La jueza ordena libertad con medidas cautelares para Trapero

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado este lunes libertad con medidas cautelares para el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, por el delito de sedición, según han informado fuentes jurídicas recogidas por Europa Press.

Así, le ha impuesto comparecencias quincenales en el juzgado más cercano, retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio español, indicación de un teléfono de contacto donde esté localizable "inmediatamente" e indicación de una persona para que reciba cualquier tipo de notificación.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha tomado esta decisión después de tomar declaración durante casi dos horas a Trapero y a la vista de las informaciones aportadas por la Guardia Civil en los atestados sobre los incidentes acaecidos en Cataluña los días 20 y 21 de septiembre y el 1 de octubre durante el referéndum independentista.

La magistrada, por tanto, no ha seguido el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que había solicitado prisión incondicional para el mayor del cuerpo policial de Cataluña.

Antes de Trapero ha declarado la intendente de los Mossos Teresa Laplana, para quien la magistrada ha impuesto, por el mismo delito, la medida cautelar de comparecer cada quince días ante el juez, prohibición de abandonar el territorio nacional y retirada de pasaporte.

En el caso de Laplana, la jueza Lamela ha rechazado la medida solicitada por la Fiscalía, que consistía en la imposición de una fianza de 40.000 euros para poder eludir la medida de prisión preventiva.

Esta tarde también está pendiente la declaraciónpendiente la declaración de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, quienes también están imputados por sedición.

Se trata de la segunda ocasión en la que todos ellos acuden a la Audiencia Nacional en calidad de investigados ante los nuevos datos que aportaron los atestados de la Guardia Civil entregados a la juez Lamela pocas horas antes de su primera comparecencia el pasado 6 de octubre, lo que motivó que fueran citados de nuevo.

Además de los cuatro investigados por sedición, la magistrada había citado este lunes a tres testigos de los hechos: dos guardias civiles y la letrada de la administración de justicia —antiguamente denominada secretaria judicial— del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que ordenó los registros el 20 de septiembre que motivaron las movilizaciones donde se registraron los incidentes. Los tres testigos han sido los primeros en declarar ante la magistrada.

Concretamente, el informe que la Guardia Civil envió a la Audiencia Nacional establece dos comités en el camino hacia la independencia, uno estratégico, en el que sitúa a Sànchez y Cuixart, y otro ejecutivo, ejercido por los Mossos que dirige Trapero.

Su actuación "no aparece lo suficientemente perfilada"

La jueza precisa en un auto, recogido por Europa Press, que la actuación de Trapero en los hechos del pasado 20 y 21 de septiembre en Barcelona "no aparece lo suficientemente perfilada" hasta el punto de vincularle directamente con los incidentes.

No obstante la magistrada le recuerda que se trata de hechos "muy graves" que revisten carácter de delito de sedición, penado con hasta diez años de prisión, y que existen elementos que vinculan al jefe policial con la estrategia "de finalidad independentista" del Gobierno catalán.

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En concreto se refiere al contenido del documento enfoCat hallado durante el registro del domicilio del número dos de Economía del Govern Josep Maria Jové Lladó, la pasividad, aún por investigar, que se atribuye a los Mossos en los hechos ocurridos durante la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, o el contenido de las conversaciones telefónicas autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona "en las que se vislumbra una actividad de contravigilancia para proteger a determinadas personas frente a posibles actuaciones de la Policía o la Guardia Civil".

El citado auto justifica las medidas adoptadas para Trapero aunque justifica su medida de libertad en que cuenta con residencia y domicilio reconocidos y trabajo estable. También descarta la reiteración delictiva en la que el Ministerio Fiscal fundamenta su solicitud de prisión incondicional, ya que considera que esa posibilidad no aparece delimitada, sin perjuicio de las posibles ampliaciones que puedan realizarse en el perímetro objetivo y subjetivo de las presentes diligencias.

Según explican fuentes jurídicas, el Ministerio Público solicitaba prisión incondicional para el mayor de los Mossos debido a la gravedad del delito de sedición que se le imputa, la gravedad de los hechos al tratarse de un mando policial y por la posibilidad de reiteración delictiva.