera ha oído todavía a los investigados, que tendrán oportunidad de dar su versión.

La ayuda investigada fue concedida con anterioridad al convenio entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y al uso de las transferencias de financiación, que son dos herramientas consideradas clave para la comisión de los delitos enjuiciados en la parte política de los ERE. Estaríamos hablando de una ayuda distinta, de unos hechos distintos, pero vinculados al caso. No en vano, Cárnicas Molina es considerada como el origen del caso ERE, algo en lo que coinciden investigaciones periodísticas como Caso ERE. Las entrañas de la corrupción institucional en Andalucía, de Juan Esteban Poveda, y El saqueo de los ERE, de Sebastián Torres y Antonio Salvador. La ayuda investigada no está entre las enjuiciadas en el juicio de la parte política, cuya sentencia se conoció hace dos semanas. Pero es una ayuda a una empresa para la cual se creó el método de reparto de ayudas que la sentencia considera delictivo. Unos hechos distintos, pero el mismo fenómeno: ayudas de la Junta bajo la lupa de la justicia.

Una empresa en ruinas

Anticorrupción, en el escrito de 18 de noviembre que da lugar a la nueva causa, se remonta ahora hasta 1995, cuando Hijos de Andrés Molina entra en suspensión de pagos. Ante la gran importancia industrial de esta empresa en Jaén, una ciudad escasa de músculo fabril, la Junta se implicó al máximo en su salvación, adoptando entre otras medidas la concesión de múltiples ayudas públicas. La presión social apuntaba al PSOE, al que se le exigía una solución para los empleos en la ciudad. Chaves y su mano derecha, Zarrías, radicado políticamente en Jaén, alcanzaron compromisos políticos del máximo nivel con la provincia, un tradicional granero de voto socialista. Ese es el caldo de cultivo de lo que vino después. Había exigencia social de ayudas. Había prisas políticas.

La Junta aprobó diversas ayudas para la empresa a raíz de su suspensión de pagos. Llegó incluso a asumir su titularidad a través del IFA, aunque no funcionó. La empresa acabó en manos de Campofrío. Pero los problemas persistían. Y crecían. En febrero de 1999, tras casi dos años de investigación, la Comisión Europea declaró ilegales ayudas recibidas por la empresa, al ser incompatibles con la libre competencia.

Entonces, según la Fiscalía, fue cuando la Junta ideó una nueva forma de ayudar a la empresa, cuya dependencia de los fondos públicas era casi total: concedió a Campocarne Andalucía, la filial de Campofrío que había asumido la propiedad de Hamsa, un "préstamo puente" de 970 millones de pesetas, 5,83 millones de euros de hoy, para intentar mantenerla viva. Ese es el cogollo de esta nueva pieza.

Un crédito, una reunión del Gobierno, un convenio

Hay cuatro fechas clave en la concesión del préstamo, recogidas en el auto:

– 29 de octubre de 1999: el Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, más tarde la Agencia IDEA) adoptó por unanimidad la concesión del crédito.

– 9 de noviembre de 1999: el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Chaves, abordó el asunto, traído "por vía de urgencia", dando aprobación al préstamo. El tema no había pasado por el llamado "consejillo", la reunión de viceconsejeros.

– 2 de diciembre de 1999: el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, y el presidente de Campocarne Andalucía, Miguel Ángel Ortega Bernal, firmaron un convenio por el que la Junta se comprometía a pagar hasta 471 millones de pesetas –2,83 millones– en contraprestación a la prometida creación de 300 puestos de trabajo y el mantenimiento de la actividad de Hamsa. El abono por parte de la Junta, según el convenio, debía hacerse antes de acabar el año 2000 y descontarse del préstamo. Campocarne se comprometía a saldar 629 millones de pesetas –3,78 millones–.

– 22 de diciembre de 1999: Formalización del préstamo en escritura pública.

Según el relato de la Fiscalía, que el juez toma como base para la apertura de la causa, el dinero no se devolvió. O no todo. Quedaban, en 2003, algo más de 3,7 millones de euros pendientes. Este sería hipotéticamente el dinero malversado, en caso de que quedase demostrado que jamás se intentó cobrar.

El juez instructor recoge diversas comunicaciones dirigidas por Primayor, la empresa que se hizo en 2004 con los activos de Campocarne –la compañía iba pasando de mano en mano–, solicitando a Francisco Javier Guerrero la condonación de la deuda. En una carta remitida por Primayor a Guerrero, el director general de la empresa, Antoon Van de Berg, señala, según el juez Vilaplana: "Este préstamo nunca tuvo intención de ser cobrado pero motivó algunas inversiones". El juez –que dicta dos autos, uno acordando abrir diligencias previas y otro abriendo una causa separada– recoge comunicaciones de la empresa a la Junta, pero no de la Junta a la empresa. A lo que sí hace referencia es a una comunicación en 2005 de Guerrero a Miguel Ángel Serrano, director general de la Agencia IDEA, en la que le dice que hay que encontrar una solución "al problema" del préstamo, según el auto.

