Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso desde 2021, ha sido denunciado por la Fiscalía Provincial de Madrid por presunto fraude fiscal y falsedad documental. En concreto, habría defraudado a Hacienda 350.951 euros entre 2020 y 2021 valiéndose de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla, según figura en un informe de la Agencia Tributaria que recoge las conclusiones de dos años de investigación en las cuentas y que publica este martes elDiario.es y a la que también ha tenido acceso Europa Press.
La denuncia de la Fiscalía se dirige además contra otras cuatro personas, Maximiliano Eduardo N. G., David H. L., Agustín C. S. y José Miguel C. S, acusadas de prestarse a emitir facturas a las empresas de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El fiscal solicita además que se tome declaración a estas personas en calidad de investigados y que testifiquen como peritos los inspectores de Hacienda que han elaborado el informe de la Agencia Tributaria relativo a este asunto.
Según adelanta este medio, Hacienda detectó "movimientos sospechosos" en las declaraciones presentadas en el 2021 y en el 2022 por las sociedades de González Amador. En concreto, el informe muestra que existió un incremento "exponencial" de la facturación a partir de 2020, el año 0 de la pandemia: según sus cuentas anuales, ese ejercicio sus ventas se multiplicaron por más de seis, hasta 2,3 millones. No obstante, ante Hacienda declaró solo 8.400 euros de beneficio.
La Fiscalía investiga "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades". "Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", recoge la denuncia del fiscal. Así, según elDiario.es, el informe de la Agencia Tributaria atribuye a González Amador dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros en el ejercicio siguiente.
Además, también le imputa un delito falsedad documental por presentar facturas falsas a través de empresas externas. En total, las compañías de la pareja de Ayuso presentaron 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros. El objetivo habría sido rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades durante la pandemia, desgravar gastos que nunca se realizaron, reducir los beneficios declarados al fisco y pagar 350.000 euros menos en impuestos durante dos anualidades.
Las sociedades investigadas, ambas 100% propiedad de la pareja de Ayuso, son Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente, que se dedica en realidad a prestar servicios sanitarios, y Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering, una firma sin empleados del sector de cosmética y farmacia. Esta última empresa la adquirió a finales de 2020 y, según Hacienda, la utilizó para desviar parte de los beneficios millonarios logrados durante la pandemia.
Según el fiscal, se dedujo "indebidamente gastos en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados, facturas que fueron giradas por las mercantiles MKE Manufacturing SA de CV, Gayani LTD, Purpura Star SL, Baluarte Desarrollo de Centro Especial de Empleo SL, Desarrollo de CEE El Manantial SL, Bianconera Spa SL y Ginmosur SL". Por ejemplo, se expone que "en el ejercicio 2020, se dedujo la factura por importe de 620.000 euros emitida por la sociedad mexicana Mke Manufacturing SA de CV en la que actuaba como representante Maximiliano Eduardo N. G., empresa que no realizó ningún servicio o trabajo a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería Y Procesos Sociedad Para El Fomento Del Medioambiente SL".
Según consta en la denuncia, en el ejercicio 2021, Maxwell Cremona facturó algunos de sus servicios a su principal cliente Quiron Salud, haciéndolo a través de la empresa Masterman & Whitaker SL, de la que es socio único y administrador la pareja de Ayuso. "Dicha empresa carece de medios materiales para prestar esos servicios, los cuales se prestaban con medios de Maxwell Cremona, buscando Alberto G. con esa conducta un ahorro fiscal al trasladar parte la actividad a una sociedad vinculada con él, con la finalidad de generar bases imponibles negativas en Masterman&Whitaker SL a compensar en el futuro con los beneficios que aquella pudiera obtener", recoge el documento.
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La Agencia Tributaria remitió el pasado enero sus conclusiones a la Fiscalía la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce "determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito". En la denuncia del ministerio público se pide la imputación de la pareja de Ayuso y de cada uno de los supuestos empresarios que contribuyeron a la facturación falsa de su sociedad.
En el caso de la pareja de la presidenta de Madrid, se le acusa de tres delitos, dos de fraude fiscal y un tercero de falsedad documental. El fraude conlleva multas de hasta seis veces la cantidad defraudada en los casos más graves y la falsedad documental se castiga con entre seis meses y tres años de cárcel.
Ni Alberto González Amador ni Isabel Díaz Ayuso han respondido a las preguntas planteadas por elDiario.es. Las relaciones de la presidenta madrileña con el negocio sanitario son previas a su llegada a la Comunidad. Su padre estuvo en el centro de la polémica tras recibir una de sus empresas un aval de 400.000 euros de la entidad semipública Avalmadrid. Además, su hermano, Tomás Díaz Ayuso, recibió suculentas comisiones por la venta de mascarillas en la pandemia.
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso desde 2021, ha sido denunciado por la Fiscalía Provincial de Madrid por presunto fraude fiscal y falsedad documental. En concreto, habría defraudado a Hacienda 350.951 euros entre 2020 y 2021 valiéndose de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla, según figura en un informe de la Agencia Tributaria que recoge las conclusiones de dos años de investigación en las cuentas y que publica este martes elDiario.es y a la que también ha tenido acceso Europa Press.