Liquidación de condena en el TS y aviso a las cárceles: la ruta de los indultos cuando el Gobierno pulse el botón verde

Los futuros indultos a los presos del procés y su previsible puesta en libertad están cada vez más cerca. Aunque aún sin fecha confirmada para la aprobación de los decretos en el Consejo de Ministros, la medida de gracia, que irremediablemente dejará en una nueva situación a los condenados, no tendrá efectos inmediatos tras la publicación de los acuerdos en el Boletín Oficial del Estado, pues antes ha de cumplirse un trámite ineludible que debe completar varias fases, proceso que se demorará varios días al afectar a distintos órganos judiciales y la administración penitenciaria catalana.

No es intención del Tribunal Supremo, el órgano sentenciador, alargar los plazos más de la cuenta, ya que afecta directamente a la situación personal de los nueve condenados que cumplen pena de prisión, pero es su obligación estudiar los decretos de indulto y, en función de los mismos, hacer una nueva liquidación de condena, esto es, establecer cuánta pena les quedaría por cumplir a los líderes independentistas encarcelados por sedición y malversación, según han explicado a infoLibre fuentes del alto tribunal.

Los pasos comienzan una vez tenga lugar la publicación de los doce decretos de indulto –uno por cada preso, más los tres condenados que no han cumplido pena de prisión y que acaban de extinguir su condena de inhabilitación por desobediencia– en el BOE. Eso sucederá previsiblemente un día después de que el Consejo de Ministros dé luz verde a la propuesta que está elaborando un equipo muy reducido de personas, para evitar posibles filtraciones, del Ministerio de Justicia. Cada uno de los decretos llevará estampada la firma del rey Felipe VI y del ministro Juan Carlos Campo, como en el resto de medidas de gracia que concede el Ejecutivo.

Ya con los indultos publicados, el departamento que dirige Campo informa al Supremo por ser el tribunal sentenciador, el cual realizará de oficio la liquidación de la pena para los presos del procés. Será, pues, la misma Sala que se posicionó en contra de la medida de gracia para los exdirigentes catalanes la que exponga cuánta condena les queda por cumplir una vez que ha entrado en vigor el perdón gubernamental. La misma Sala que condenó en octubre de 2019 a penas de entre trece y nueve años de cárcel a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Ni las mismas penas, ni los mismos delitos ni el mismo tiempo en prisión

Serán los seis magistrados de la Sala Segunda que les juzgaron –falta Luciano Varela, jubilado tras finalizar la vista oral– los que se reúnan una vez tengan conocimiento de los decretos publicados en el BOE para estudiar en qué quedan las respectivas condenas. Hay que tener en cuenta que su informe negativo a los indultos hace imposible que las medidas de gracia sean totales, de modo que serán parciales sí o sí. Aún así, esta circunstancia no tiene por qué evitar que la decisión que tome el Gobierno suponga una libertad condicional para los presos, debido al tiempo que ya llevan en prisión: Junqueras y Forn entraron en la cárcel en noviembre de 2017; los demás, en marzo de 2018. Así, una conmutación de todo lo que resta de condena no sería un indulto total, sino parcial. Está por ver también qué decide el Gobierno con respecto a la pena de inhabilitación por la cual los presos no pueden ejercer cargo público el tiempo que duran sus respectivas condenas. También habrá que ver si los decretos imponen alguna condición a cambio del perdón.

La resolución que adopten los magistrados dependerá siempre de las especificidades del indulto que se conceda a cada uno de los condenados. No a todos les quedan por cumplir los mismos años de prisión y no a todos se les ha condenado a la misma pena y por los mismos delitos. Así, el tribunal habrá de hacer una liquidación de la pena de forma individualizada, atendiendo al contenido de cada decreto, para dar por extinguida la responsabilidad criminal. Así, se pueden dar dos posibilidades: una conmutación de lo que les resta de pena o una conmutación de una parte. Fuentes jurídicas explican que, en el primer caso, los magistrados harían un auto de liquidación y otro de excarcelación; en el segundo, un auto en el que conste el cálculo de tiempo restante que podría llevar a los presos a acogerse a beneficios penitenciarios que implicarían su puesta en libertad.

El artículo 90.2 del Código Penal establece los requisitos para que un reo pueda acogerse a la libertad condicional: "se podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional" a los penados que hayan "extinguido dos terceras parte de su condena".

Comunicación a las cárceles

La ley del indulto y el delito de sedición, dos caras de una misma moneda

Ver más

Lo que remarcan las fuentes consultadas es que este proceso en el Supremo se puede demorar unos días, por lo que descartan que la medida de gracia se ejecute el mismo día de su publicación en el BOE. Eso sí, apuntan que se hará lo más rápido posible. Sea cuando sea, los autos del tribunal serán remitidos después a las respectivas cárceles en las que se encuentran los líderes independentistas catalanes: los hombres están en Lledoners (Barcelona), mientras que Forcadell se encuentra en Wad-Ras (Barcelona) y Bassa, en Puig de les Basses (Girona).

Los juzgados de vigilancia penitenciaria bajo cuya responsabilidad se encuentran estos centros así como la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña –la comunidad tiene transferidas las competencias de la administración y gestión de las prisiones– emitirán las últimas resoluciones para la inmediata puesta en libertad de los condenados por el procés, si el indulto así lo permite, o para otro tipo de beneficios, como terceros grados, si el perdón fuese finalmente más restringido.

Una vez se cumpla todo el proceso, vendrá la siguiente batalla judicial: los recursos contra los decretos de indulto que han prometido el PP o Voxbatalla. Pero esta vez, la contienda no se dirimirá en la Sala de lo Penal del Supremo, sino en la de lo Contencioso-Administrativo, ya que lo que se recurre es una decisión del Gobierno. Primero, la duda está en saber si estos partidos están legitimados para impugnar una medida de gracia como la del procés. Si los magistrados, los de la Sección Quinta de la Sala Tercera, admiten sus recursos, o al menos uno, el quid de la cuestión estará en la argumentación que haya hecho el Ejecutivo para conceder el perdón, que resultará clave para que el Supremo no eche abajo los indultos por falta de motivación. El ministro Campo ya explicó que la "clave" de la fundamentación estará en la "utilidad pública".