Los papeles de Bárcenas
Los pagos en negro del PP elevan a cuatro los delitos fiscales perpetrados por el arquitecto de la sede
Los pagos en negro del Partido Popular para sufragar la remodelación de su sede nacional de la Calle Génova 13 de Madrid han contribuido para que la Agencia Tributaria acuse al arquitecto de la obra, Gonzalo Urquijo, de perpetrar cuatro delitos fiscales, según se desprende de un informe remitido al juez Pablo Ruz por funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif).
De esta forma, la Agencia Tributaria confirma, en un nuevo trabajo, que la empresa que remodeló la sede nacional del PP, Unifica Servicios Integrales, habría cometido entre los años 2005 y 2011 cuatro delitos contra la Hacienda Pública, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre.
El documento de la Oficina de Lucha contra el Fraude se ha elaborado después de que el juez Ruz reclamara en noviembre pasado que se investigaran el resto de cuotas defraudadas por Unifica, ya que hasta ese momento solo se conocían las relacionadas con los pagos del PP.
Todas las operaciones
En concreto, el magistrado encargó a los funcionarios de Hacienda que ampliaran su análisis inicial "a la totalidad de las operaciones afectuadas con terceros en los referidos ejercicios, recabando la documentación que resulte necesaria de las empresas o terceros afectados".
El hecho de que Ruz solicitara la ampliación de las operaciones económicas de Unifica fue aprovechado este martes por el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, que aseguró que el presunto delito fiscal detectado por la Agencia Tributaria en las obras de la sede del PP que aparece en el informe remitido al juez lo habrían cometido los arquitectosarquitectos.
1,71 millones en negro
En este sentido, el magistrado llegó a dictar un auto en el que revelaba que el PP había pagado otros 750.000 euros con dinero negro en las obras de reforma de su sede central, que se sumaban a los descuadres de 960.347 euros que fueron descubiertos en junio de 2014. En total, el PP habría abonado en B un total de 1,71 millones.
El nuevo informe destaca que la compañía "habría dejado de ingresar" a la Hacienda pública unas cuotas que en cuatro ejercicios "superan los 120.000 euros", límite establecido por el Código Penal para el delito fiscal. Se trataría, en concreto, del Impuesto de Sociedades correspondiente a los años 2006 y 2007 y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de 2009 y 2010.
Los técnicos del organismo tributario confirma,, además, que las obras de reforma de la planta baja de Génova, que se llevaron a cabo en 2006, presentan un descuadre de 750.095 euros que el PP abonó al estudio de arquitectura Unifica "con fondos ajenos al circuito económico legal", según apuntó el juez Ruz en un auto de noviembre.
332.295 euros a Hacienda
La Agencia Tributaria llega a esta conclusión al contrastar las dos certificaciones que sobre estas obras elaboró Unifica, una por el importe total de los trabajos y otra al descontar los supuestos pagos en negro. Así, apunta que por los trabajos de 2006 el estudio tendría que abonar 332.295 euros a Hacienda para regularizar su situación fiscal.
Si se tienen en cuenta las anotaciones que el extesorero Luis Bárcenas realizó en sus manuscritos, que reflejaban unos pagos inferiores a los descuadres entre certificaciones, la propuesta de regularización supondría un pago de 134.162 euros.
En relación con el Impuesto de Sociedades de 2007, el informe señala que Unifica no declaró 211.160 euros correspondientes a las obras en la segunda planta del edificio (195.000 euros según los papeles de Bárcenas) y 274.880 euros (258.000 en los manuscritos) por los trabajos en la planta quinta. La regularización ascendería a 1,2 millones.
El informe, de 111 páginas, también calcula la defraudación que habría cometido la empresa de Gonzalo Urquijo al no declarar el IVA de otras obras que realizó en 2009 y 2010.
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Según el auto del juez Pablo Ruz de noviembre, sólo una parte de los fondos pagados por el PP en negro, en concreto 184.000 euros, "habrían tenido reflejo" en la contabilidad B que gestionaban los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. El resto (566.000 euros), hasta los 750.000 euros, no aparecía en los papeles manuscritos.
Además de los asientos consignados por Bárcenas, "otra parte", según el magistrado, "habría sido abonada como anticipo o pago a cuenta sin facturar", tras lo cual se pudo aplicar "un descuento", del 8%.
Los hechos investigados podrían ser constitutivos de uno o varios delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable, según señalaba el juez instructor en diferentes autos.
