"El objetivo es intimidar, pero el periodismo merece la pena": SLAPP, cuando el poder silencia voces críticas

Acoso judicial, denuncias mordazas o, por su acrónimo en inglés, SLAPP. Las amenazas a la libertad de expresión e información son muchas y, en algunos casos, sólo buscan intimidar. Para analizarlas, la Coalición Europea Contra las SLAPPs, CASE, celebró este martes el encuentro SLAPPs, una amenaza creciente contra la democracia. A la jornada, celebrada en el Círculo de Bellas Artes, han acudido diferentes ponentes procedentes de las organizaciones FIBGAR, como coorganizadora, Greenpeace, ARTICLE 19, la FESP y Xnet, así como el director de infoLibre, Daniel Basteiro y la adjunta al director de elDiario.es Raquel Ejerique.

Las SLAPPs (Strategic Lawsuit Against Public Participation, o pleito estratégico contra la participación pública), son “litigios abusivos por parte de empresas y entidades privadas que tienen la finalidad de silenciar voces críticas”, en palabras de Daisy Ruddock, coordinadora de la coalición. Se trata de unas prácticas que pueden ir en contra de las libertades de expresión y de la información. Precisamente para luchar contra las SLAPPs nació CASE, la entidad organizadora de este evento.

Para Alessia Schiavon, de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, las SLAPPs no solo afectan a periodistas, sino también a políticos, activistas y, en general, trabajadores del ámbito de la comunicación. Si bien la Unión Europea ya cuenta con una directiva para combatir las SLAPPs, falta que los países la traspongan de manera rigurosa o que los profesionales de la Justicia reciban formación adecuada.

Schiavon explica, además, que no es posible “copiar” las normativas que funcionan en un determinado territorio “y pegarlas” en lugares como América Latina, donde estas persecuciones son más frecuentes y salvajes.

Cada uno de los ponentes, procedentes de organizaciones como Greenpeace o Xnet, han relatado experiencias sobre este tipo de “amenazas e intentos de silenciamiento”, tal y como ha mencionado Javier García Raboso, portavoz de Greenpeace. ”Esto forma parte de un contexto de degradación democrática donde hablar cada vez sale más caro”, ha añadido.

El derecho al honor, el delito de injurias y calumnias o el de revelación de secretos en casos de corrupción no pueden chocar con el trabajo de informar, según los ponentes. Hacer uso del derecho a la información y a la libertad de expresión no puede ir seguido de una respuesta que consista en "judicializar o amenazar”, ha señalado Raboso. 

Entre las leyes que señalan como abusivas, Agustín Yanel, representante de la Federación de Sindicatos de Periodistas, menciona la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como la ley mordaza. Es un “atentado directo contra la democracia”, ha dicho después de mencionar varios casos.

"El objetivo era el desgaste": cuatro ponentes relatan sus experiencias

La segunda ponencia la ha abierto Jaime Doreste, abogado, profesor y activista por el medio ambiente, que ha relatado algunos casos de persecución a ecologistas y ha incidido en la importancia de los “cuidados a quien sufre una agresión”, refiriéndose no solo ofensivas por parte de empresas y en lo jurídico, sino también en lo personal. “La media es 150 asesinados al año en Latinoamérica por defender el medio ambiente”, ha señalado.

Entre los casos mencionados, ha relatado el de Juan Clavero, un ecologista gaditano al que se le detuvo, acusó y juzgó por tenencia de drogas. Finalmente, la Justicia destapó que le habían metido la cocaína en la furgoneta para frenar así sus protestas contra el cierre de un camino público que pasaba por las fincas de un magnate belga en la Sierra de Cádiz.

A continuación ha sido el turno de Daniel Basteiro, director de infoLibre, quien ha relatado que este periódico, a pesar de que ha recibido numerosas demandas, nunca ha perdido ninguna. “Cada semana recibo una llamada o un correo del abogado de la empresa”, ha señalado. "Los periodistas no deberíamos pasar tanto tiempo en los juzgados por hacer nuestro trabajo”, según él.

En este sentido, ha comentado que ha vivido, en su opinión, “dos casos paradigmáticos” de SLAPPs. El primero, la demanda por revelación de secretos de Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, y Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia. Se destapó, mediante unas imágenes y contrastando la información, que López Miras había mediado para que se gestionara la atención a un familiar de García Egea en la sanidad pública. La información llevaba la firma de la periodista Alicia Gutiérrez.

“Fue una situación angustiante”, sin embargo, “nunca nadie ha rectificado ni una sola coma”, ha dicho, explicando que la causa, finalmente, fue archivada. “Para ellos lo importante no era ganar, el objetivo era el proceso, intimidar y que la próxima vez, los periodistas se lo pensaran dos veces", ha señalado el director de infoLibre.

Otro caso fue el de Francisco Serrano, ex juez y dos veces candidato de Vox en Andalucía, además de parlamentario. infoLibre publicó un trabajo de Ángel Munárriz en el que se destapaba que el ultraderechista obtuvo “una ayuda pública tras declarar que era dueño de una maquinaria industrial que nunca tuvo”, como rezaba el titular de la noticia. Este caso comenzó en 2019 y, finalmente, el juez Serrano se vio obligado a abandonar su escaño. Este año ha sido procesado y tendrá que hacer frente a un caso de fraude en subvenciones por casi 2,5 millones de euros.

El juez archiva la denuncia de García Egea y López Miras contra infoLibre y destaca la "diligencia" en el contraste de la noticia

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“Los dos casos son la cara y la cruz en cuanto a las consecuencias, pero hacer periodismo sí sirve, merece la pena”, defendió.

Antes de finalizar el evento han relatado sus experiencias Luís Ferreirim, responsable de Agricultura de Greenpeace, y Raquel Ejerique, periodista adjunta al directo de elDiario.es y, a su vez, la persona que destapó el caso del máster de Cristina Cifuentes y fue víctima de una persecución política, mediática y, sobre todo, judicial.

A Ejerique le interpusieron dos querellas, una de ellas por atentar contra el derecho al honor; y otra por revelación de secretos, donde se le pedía entre siete y nueve años de prisión y 200.000 euros. Finalmente, salió absuelta de todas las acusaciones. “El objetivo era el desgaste”, ha señalado, explicando que “había un sistema dispuesto a salvar a Cristina Cifuentes a cualquier coste”.