El juicio por la salida a Bolsa de Bankia y la investigación sobre su patrimonio, los otros frentes abiertos de Rato

La condena a cuatro años y medio de prisión para Rodrigo Rato por el caso de las tarjetas black de la extinta Caja Madrid, confirmada este miércoles por el Tribunal Supremo, es la primera de una lista de imputaciones a la que el exvicepresidente del Gobierno también deberá hacer frente en los próximos meses: el juicio por la salida de Bankia y la investigación que se sigue por el origen de su patrimonio.

El próximo 26 de noviembre arranca en la Audiencia Nacional la vista oral en la que Rato y otros 33 procesados –entre ellos Bankia y BFA como personas jurídicas– deberán responder por haber falseado presuntamente las cuentas de la entidad bancaria para lograr salir a Bolsa.

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción pide para el exvicepresidente cinco años de prisión al considerarle culpable, junto con otros tres ex altos cargos, del delito de fraude por ocultar de forma "consciente" la verdadera situación del banco antes de su debut bursátil.

En opinión del Ministerio Público, Rato era "plenamente consciente de la inconsistencia del proyecto" y aún así permitió la salida a Bolsa de Bankia en el año 2011 "a sabiendas de que los inversores estaban recibiendo información incompleta" que ocultaba la "situación crítica" del banco.

Para el fiscal, Rato se aprovechó del "prestigio" que le otorgaba haber sido vicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar y director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), para transmitir un "ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas muy alejadas de la realidad".

Pero la principal causa abierta contra Rato no está en la Audiencia Nacional, sino en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, cuyo titular, Antonio Serrano-Arnal, investiga el origen de su patrimonio y le imputa la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales.

En esta macrocausa, que incluye más de una decena de piezas, en su mayoría secretas, se investiga un posible fraude a Hacienda por valor de aproximadamente 6,8 millones de euros de cuotas impagadas del IRPF entre los años 2004 y 2015.

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En el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) incorporado al sumario de esta causa, los investigadores sostienen que el exvicepresidente se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado como Repsol, Endesa o Telefónica para "colocar" en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener "sustanciosos contratos de publicidad".

El juez apuntó que dichos contratos se realizaron "por importes excesivos" y cifró en 71.902.822 euros la facturación total proveniente de las empresas privatizadas con las sociedades controladas por Rato.

La última vez que el exvicepresidente compareció por esta macrocausa fue el pasado 30 de julio, cuando negó ante el magistrado haber blanqueado y afirmó ante los medios de comunicación que todo su dinero es legal y que "está perfectamente justificado y explicado" gracias a los informes periciales que ha presentado su defensa a lo largo de toda la instrucción.