Las empresas españolas firmaron 1.348 contratos de sustitución de trabajadoras que cogían excedencias o reducciones de jornada por estar padeciendo violencia de género, lo que significa que al menos una mujer al día se ve en la necesidad de abandonar su puesto por estas circunstancias, según informó Europa Press.
Son datos del Servicio Público de Empleo Estatal ofrecidos este viernes por la responsable de Igualdad en el sindicato CSIF, Marian Mur, en una rueda de prensa en la que participaron varias supervivientes de la violencia machista. Según dijo la responsable sindical, se trata de "la punta del iceberg" porque "una de cada tres" mujeres no denuncian y su situación acaba "encubierta".
Es por ello que CSIF, en colaboración con la Asociación Ilicitana contra la Violencia de Género (AIVIG) y la Confederación Española de Policía (CEP), puso en marcha una campaña mediante la que dará formación a todos sus delegados sindicales para que puedan responder a mujeres víctimas de violencia de género, acompañarlas, prepararlas para la denuncia e intermediar con la empresa en la que trabajan.
Mur denunció que faltan datos sobre el impacto real de la violencia de género en el ámbito laboral, pues en la actualidad no se puede saber, por ejemplo, "cuántas de estas mujeres han sido despedidas o cuántas voluntariamente han pedido el cese de actividad".
Porque puede pasar que una víctima de violencia de género comunique su situación o ésta se intuya y acabe despedida. "Empecé a trabajar. Él me acompañaba, me dejaba en la puerta y me venía a buscar. Me puso un localizador GPS en el móvil para saber dónde estaba en cada momento. Un día a mi jefa le comenté más o menos cuál era la situación. Le dije que mi novio me vigilaba. Al día siguiente tenía en la mesa una carta de despido", contó Jessica, superviviente apoyada por AIVIG.
También hay entornos laborales que reaccionan bien, como el de Sandra, a quien un hombre estuvo maltratando ocho años. "Tú lo normalizas y no eres consciente de lo que te pasa. Mi estado al llegar al trabajo no era normal, llegaba tarde, con ansiedad y recién de algún episodio. Empecé a comentar algo a una compañera y me dijo que fuese al servicio de atención a mujeres para ver si lo mío era normal. Y no lo era", señaló.
La presidenta de la asociación, Marina Marroquí, incide en que el empleo es "la tabla de salvación" de estas mujeres, pues si no tienen un trabajo que les garantice independencia económica, "si no se pueden ir, están muertas". También lo necesitan cuando han dado ya el paso de denunciar, pues el reto es aún mayor después cuando toca reconstruir lo que el maltratador ha dejado "como un papel en blanco".
"Hoy hay muchas medidas pero la realidad es que sigue siendo difícil denunciar y que pasar el proceso judicial es un infierno porque tienes que ir convenciendo persona a persona", comentó. Asegura que la preparación de la mujer previa a la denuncia es vital para que ella pueda seguir adelante porque las secuelas psicológicas que arrastra son devastadoras.
Se refiere a este proceso como al tratamiento de un cáncer, pues primero es la noticia y luego viene la lucha por la superación. "Cuesta mucho recuperar la dignidad y reconstruir a una persona. Tardamos tres meses sólo para que entiendan que son víctimas de violencia de género y hasta uno o dos meses más para comprender que el otro es un maltratador que le ha destrozado la vida y lo ha hecho conscientemente. Es lo más duro", afirmó.
Por eso, incidió en la formación de "todas las personas que traten con mujeres que sufren violencia de género" porque las mujeres que sin preparación presentan una denuncia "lo hacen para estar vivas", porque ha llegado a un nivel la amenaza o la agresión que temen morir, pero si se topan con un policía sin preparación, "10 años de malos tratos pueden acabar reducidos al empujón de ese día". Ella piensa que no la creen, como venía advirtiéndole su maltratador, "sube las barreras" y no cuenta nada más.
Mur señaló que CSIF va a dar el paso de capacitar con ayuda de la CEP y la AIVIG a todos sus delegados sindicales, pero incide en que falta un mayor esfuerzo para hacer lo propio con los responsables de Recursos Humanos, para que interioricen cosas como que esa mujer quizá nunca pueda regresar al puesto de trabajo que tenía antes del traslado o que hay que garantizarles los mismos derechos y oportunidades que tenían allí sea cual sea el lugar al que las hayan destinado.
Mur destacó que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género prevé algunas mejoras, como que un informe de Servicios Sociales baste para acreditar la condición de víctima de violencia de género, aunque incide, como Marina Marroquí, en que el fin último ha de ser la denuncia porque al final, es lo único capaz de poner en marcha las herramientas de protección necesarias.
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A Bienvenida le pasó algo así. Ella trabajaba en la economía sumergida mientras era maltratada y salió de la espiral sin denunciar, sola. Acudió al INEM en busca de empleo y le explicó a la funcionaria cuál era su situación real. La respuesta fue que no podía hacer nada por ella sin un papel que acreditase su situación de víctima. "Yo no tengo ningún papel que haga que la sociedad me apoye", señaló.
"Lo que no puede ser es que si una de cada tres denuncian, la que se atreve se arrepienta de haberlo hecho", añadió Mur, quien reivindica el despliegue del mencionado Pacto de Estado.
Durante el encuentro, la AIVIG presentó el vídeo "Voces para la superación" que recoge las experiencias de varias de las mujeres con las que trabaja la asociación y que decidieron contarlas a cara descubierta para, en palabras de Marroquí, "que sus cicatrices no sean las de otras mujeres".
Las empresas españolas firmaron 1.348 contratos de sustitución de trabajadoras que cogían excedencias o reducciones de jornada por estar padeciendo violencia de género, lo que significa que al menos una mujer al día se ve en la necesidad de abandonar su puesto por estas circunstancias, según informó Europa Press.