Iván Campaña, un pujante diseñador de vestidos de novia y de fiesta, lleva 11 años haciendo crecer su negocio en Sevilla. A sus 38 años, teme por el impacto de la crisis sanitaria en los números de su empresa, que se enfrenta a un desafío inédito. Ante las preguntas que se le plantean, no siempre tiene respuestas. Acumula más dudas que certezas. Vive pendiente de las noticias. "Yo estoy pendiente de todo, pero sobre todo está atenta nuestra gestoría. Lo que pasa es que, claro, ellos están invadidos de preguntas también. Está todo el mundo igual", señala. "Ahora íbamos a empezar la temporada, pero no podemos. Yo trabajo atendiendo a la gente cara a cara", se lamenta. Lo ha tenido que parar todo. Anda dándole vueltas a cómo encajar lo imposible. Con su plantilla, de cuatro integrantes, está en contacto, para tratar de buscar soluciones, aunque no tiene claro cómo mantener el trabajo con los requerimientos del estado de alarma.Pero hay algo más que le preocupa y que –se teme– no le deja demasiado margen de negociación.
Se trata de un gasto que sigue ahí, pesando tanto ahora que la economía se ha ralentizado hasta casi detenerse tanto como pesaba cuando marchaba con normalidad: el alquiler. Campaña paga 2.000 euros al mes en alquiler por dos locales, un estudio y un taller, lo cual supone casi un 20% de sus gastos, explica. Cada local tiene un dueño distinto. "Aún no he hablado con los propietarios, estoy esperando. Supongo que me dirán que no pueden hacer nada. Primero estoy en lo urgente, que es cambiar toda mi agenda. Pero tengo que hacer estas gestiones ya", afirma, preocupado pero sin dar muestras de desánimo o pesimismo.
El caso de este diseñador está lejos de ser el único. El alquiler es estos días una losa que aplasta a incontables autónomos y pequeñas y medianas empresas, paralizadas por el estado de alarma pero sujetas a sus obligaciones como arrendatarias. El cobro de rentas de alquiler se erige en una posible excepción a la cadena de sacrificio impuesta a la economía por el virus. Por un lado, las compañías están cerrando o reduciendo su actividad casi al mínimo. Por otro, se multiplican los expedientes de regulación temporal de empleo, los conocidos como ERTE. Por último, el Gobierno se ve en la obligación de abrir la caja, a costa de incrementar su déficit y su deuda, para insuflar algo de aire a una economía exahusta. En cambio, todavía no se han adoptado medidas en el campo del alquiler. El foco se ha puesto hasta ahora –además de en las medidas sanitarias y de movilidad– en moratorias de impuestos, bonficaciones fiscales y ayudas directas. Está por ver qué aprueba este martes el Consejo de Ministros. Este lunes, en Francia, el presidente Emmanuel Macron ha declarado la suspensión del pago del alquiler, así como de numerosas facturas e impuestos.
Autónomos y hosteleros
"El alquiler es de los costes más importantes que tenemos. Estos días, nos han llegado miles de consultas, entre 7.000 y 8.000. Muchas, muchísimas mencionan este problema", señala José Luis Perea, secretario general de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que reclama que el Gobierno incluya las medidas para aliviar el coste del arrendamiento entre el esperado paquete que debe anunciarse este martes. "Todos los gastos fijos ahora mismo pesan como nunca, porque no hay ingresos para miles de autónomos", señala Perea. Ahí cita no sólo el alquiler, sino también la luz.
Perea señala que cualquier estimación del peso que el alquiler tiene en la estructura de gasto de un autónomo medio en España es una osadía, por la gran variedad de casos existente. Hay que ir a sectores concretos para afinar. José Luis Yzuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, tiene una estimación más clara: entre el 10% y el 15%. "En nuestro sector el alquiler es una carga muy importante. La inmensa mayoría de los 270.000 establecimientos de hostelería que hay en España están de alquiler. Eso te da idea de lo gravísimo que es el problema. Suspender la actividad, como hemos tenido que hacer, es cortar los ingresos, pero el alquiler sigue ahí".
Yzuel pide que el Gobierno arbitre alguna fórmula de parálisis en las obligaciones del pago, "o que establezca al menos una regla de juego para poder subsistir". Aunque siempre será importante la negociación entre arrendatarios y arrendadores "en el ámbito privado", "se agradecería" que hubiera medidas públicas para ayudar a la parte más desprotegida. José Luis Perea, de ATA, tiene un ojo puesto en todo lo que le ocurre al sector hostelero, porque ha sido el primero que ha sufrido esta crisis, y los demás –afirma– "han ido detrás".
