Sindicatos y activistas se organizan ante la división del Gobierno sobre el pago del alquiler

La crisis del coronavirus es sanitaria, pero también social y económica. Ante la abrumadora cantidad de negocios obligados a cerrar y asfixiados por los gastos fijos, el número de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) mediante los cuales miles de trabajadores se quedan en el paro hasta que pase lo peor, los autónomos sin actividad de un día para otro o los que directamente pierden su empleo, un nuevo frente se ha abierto: sindicatos de inquilinos y activistas reclaman una suspensión o una moratoria de los alquileres para personas que vean reducir sus ingresos en esta situación. Una de las demandas que más sonó desde la declaración del estado de alarma fue la de la moratoria de hipotecas: y una vez conseguida, el siguiente paso que se plantea, y que empieza a discutirse en el seno del Gobierno, es el de aplazar o anular los pagos para aquellos que no son propietarios y para los que la vivienda supone una losa que merma sus ingresos hasta hacer peligrar necesidades esenciales.

La posibilidad de la moratoria o la suspensión del pago de los alquileres ha vuelto a poner en evidencia las diferencias de criterio entre el ala económica del Gobierno, representada por la ministra Nadia Calviño y más cercana a las tesis de la austeridad y la contención a pesar de la emergencia, y el ala social, representada por los miembros de Unidas Podemos del Ejecutivo y liderados por el vicepresidente Pablo Iglesias. Éste se ha referido al asunto en su comparecencia de este jueves, en la que ha defendido la necesidad de un "escudo social" para proteger a los más vulnerables del impacto de la pandemia: "Somos conscientes de que mucha gente puede verse en la situación de no poder pagar el alquiler", ha asegurado, dejando la puerta abierta a la decisión y puntualizando que las medidas sociales no se han acabado y que habrá más en los próximos días. 

En la misma línea se ha expresado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, admitiendo que ella ya habría aprobado la moratoria. Ante las opiniones de los ministros de la formación morada, Calviño explicó este miércoles la diferencia entre paralizar los pagos de la hipoteca y del alquiler: "Nos hemos centrado en mantener rentas. Es distinto de los créditos hipotecarios, en el otro lado no hay un banco, hay otro ciudadano y las medidas que afectan a un parte, pueden afectar a la otra, por lo tanto hay que reflexionar sobre medidas con un efecto beneficioso en una parte, pero negativo en otra". El responsable de la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (con competencias en Vivienda), José Luis Ábalos, confirmó este jueves en todo caso que el Gobierno lo está estudiando.

Y mientras el Gobierno se decide y Sánchez llama a la conciencia de los caseros para que sean benevolentes, hay plataformas que ya se están organizando ante lo que, prevén, será una avalancha de impagos del alquiler. Es el caso del Sindicato de Inquilinas, que junto a otras asociaciones propuso hace unos días un Plan de Choque Social para lograr que esta nueva crisis no impacte con más fuerza en los de siempre. Incluía, además de la suspensión, la prohibición de los despidos, la renta básica para quien se quede sin ingresos y la intervención de la sanidad privada. El sindicato no pide una moratoria, sino directamente una suspensión de los pagos para los más afectados por las consecuencias de la pandemia: "Si no se implementan las políticas sociales adecuadas para hacer frente a la crisis del coronavirus, estamos en riesgo de caer en una nueva crisis inmobiliaria", argumentan.

El Sindicato de Inquilinos ha puesto en marcha una página web (https://suspensionalquileres.org/) para ofrecer apoyo, recursos, ayuda y organización a los que estén con el agua al cuello por el pago de su residencia habitual. "Somos uno de los estados de Europa donde más porcentaje de nuestros ingresos se dedica al pago de la vivienda, lo que ya estaba ahogando económicamente a muchas familias. Si no se suspende el pago de alquileres mientras dure la epidemia, muchas economías domésticas y muchas pequeñas empresas quedarán al borde del colapso y se verán forzadas al impago de alquiler", afirman en su manifiesto. Y avisan: "Si el Gobierno no aprueba estas medidas, seremos el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos quienes las pondremos en práctica (…)Si perdemos ingresos, antes de endeudarnos o dejar de cubrir necesidades básicas, dejaremos de pagar nuestro alquiler. Los Sindicatos de Inquilinas ya estamos preparando, junto con otros colectivos, una respuesta conjunta y coordinada".

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Han facilitado un ejemplo de burofax para mandar al propietario de la vivienda, informando de que durante el mes de abril no se podrá hacer frente a la renta del alquiler y solicitando que se suspenda el pago "mientras la crisis social y económica derivada de la crisis sanitaria del Covid-19 no se resuelva". El modelo sirve tanto para particulares como para pequeños negocios que han reducido su actividad a cero y que deben seguir sufragando el coste del local. Además, han habilitado una dirección de correo y un formulario para que los impactados por la emergencia se pongan en contacto con la organización y poder coordinar una respuesta desde lo común, mucho más efectiva que desde lo individual. Están desbordados. "Desde que abrimos el buzón nos han llegado casi 600 correos. En 48 horas. Y sin contar los que están rellenando el formulario", explica Marta Ill, del Sindicato de Inquilinas de Barcelona.

El propósito es poder "juntar a la gente de forma electrónica" ante la imposibilidad de celebrar asambleas por el estado de alerta, "unirnos, dimensionar el problema" y preparar una respuesta coordinada si el Gobierno no aborda el asunto. Ill rechaza el argumento de Calviño: cree que son minoría los propietarios para los que puede suponer un problema grave dejar de recibir un mes de renta de su piso (o pisos) en alquiler. "Casos como este son escasos y excepcionales. Apostamos por una mediación entre inquilino y rentista en esas situaciones y, si no es posible, una dotación económica para los segundos para compensar la falta de ingresos". Con esta y otras propuestas incluidas en el Plan de Choque Social buscan "suavizar el impacto sobre la clase trabajadora", explica la activista, y que los más vulnerables no carguen con el mayor peso de la crisis.

Mientras el Ejecutivo valora la medida, Francia ya se ha lanzado a reducir el impacto del pago del alquiler entre los más afectados por la emergencia sanitaria. Las medidas del país galo incluyen tanto aplazamientos como cancelaciones, pero solo a empresas pequeñas en dificultades. Si el Gobierno español se decide, sería el primero en abordarlo entre particulares. Mientras tanto, los desahucios por impago del alquiler serán frenados en una futura reforma de la ley de arrendamientos urbanos. La administración de justicia barcelonesa, en paralelo, ha aplazado todos los desalojos en la ciudad condal ante la solicitud de la alcaldesa, y en Madrid se pararán todos los que se puedan ejecutar en los pisos y casas propiedad Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS). Los 6.000 inquilinos de estos inmuebles tampoco pagarán la renta mensual.