La PAH alerta de una nueva ola de desahucios para 2014

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, ha alertado este martes de que en los próximos meses puede iniciarse una nueva oleada masiva de desahucios a causa de que expirarán las condiciones de refinanciación que acordaron muchas familias al inicio de la crisis, por las cuales las cuotas eran más reducidas o directamente sólo se pagaban intereses.

En la presentación del informe Emergencia habitacional en el Estado español, realizado por la PAH y el Observatorio DESC, Colau ha asegurado que "cada vez llegan más personas que han pagado alrededor de 100.000 euros [de hipoteca] y ahora deben igual o más porque la cuota ha bajado durante unos años pero ha subido su deuda" y, en este sentido, ha denunciado que "lejos de resolverse la situación, cada vez se agrava más". La portavoz de la PAH, asimismo, ha alertado sobre la creación de una nueva burbuja inmobiliaria, especialmente en el mercado del alquiler.

En esta línea, el propio informe critica el "modelo inmobiliario-financiero-urbanístico" que, según aseguran, "tiene su origen en el franquismo" y "constituye una anomalía en la Unión Europea de los 15", por el cual se ha fomentado la adquisición de vivienda en propiedad: de hecho, el documento indica que "más de la mitad" de las hipotecas de familias que han recurrido a la PAH fueron contratadas entre 2005 y 2007, en plena burbuja inmobiliaria 

Así, la Plataforma y el Observatorio DESC explican que "las consecuencias de esta opción son la existencia de un exiguo parque de vivienda social (menos del 2% del parque total), un elevado parque de viviendas vacías e infrautilizadas (un 13,7% del parque total) y una marcada desatención a otras formas de tenencia más seguras y accesibles económicamente como el alquiler social, la propiedad cooperativa, la cesión de uso o el derecho de superficie".

250.000 desalojos desde el inicio de la crisis

Colau también ha denunciado que el Gobierno incentive la compra de viviendas pertenecientes al Sareb –el banco malo– por parte de fondos buitre "que como mucho van a ponerlas en alquiler a la espera de que recuperen su valor". En este sentido, el informe recuerda que, del 13,7% de viviendas vacías que existen en España y que "podrían destinarse al alquiler social", "como mínimo unas 600.000" son propiedad de entidades financieras, inmobiliarias o del banco malo. "Algunas de estas entidades financieras, como Bankia o Caixa Bank, han sido rescatadas con fondos públicos, y sin embargo son las que más desahucios practican", señala el documento.

La PAH y el Observatorio DESC cifran en al menos 250.000 el número de desalojos ejecutados desde 2008, "muchos de ellos por la imposibilidad de hacer frente al pago del alquiler"; además, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, tan sólo en el año 2012 se produjeron casi 40.000 ejecuciones hipotecarias. En este sentido, Colau ha asegurado que el problema está lejos de remitir. "Ahora se ven menos desahucios porque son menos visibles, pero sólo el mes pasado paramos más de 50. Lo que pasa es que tenemos más capacidad de negociación", ha explicado la portavoz. 

El informe también denuncia que "las dificultades para acceder a necesidades básicas como una vivienda digna, una alimentación de calidad, un buen nivel de salud e ingresos suficientes se han agravado con la crisis. La mayoría de personas en situación de emergencia habitacional tienen dificultades para pagar la luz, la calefacción y el resto de suministros", una afirmación que se corresponde con los datos del INE, que asegura que un 9,2% de los hogares en España "han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal" en el año 2012.

En este sentido, el documento no escatima en detalles y ofrece una encuesta realizada por la PAH a personas con problemas a la hora de afrontar el pago de su hipoteca. El sondeo asegura que para un 32% de las familias es "muy complicado" pagar el agua, la luz y el gas, mientras que un 34,5% de los hogares consideran que afrontar estos pagos es "bastante complicado". No obstante, la principal dificultad que afrontan las familias en esta situación a la hora de adquirir los productos básicos es el gasto relacionado con la ropa, ya que más de un 42% de los encuestados señalaron que tenían "mucha dificultad" para comprar vestimenta.

El informe pide que se cumplan los "compromisos en materia de derechos humanos"

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Por todo ello, el escrito presenta una serie de recomendaciones para los poderes públicos "en cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos". En este sentido, la PAH y el Observatorio DESC piden "evitar los desalojos originados por razones económicas y garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas afectadas", y ofrecen para ello varias alternativas.

Entre ellas se encuentran propuestas como "obligar a la Sareb y a las entidades financieras, comenzando por aquellas que han sido rescatadas con fondos públicos, a cumplir con sus obligaciones de servicio público y a destinar las viviendas vacías de su propiedad al alquiler social y a otras formas asequibles de tenencia". En relación a los bancos, el informe exige que se investiguen "todos los indicios de irregularidades y malas praxis en la concesión de hipotecas", así como "establecer las responsabilidades judiciales y políticas que pudieran derivarse".

Además, el documento también pide la implantación de políticas que supongan una "segunda oportunidad" para las familias, como la dación en pago, y el fomento de mecanismos como el alquiler social, la cesión de uso, la propiedad cooperativa o el usufructo. Y la PAH deja un último recado en relación a las declaraciones de algunos líderes políticos en los últimos meses, al pedir que se evite "la criminalización y estigmatización de aquellos grupos que con su actuación contribuyen a hacer visibles las causas de fondo de la vulneración de los derechos habitacionales y la responsabilidad que corresponde en ello a los poderes públicos".