Acuerdos "solidarios"
Jaime Palomera, portavoz estatal del Sindicato de Inquilinos, explica que esta organización tiene activado un "gabinete de crisis" desde el que gestiona correos electrónicos de alerta. "Muchos son de familias, de trabajadores, pero también de pequeños empresarios que no saben cómo pagar el alquiler de su negocio. Sobre todo, comerciantes", explica Palomera. Y añade: "En lo que apruebe este martes el Gobierno tiene que haber algún tipo de suspensión del pago de alquiler, de la hipoteca y de los suministros básicos". El Sindicato de Inquilinos también trabaja en algún mecanismo, todavía por definir, para facilitar el acuerdo entre pequeños comerciantes y propietarios.
Palomera destaca experiencias puntuales, como la acontecida en un barrio de Barcelona, de la que informaba L'exprés de Sant Andreu. Hasta tres establecimientos de Sant Andreu habían acordado con los propietarios del inmueble no pagar el próximo alquiler. El portavoz del Sindicato de Inquilinas aplaude esta muestra de "solidaridad", pero subraya que, al igual que el confinamiento, "no es algo que pueda quedar a la libre elección". "El Gobierno tiene que entrar", señala Palomera. Diversas organizaciones sociales, entre ellas la PAH y el Sindicato de Inquilinos, han lanzado una campaña reclamando la suspensión del pago de hipotecas y alquileres durante esta crisis, de desarrollo y consecuencias todavía imprevisibles.
Escala de prioridades
El economista Juan Hernández Vigueras, miembro de Attac, cree que lo más razonable es establecer escalas de prioridades. Primero, a su juicio, habría que atender a los más "desprotegidos", es decir, las familias trabajadoras que pierdan ahora el empleo y se queden sin ingresos y sin posibilidad de pagar el alquiler. Y segundo, pensar en los pequeños empresarios que no puedan afrontar la renta de sus instalaciones.
Ahora bien, añade Hernández Vigueras, también se dará el caso de arrendatarios que dependan de los ingresos por alquiler para subsistir. "Es un terreno muy difícil. Habrá que estar muy pendientes del decreto", señala.
Un terreno "delicado"
Sindicatos y activistas se organizan ante la división del Gobierno sobre el pago del alquiler
Los precios de alquileres de oficinas en Madrid y Barcelona alcanzaron ya en 2019 los umbrales previos a la crisis económica, según un informe de la consultora inmobiliaria JLL. Es un negocio al alza. Diversos análisis destacan el auge de la rentabilidad del alquiler, tanto de oficinas como de viviendas, lo cual ha atraído a fondos de inversión internacionales y socimi. No obstante, Antonio Pedraza, presidente del Consejo General de Economistas, alerta contra las visiones estereotipadas del sector, que está lejos de ser un festín para capitales internacionales y donde abundan los pequeños propietarios. "Las grandes empresas no suponen más de un 4% del sector del alquiler. Hay muchas familias que también dependen del alquiler", explica.
A su juicio, el Gobierno debe ser muy "prudente" a la hora de intervenir en un sector "delicadísimo" como el del alquiler. "Veo muy difícil una normativa que mida bien el problema. Generalizar una suspensión del cobro puede crear una inercia que luego sea difícil de frenar", señala. Pedraza se inclina por subvenciones, subsidiaciones, crédito, avales... Dinero público. ¿No sobrecarga eso al Estado? El presidente del Consejo General de Economistas es consciente de ello. Pero cree que es la mejor opción. "El Estado había anunciado un 1,8% del déficit, por encima del 1,3% previsto. Seguramente esté por encima del 2%. La deuda pública se va a ir. Pero lo cierto es que estamos en una situación favorable para endeudamiento, porque los tipos de interés son negativos", explica. Por ello, ve preferible un mayor esfuerzo público que "topar" los alquileres.
Este martes se verá cómo encara el Gobierno el problema.
Iván Campaña, un pujante diseñador de vestidos de novia y de fiesta, lleva 11 años haciendo crecer su negocio en Sevilla. A sus 38 años, teme por el impacto de la crisis sanitaria en los números de su empresa, que se enfrenta a un desafío inédito. Ante las preguntas que se le plantean, no siempre tiene respuestas. Acumula más dudas que certezas. Vive pendiente de las noticias. "Yo estoy pendiente de todo, pero sobre todo está atenta nuestra gestoría. Lo que pasa es que, claro, ellos están invadidos de preguntas también. Está todo el mundo igual", señala. "Ahora íbamos a empezar la temporada, pero no podemos. Yo trabajo atendiendo a la gente cara a cara", se lamenta. Lo ha tenido que parar todo. Anda dándole vueltas a cómo encajar lo imposible. Con su plantilla, de cuatro integrantes, está en contacto, para tratar de buscar soluciones, aunque no tiene claro cómo mantener el trabajo con los requerimientos del estado de alarma.Pero hay algo más que le preocupa y que –se teme– no le deja demasiado margen de negociación.