En la semana clave para la aprobación del anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) el Gobierno de coalición cuenta con un voto menos: el de Alberto Rodríguez, exdiputado de Unidas Podemos. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, decidió retirarle el acta el pasado 22 de octubre, poniendo fin, así, al debate jurídico y político generado tras la sentencia del Tribunal Supremo que inhabilitaba a Rodríguez para el ejercicio del sufragio pasivo.
Los servicios jurídicos del Congreso entendieron, en un primer momento, que esta sentencia le permitía seguir ejerciendo como cargo público, y en Junta de Portavoces se avaló que Rodríguez conservase su acta de diputado. A las críticas de la derecha se le sumó un requerimiento del Supremo a Batet y esta, finalmente, optó por apartarlo del escaño. Una decisión que llevó a la formación morada a anunciar una querella contra la presidenta del Congreso, a la que finalmente acabaron renunciando.
Un mes después, el escaño de Rodríguez sigue sin ser ocupado, un caso del todo inusual en el Congreso. Por norma general, cuando un parlamentario pierde o renuncia al acta, ésta se ocupa en apenas unos días. Sucedió así en el caso de Miguel Gutiérrez, diputado de Ciudadanos (Cs), que llegó a la Cámara Baja tras la renuncia de Marcos de Quinto y después de que la siguiente persona en la lista, Patricia Reyes, renunciara a tomar posesión. “Se hizo todo en menos de una semana”, comenta en declaraciones a infoLibre.
Un caso similar al de Rodríguez. La siguiente en la lista, Fátima González, exconcejala en el Ayuntamiento de La Laguna, manifestó su intención de renunciar al acta a través de sus redes sociales, pero no lo comunicó a la Junta Electoral Central (JEC) hasta el pasado 12 de noviembre. Desde Podemos explican que González lo ha postergado por “falta de tiempo”: “Tenía que buscar un notario para comunicarlo a la JEC pero lo fue postergando”.
Los servicios jurídicos del Congreso confirman este aspecto y explican a este diario que, tanto para aceptar el acta como para renunciar a ella, es necesario realizar un escrito formalizado ante un notario o un secretario judicial. En su defecto esa persona también puede presentarse presencialmente ante la JEC para que verifique “que no le están suplantando la identidad”: “La JEC necesita tener la seguridad jurídica de que tu consentimiento o rechazo expreso”.
En la dirección de Podemos Canarias trasladan que “hubo un poco de confusión” con el tema de la renuncia: “La Junta Electoral no te manda un burofax ni una carta”, alegan, pero a su vez trasladan que hay una crítica política implícita tras la decisión de Fátima González. “La de Alberto es una baja difícil de cubrir, es una persona con mucho consenso, muy respetado en todos los movimientos sociales”, explican en conversación con infoLibre. “La gente está bastante dolida, pasando por una suerte de duelo”, razona. Un” luto” que nadie, de momento, quiere alterar. Tampoco la dirección estatal, pese a que los tiempos aprietan y la actividad parlamentaria continúa.
El “duelo” tras la marcha de Rodríguez
La palabra “duelo” surge en distintas conversaciones en las que se aborda la marcha de Rodríguez. Desde la dirección estatal, capitaneada por Ione Belarra, entienden que la formación está “muy tocada anímicamente” en Canarias y que les está resultando muy complicado “matar al padre”, en referencia a Rodríguez. “Estamos en pleno contacto con las compañeras de Canarias y respetamos sus tiempos”, valoran.
La persona encargada de hacerlo es Lilith Versrtrynge, secretaria de organización del Podemos, que, según las fuentes consultadas, se está “volcando en el tema” pero bajo un liderazgo “feminista” y “desde los cuidados”: “No vamos a aplicar ninguna sanción ni a ejercer el nepotismo o el autoritarismo, eso ya se ha visto que no conduce a nada”, valoran. Aun así, destacan que esa baja se cubrirá “tarde o temprano”.
Desde la dirección de Podemos en Canarias, sin embargo, creen que desde la Mesa del Congreso “se podría haber hecho más” por Rodríguez. Una crítica que él mismo trasladó en una reciente entrevista en La Sexta. “Me cuesta imaginar que hubiera pasado con otro apellido", argumentó el exdiputado.
La siguiente persona en la lista, Patricia Mesa, no se ha pronunciado públicamente sobre si aceptará o no el acta, aunque distintas fuentes de Unidas Podemos creen que finalmente acabará renunciando por su cercanía con Rodríguez. “Nosotras desde la Ejecutiva ni estamos presionando, en un sentido ni en otro”, valoran desde la dirección canaria, que creen que Mesa también puede estar ejerciendo un “poder simbólico” al no ocupar ese escaño vacío.
Alberto Rodríguez quiere que se anule la sentencia del TS y alega que se ha vulnerado la presunción de inocencia
La minoría parlamentaria del Gobierno
El PSOE y Unidas Podemos cuentan con 155 diputados en el Congreso (154 ahora, tras la marcha de Rodríguez), a 22 de la mayoría absoluta. Eso significa que para conseguir que cualquier ley o iniciativa de calado salga adelante requieren del sí de otras fuerzas parlamentarias, con las que hay que negociar previamente. “Cada voto se suda”, valoran en el grupo parlamentario, que ya empiezan a notar las dificultades de contar con un diputado menos, sobre todo en lo que a comisiones se refiere. Aunque también hay algunas voces que se ponen en lo peor: “Imagínate que la ley del ‘sí es sí’ o la ley trans no sale por un voto, eso es jugársela”, razonan.
En Podemos Canarias difieren. “No creemos que haya ninguna votación comprometida, ninguna reforma importante a nivel de voto”, contraponen. En el caso de los Presupuestos Generales, el Gobierno ya cuenta con los votos suficientes para sacarlos adelante tras el ‘sí’ de Esquerra Republicana, EH Bildu, PdeCat, Más País, Compromís, PRC y Nueva Canaria, pero la legislatura continúa y cada voto cuenta. También el de quien ya no puede ejercerlo.
En la semana clave para la aprobación del anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) el Gobierno de coalición cuenta con un voto menos: el de Alberto Rodríguez, exdiputado de Unidas Podemos. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, decidió retirarle el acta el pasado 22 de octubre, poniendo fin, así, al debate jurídico y político generado tras la sentencia del Tribunal Supremo que inhabilitaba a Rodríguez para el ejercicio del sufragio pasivo.