El juez considera, en línea con los fiscales, que los hechos investigados no han prescrito ya que "a fecha 1 de febrero de 2005" el préstamo aún no había sido considerado una pérdida por parte de la Agencia IDEA. El tipo de delito por el que se abre causa, según Anticorrupción, prescribe a los 15 años desde que se considera perdido el dinero supuestamente malversado. Así que estamos en plazo, en línea con lo que sostiene la Fiscalía Anticorrupción.

Acusaciones del actual Gobierno

Uno de los aspectos más delicados para Chaves es que el juez de instrucción menciona expresamente que el préstamo no pasó por la Comisión General de Viceconsejeros, el conocido como "consejillo", una reunión preparatoria de los Consejos de Gobierno, a cuyo frente estaba Zarrías. "No fue enviada ni objeto de análisis alguno en la correspondiente reunión previa (de fecha 3/11/2009) o posterior (de fecha 10/11/2009)", subraya significativamente el auto.

¿Por qué es importante? Según señala el Gobierno andaluz, actualmente en manos de PP y Cs, todos los asuntos que llegan al "consejillo" deben llevar informe de los Servicios Jurídicos, informe de Intervención e informe presupuestario. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo (PP), acusó este martes expresamente a Chaves y su equipo de gobierno de entonces de sortear deliberadamente estos trámites y mantener el acuerdo escondido.

Es más, Bendodo acusó a los gobiernos de Susana Díaz, que entró como presidenta en 2013, de haber ocultado los documentos clave de esta ayuda. Para ello, la Junta mostró una comunicación del antiguo director general de la Agencia IDEA de 21 de enero de este año a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo. Este órgano le había pedido al director general, a su vez por requerimiento del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, documentación sobre el préstamo. La respuesta del que era director general de IDEA aludía, entre otros documentos, al convenio de 22 de diciembre de 1999. Bendodo señaló ante los medios que era curioso que la respuesta se produjera el 21 de enero, un día antes de la toma de posesión del Gobierno de PP y Cs. "[El director general] lo hizo para cubrirse las espaldas", afirmó. El PSOE acusó a Bendodo de "mentir", alegando que la solicitud de información de la Secretaría General Técnica al director general era de 27 de noviembre, unos días antes de las elecciones del 2 de enero. Es decir, la maquinaria para recabar la documentación era previa a saber que el PSOE iba a la oposición.

El fracaso de la salvación de Molina

Para entender los hechos, hay que acudir al contexto de aquel Jaén de mediados de los 90. La ruina de lo que se conocía como Cárnicas Molina supuso un trauma laboral no sólo en la capital, sino en toda la provincia, escasamente industrializada. La Junta se había implicado hasta las cejas en su intento de salvación de Molina, incluyendo una intervención con dinero público que ofreció decepcionantes resultados. Las manifestaciones de trabajadores, con fuerte repercusión mediática, apuntaban directamente al PSOE, que se veía bajo una creciente presión. La presión –hay que recalcarlo– no se dirigía tanto al empresario como a la Junta. El presidente Manuel Chaves y su hombre fuerte sobre el terreno, Gaspar Zarrías, radicado políticamente en Jaén, prometieron una solución. Allí están los orígenes del problema.

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Cárnicas Molina fue la primera compañía para la que se utilizó el sistema de reparto de ayudas sociolaborales que Mercedes Alaya consideró irregular, una tesis, la de la ilegalidad del método, ahora ratificada por la sentencia de la Audiencia Provincial y sobre la que aún debe pronunciarse el Tribunal Supremo. El cierre de Cárnicas Molina sirvió además para que algunos de los máximos responsables de los supuestos ilícitos descubiertos durante la instrucción, caso del considerado por la jueza Alaya conseguidor de los ERE, Juan Lanzas, conocieran el sistema de ayudas supuestamente irregular. Molina fue el origen del caso.

Las ayudas de la Junta no evitaron que algunos trabajadores de Molina no pudieran prejubilarse. Algunos acabaron recolocados en Campocarne, que luego fue absorbida por un grupo segoviano cuya filial andaluza era Primayor. Esta empresa terminó declarándose en concurso de acreedores en 2007. El Gobierno andaluz volvió a prometer una solución. La intervención debía llegar entonces de los Ruiz Mateos (con Dhul), o de Proasego. La Junta dedicó a estas empresas nuevos incentivos, que de nada sirvieron. La prometida fábrica de los Ruiz Mateos se ha quedado a medio hacer y ahí sigue, a las afueras de Jaén, como un recordatorio del fracaso de aquella política industrial.

Los despedidos sin solución se agruparon en la Asociación para la Promoción y Mejora del Entorno de Primayor, destinada entre otros fines a canalizar las ayudas para apoyar a los aproximadamente 150 exempleados. Esta figura de la asociación de extrabajadores, frecuente en la gestión de ayudas sociolaborales de la Junta, fue también puesta en el punto de mira por Mercedes Alaya, que la consideró "un invento extremadamente caro". La jueza cree que por ahí se fue parte del dinero indebidamente cobrado por intermediarios en la gestión de los expedientes.