La malversación contamina la reforma de la sedición: guía para entender el debate sobre ambos delitos

El panorama político español está marcado en parte estos días por la reforma del Código Penal sobre el delito de sedición. El Gobierno encara este cambio legal convencido de que servirá para homologar el delito a países europeos del entorno y mejorar la convivencia en Cataluña frente al duro discurso de las derechas. Pero, ahora, la posible inclusión de un cambio en la malversación también da un giro en este campo.

¿Qué dice el texto presentado por el Gobierno?

En el Congreso de los Diputados está registrada desde el viernes pasado, con la firma de los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos, una proposición de ley en el que se cambia el delito de sedición por uno de desórdenes públicos agravados.

¿Qué supone este cambio?

El nuevo texto modifica el artículo 557 del Código Penal de la siguiente manera: “Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas, u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones y edificios”.

Se fijan penas, además, de hasta cinco años de cárcel para los cargos públicos, lo que supone una considerable rebaja respecto a la legislación actual (que puede llegar a quince años). Asimismo, se minoran las penas de inhabilitación para cargos públicos, fijándose entre seis y ocho años.

¿Por qué se hace?

El Gobierno defiende que esa reforma de la sedición se lleva a cabo con el objetivo de homologar el Código Penal español con otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, en Alemania la pena máxima está en cinco años, en Francia se pena con tres años de cárcel y en Bélgica va de uno a cinco años. Además, desde el PSOE, como afirmaba Patxi López en una entrevista con infoLibre, se entiende que la nueva legislación hubiera permitido que los países europeos hubieran accedido a la euroorden y devuelto a Carles Puigdemont a España porque serían delitos homologables.

¿Cómo se va a tramitar la iniciativa?

El texto se ha registrado a través de una proposición de ley (es decir, impulsada por los grupos parlamentarios y no por el Gobierno). Esto supone acelerar el trámite, con la idea de que las Cortes Generales den luz verde antes de que acabe este año. La proposición ya ha sido calificada por la Mesa del Congreso y la idea es que vaya ya al debate de admisión a trámite previsiblemente la semana que viene.

¿Por qué ahora?

La reforma de la sedición fue un compromiso del presidente del Gobierno hecho al inicio del Gobierno de coalición con Unidas Podemos. Hasta hace una semana el Ejecutivo había argumentado que no podía llevarlo a cabo porque no existía la mayoría suficiente en el Congreso. Pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el cambio durante una entrevista el jueves por la noche en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta. Desde el Gobierno se traslada que ha sido ERC la que ha virado, ya que antes sólo pedía la amnistía, y ahora está dispuesta a apoyar ese cambio.

¿Y qué pasa con la malversación?

El texto presentado por el PSOE y Unidas Podemos no incluye ninguna reforma sobre el delito de malversación. Pero ERC ya ha avanzado que quiere retocar este tipo penal a través de enmiendas durante el trámite parlamentario. Esta posibilidad no ha sido rechazada por los socialistas. Incluso el propio presidente del Gobierno se mostró abierto a cambios durante una entrevista este fin de semana en La Vanguardia, donde dijo: “La propuesta de los dos grupos que sustentan al Gobierno es cambiar el delito de sedición y homologarlo a Europa. Ahora viene la tramitación parlamentaria. Los grupos son libres de presentar las enmiendas que consideren. Esperemos a esa tramitación”.

¿Cómo se regula ahora la malversación?

El Código Penal precisa en su artículo 252 que “serán punibles los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado”. Las penas máximas, según se recoge en artículo 432, van de cuatro a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años.

¿Quién quiere introducir esta reforma?

ERC considera que la reforma del delito de sedición es insuficiente y por eso quiere más pasos fijándose en una reforma del delito de malversación durante el trámite parlamentario. La idea es un cambio “quirúrgico” para que sirva para los condenados para el procés, ya que la pena de cárcel se impuso de manera conjunta por la sedición y por la malversación. Es decir, la simple reforma de la sedición no serviría para bajar las penas a los independentistas, pues las condenas son por los dos delitos y el Tribunal Supremo no distinguió los años de cárcel por cada uno de los tipos. Según Gabriel Rufián, este cambio se está negociando con los socialistas. Su idea es que ese cambio vaya ligado a la sedición y no a la corrupción. La 'número dos' del PSOE, María Jesús Montero, no obstante, señaló que no se está negociando todavía: "Que yo sepa, no".

¿Qué dice el Gobierno?

El Ejecutivo mantiene la puerta abierta a esa reforma de la malversación a través de las enmiendas en las Cortes. La portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, dijo este martes que el Ejecutivo había cumplido con su compromiso de reformar la sedición, como se prometió al inicio de 2020. Pero no cerró la posibilidad al cambio del otro delito, diciendo que se trata ahora de un tema en manos de los grupos parlamentarios. Por lo que pidió “respeto” para ellos.

¿Por qué se agranda la polémica?

No se ha delimitado exactamente en qué consistiría ese cambio por parte de Esquerra Republicana. El problema que existe es que el delito de malversación está en el campo de las penas por asuntos de corrupción. Y una reforma podría servir para revisar las penas de algunos de los mayores escándalos de este país, como Gürtel, Púnica o los ERE (José Antonio Griñán podría salir beneficiado). Eso podría ser letal para un Ejecutivo que llegó a La Moncloa a través de una moción de censura basada en la idea de limpiar las instituciones de la corrupción pasada de miembros del Partido Popular.

Una de las ideas que se lanzaron durante estas horas fue verbalizada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, que dijo que había que distinguir entre los que cometieron malversación y se lucraron de manera individual de los que no. Como explica el juez Ignacio González Vega, no se conoce el alcance del texto, pero señala que en ambos casos “debemos recordar que siempre se produce un perjuicio al patrimonio de la administración”. “El perjuicio es el mismo”, insiste.

Para el magistrado Joaquim Bosch, “puede ser positivo reflexionar sobre la reforma de la malversación para delimitar más sus contornos, favorecer la seguridad jurídica y limitar interpretaciones extensivas”. “Pero sería un serio retroceso contra las prácticas corruptas que la malversación sólo concurriera cuando se produce un enriquecimiento personal”, apostilla.

Bosch remarca que la corrupción no sólo existe cuando alguien roba para sí mismo, sino cuando que también es cuando se hace para enriquecer a otros o al partido. Opina al hilo: “Despenalizar ese supuesto de corrupción generaría impunidad en conductas que dañan bastante a la sociedad y que suponen un desvío doloso de dinero que causa perjuicio al patrimonio. Podría ser cuestionada una reforma en esa dirección. Hay que esperar a la letra”, añade el juez.

¿Qué dicen los socios?

A pesar de que ERC está a favor de llevar a cabo esa reforma, no lo tienen tan claro en Podemos o en Compromís. El portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique, aseguró este martes que no tienen decidido si apoyará un cambio en la malversación porque se trata de un “tema delicado” con muchas “aristas”. Más directo se mostró Joan Baldoví, que señaló: “No parece una buena idea hacerlo”. "Todos son caudales públicos y no lo tenemos tan claro. Puede plantear muchos problemas y hay que abordarlo con mucha cautela", apostilló.