Marlaska usa un "procedimiento inédito" para deportar a 700 menores que ONG y el Defensor del Pueblo consideran ilegal

En pleno puente de agosto, sin informar previamente a otros departamentos competentes y sin explicar las motivaciones del operativo, el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha puesto en marcha la expulsión colectiva de los 700 menores no acompañados que entraron en Ceuta en el mes de mayo. Los trabajadores de las ONG que llevan tres meses sobre el terreno atendiendo a estos niños han confirmado a infoLibre que la sorpresa ha saltado poco después del mediodía de este viernes, cuando han tenido conocimiento de que varios grupos de estos menores han sido trasladados en autobuses hasta la frontera con Marruecos.

Se trata de un "procedimiento inédito, que jamás se había utilizado antes", según denuncian las asociaciones proderechos humanos y confirman a este periódico altos cargos de las administraciones competentes. La responsable de políticas de infancia de Save the Children, Carmela del Moral, denuncia incluso que se trata de un procedimiento "absolutamente ilegal que vulnera el derecho internacional y la propia ley de extranjería española", que recoge que las repatriaciones de menores no acompañados deben producirse en base a unos procedimientos y garantías legales que antepongan siempre el interés superior de los niños.

Qué dice la ley

Tanto Save the Children como otras organizaciones que trabajan en la ciudad autónoma han remitido al Defensor del Pueblo una denuncia formal de estas repatriaciones. En su respuesta, el Defensor comparte que se trata de un procedimiento que "no cumple con los requisitos exigidos por la ley de Extranjería". Esa ley especifica que en todo caso el Estado deberá "solicitar informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen", así como "oír al menor si tiene suficiente juicio, y previo informe de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal". Ninguna de estos requisitos se han cumplido en este caso.

Niños víctimas de violencia

Lo que denuncian las ONG es que el Gobierno español debería asegurarse de que cada niño repatriado tenga unas condiciones de seguridad y dignidad garantizadas para ser devueltos, algo que exige un tratamiento individualizado de cada uno de los casos y no una expulsión colectiva, como ahora está llevando a cabo Marlaska en Ceuta. De hecho, los trabajadores de Save the Children denuncian que uno de cada cuatro niños atendidos desde el mes de mayo sufría situaciones de violencia o incluso explotación sexual en sus entornos familiares de su país de origen, y que ahora la repatriación podría volver a ponerles en riesgo. La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, aseguraba este miércoles que lo mejor para esos niños era "volver con sus familias, que es donde mejor están".

infoLibre ha intentado preguntar al Ministerio del Interior sobre los mecanismos puestos en marcha para cumplir con la legalidad nacional e internacional y con los derechos de los menores migrantes, así como las razones de esta expulsión colectiva de menores. La respuesta del departamento de Grande-Marlaska ha sido que "no se está dando información alguna sobre este asunto".

Fin a la crisis diplomática

Tres meses después de la grave crisis diplomática que supuso la entrada de más de 3.000 personas a través de la frontera de Ceuta, ahora España y Marruecos firman las paces. Y lo hacen, precisamente, para llevar a cabo la devolución de los menores no acompañados que cruzaron aquellos días de mayo y que hasta hoy han permanecido en suelo de la ciudad autónoma. Según fuentes conocedoras de la decisión, precisamente una de las razones que habrían motivado el relevo de la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, sería la gestión de esa crisis diplomática con Rabat. Su sucesor, José Manuel Albares, quiso destacar el mismo día de su toma de posesión que Marruecos era "un gran vecino y amigo".

Ahora, el Gobierno español ha alcanzado un acuerdo con el reino de Marruecos para que sea el país vecino quien se encargue del recibimiento y la reagrupación familiar de esos menores. Este viernes, la Cadena Ser adelantaba que el propio Ministerio del Interior emitía una orden el pasado 10 agosto en la que "por indicación" del ministro "se ruega efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos".

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En el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra, competente en materia de infancia, no han sido informados del operativo desplegado por Grande-Marlaska. Según fuentes de ese departamento, muy críticos con Interior, "el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 lleva meses poniéndose a disposición del Ministerio del Interior para trabajar un protocolo de reagrupación familiar de niños y niñas que migran solos que cumpla con la normativa nacional e internacional, sin obtener ninguna respuesta al respecto".

Desde el equipo de Belarra exigen "que cualquier proceso de reagrupación familiar" cuente con un protocolo "que incluya entrevistas individualizadas a los niños así como el conocimiento pormenorizado por parte de la fiscalía del procedimiento".

En una carta interna que publica este sábado El Confindencial, el Ministerio de Belarra avisa que esta repatriación de menores supondría "algo muy grave" en el marco de la legislación nacional y de los compromisos internacionales en materia de derechos de infancia. "Nos vemos en la necesidad de dejar constancia de que toda la responsabilidad de las actuaciones llevadas a cabo por la Delegación de Gobierno de Ceuta y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la repatriación de estos niños y niñas desde la ciudad de Ceuta al Reino de Marruecos es única y exclusivamente del Ministerio del Interior", se asegura en la misiva remitida a última hora del viernes al departamento dirigido por Marlaska y que lleva las firmas del secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez Peralta, y de la directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Violeta Assiego Cruz.