Marea de Residencias, una de las principales organizaciones de familiares de personas que viven en geriátricos de la Comunidad de Madrid, ha viajado este martes y este jueves hasta el Parlamento Europeo para pedir justicia para los fallecidos en estos centros durante la pandemia. El objetivo de este desplazamiento a Bruselas es denunciar, entre otras muchas situaciones, los protocolos que impidieron durante la primera ola en la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso las derivaciones a hospitales de los mayores en estos centros, los conocidos como protocolos de la vergüenza que desveló infoLibre. Además, también exigen un cambio en el modelo de residencias que acabe con la precariedad en el sector.
"Nosotros nos llevamos nuestra misión cumplida", explica en conversación con infoLibre Carmen López, miembro de Marea de Residencias, justo antes de reunirse con la comisión de peticiones del Parlamento Europeo para intentar que se involucre con la situación. "Hemos hecho todo lo que hemos podido, ahora la pelota está en su tejado", asegura.
Invitados por el eurodiputado anticapitalista Miguel Urbán, el objetivo de Marea de Residencias es que la Eurocámara realice una investigación sobre cómo y porqué murieron tantos mayores que vivían en geriátricos durante la pandemia. En concreto, las 7.291 personas que fallecieron sin recibir atención hospitalaria en marzo y abril de 2020, de ellas 5.795 con covid confirmado.
Su meta pasa por lograr que una misión de eurodiputados visite la Comunidad de Madrid e investigue "en profundidad" que pasó en las residencias en esta región. Carmen López apunta que también les gustaría incluir aspectos sobre la precariedad en las residencias y la no acción de la Justicia en España con respecto a este tema.
A lo largo de la jornada, Marea de Residencias se ha reunido con varios eurodiputados españoles entre los que se encontraban también Estrella Dura del PSOE, Idoia Villanueva de Podemos y Ernest Urtasun de Catalunya en Comú. "Nos han trasladado su disposición a ayudarnos y apoyarnos. Estaremos en contacto", afirma López, quien también explica que "nos van a ayudar a afinar el tema de las peticiones y de las enmiendas al informe".
Se refiere la portavoz de Marea de Residencias al informe final de conclusiones sobre la pandemia recoja las lecciones aprendidas en las residencias durante el covid que está elaborando la comisión especial de la pandemia covid 19, con la que también se han reunido.
López también asegura que, aunque valoran "positivamente" todas estas reuniones, son conscientes de que "queda trabajo por hacer". "Queremos ser escuchados", defiende, al tiempo que descarta que la UE dé un toque a España por cómo se han cerrado judicialmente estos temas.
"La Fiscalía no está haciendo nada"
El último ejemplo, para Marea de Residencias, es la oposición del fiscal al recurso interpuesto por la asociación para que el Juzgado 28 de Madrid continuase la investigación sobre el fallecimiento de una persona en la residencia Geriasa de la capital en marzo de 2020. "No puede imputarse ninguna actuación delictiva a (...) en su condición de directora de la residencia Geriasa", explica la resolución a la que ha tenido acceso infoLibre, que concluye que la "causa fundamental del fallecimiento" fue "una hipertensión arterial con problemas de conducción cardíaca".
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"No han ido a declarar los familiares", explica Carlos Vila, abogado de la Marea de Residencias, que ha presentado más de 300 querellas de familiares, presente también en Bruselas. Aunque reconoce que este procedimiento es anterior a la recomendación de la Fiscalía General del Estado que exigió a primeros de octubre que se escuchará a los familiares en sus diligencias de investigación y que los fiscales asistiesen a las declaraciones judiciales de investigados o testigos clave, Vila se muestra dudoso de que la cosa cambie a partir de ahora.
Sobre todo porque, en la resolución conocida a primeros de diciembre, el Ministerio Público se ha opuesto. "La Fiscalía sigue lavándose la cara, pero no está haciendo nada sobre estos protocolos de la vergüenza", explica Vila.
No obstante, queda un resquicio para el optimismo. Tal y como recuerda Vila, el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid ha llamado por primer vez a declarar al exconsejero de Políticas Sociales del Gobierno Ayuso, Alberto Reyero, y el firmante del Protocolo, Carlos Mur, en una causa por la muerte de tres residentes DomusVi Albufera y que fallecieron a finales de marzo y principios de abril de 2020. "Va a ser muy interesante ver cómo se defiende Mur", afirma el abogado de Marea de Residente, que ya adelanta que se le van a interrogar sobre muchas cosas. La cita será el próximo 23 de marzo.
Marea de Residencias, una de las principales organizaciones de familiares de personas que viven en geriátricos de la Comunidad de Madrid, ha viajado este martes y este jueves hasta el Parlamento Europeo para pedir justicia para los fallecidos en estos centros durante la pandemia. El objetivo de este desplazamiento a Bruselas es denunciar, entre otras muchas situaciones, los protocolos que impidieron durante la primera ola en la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso las derivaciones a hospitales de los mayores en estos centros, los conocidos como protocolos de la vergüenza que desveló infoLibre. Además, también exigen un cambio en el modelo de residencias que acabe con la precariedad en el sector.